Hace cuatro años, el día de reflexión electoral, las sedes del Partido Popular fueron literalmente acosadas por miles de manifestantes-mediáticos que protestaban ante las cámaras de los informativos de televisión porque decían tener derecho a un Gobierno que no les mintiese en relación al terrible atentado del 11 de marzo de Atocha. El primero en manifestarse ante los focos públicos fue el hoy ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, quien marcó, compungido y teatrero, la consigna a seguir por los agentes de lo que luego se ha venido en denominar "proteína social" (Fallarás dixit).
El domingo los electores tienen la oportunidad de acudir a las urnas. Es un derecho que se expresa tanto acudiendo a votar como quedándose en casa, algo que ya hicieron la inmensa mayoría de los catalanes y de los andaluces, por ejemplo, cuando se votaron sus recientes estatutos de autonomía. Las dos actitudes son igualmente legítimas por cuanto ambas tienen significación política y son expresivas del estado de ánimo o de la opinión de los ciudadanos.
Afortunadamente, la tensión de hace cuatro años no la vamos a vivir ahora. Sin embargo, la reivindicación de que los ciudadanos tenemos derecho a que quien nos gobierne no nos mienta sigue siendo ahora igualmente válida tanto en términos éticos como morales. Da igual los motivos por los que se mienta, incluso si es por evitar un mal menor, porque una mentira al pueblo por parte de sus representantes nunca debería encontrar ninguna clase de justificación. Proceda de donde proceda.
Los españoles vamos a acudir a las urnas con un Gobierno que nos ha mentido descaradamente. No sólo en relación con las negociaciones políticas con ETA, que el propio presidente reconoció en una entrevista con El Mundo, después de negarlas con una tozuda constancia goebbeliana. También nos han mentido, y de manera burda y descarada, sobre la situación económica del país y, especialmente, sobre el alcance de la misma. Han llegado hasta a calificar de antipatriotas, esos que pactan con los independentistas, a quienes se han atrevido a poner negro sobre blanco los puros datos que los propios organismos públicos han ido dando a conocer en los últimos tiempos: diferencial de inflación, desempleo, afiliaciones a la Seguridad Social, subida de tipos de interés, crisis del sector inmobiliario o alta tendencia bajista de los mercados.
Han llegado a utilizar todos los resortes posibles, posiblemente incluyendo organismos en teoría independientes, para dar la apariencia de que las turbulencias sólo obedecen a factores internacionales (algo que ya predije en un artículo anterior) y tienen un recorrido corto y un alcance limitado, de apenas unos meses y referidos únicamente al sector inmobiliario.
Pero lo cierto es que, como nos decía Tomás Moro, sobre la mentira no se puede edificar ningún edificio sólido. Quienes son incapaces de hablar a los ciudadanos con responsabilidad, es decir, llamando a las cosas por su nombre y ofreciendo las explicaciones adecuadas y las medidas más razonables, aunque sean ruidosamente impopulares, no debieran nunca tener la oportunidad de formar el Gobierno de un país que se considere a sí mismo medianamente serio.
No, señor Rubalcaba: estoy de acuerdo con usted. Los españoles no deberíamos tener un Gobierno que nos mienta. Tenemos ese derecho.
