La petición que los promotores inmobiliarios quieren cursar al Gobierno para que éste apruebe rebajas fiscales, con el fin de reactivar el sector, no solo pone de manifiesto la magnitud de la crisis por la que atraviesa sino que aquí, al final, nadie quiere corregir los problemas relacionados con la vivienda, problemas de los que los promotores, ahora víctimas, también son, en cierto modo, causa.
No cabe duda de la gravedad de la situación por la que está atravesando el sector de la construcción. De momento, más de cuarenta inmobiliarias ya se encuentran en situación de suspensión de pagos y algunas de las más importantes, como Martinsa-Fadesa o Colonial, se las ven y se las desean para evitar esa coyuntura mediante la renegociación de sus deudas.
Pero la solución a estos problemas no se encuentra en un recorte de impuestos que pretenda estimular artificialmente la demanda porque esta medida ni es la solución ni, probablemente, sería efectiva. No es la solución porque, en el mejor de los casos, solo serviría para dar un balón de oxígeno a las inmobiliarias, quienes luego aprovecharían para seguir subiendo los precios una vez que hubieran superado la actual coyuntura adversa. Y no sería efectiva porque estamos en un contexto de crisis económica internacional que en España se agrava a causa del crack inmobiliario. Cuando las expectativas de los ciudadanos están en mínimos históricos, porque ven que todo cuesta más cada día, que la letra del piso ha subido en consonancia con los tipos de interés y que se enfrentan a la posibilidad de perder su empleo, es dudoso que una medida como el alivio fiscal vaya a inducirles a adquirir una vivienda cuando los tiempos que corren aconsejan más que prudencia.
Aquí lo que hay que hacer es, verdaderamente, ir a la raíz del problema y dejar que sea el mercado quien ponga las cosas en su sitio. El origen de todo, en última instancia, se encuentra en la falta de liberalización del suelo, que lo ha encarecido dramáticamente, de forma artificial y sin más justificación que la mera especulación a que da origen la intervención pública sobre el mismo. Hace diez años, el suelo suponía, aproximadamente, el 25 por ciento del coste total de una vivienda; hoy supera con creces el 60 por ciento. Los promotores lo saben pero, aún así, han seguido comprando suelo hasta colocar en serias dificultades a aquellas empresas que lo han adquirido más caro. En consecuencia, lo que hay que hacer es menos rebajas fiscales, que siempre vienen bien pero por otros motivos, y más dosis de liberalización en un elemento clave para la economía española. Pero los promotores, desgraciadamente, no dicen nada al respecto porque han sido en los últimos años los grandes beneficiados de esa falta de libertad: compraron suelo barato hace tiempo y, cuando llegó el momento de construir, éste se había revalorizado enormemente, obteniendo los promotores, de esta forma, ganancias extraordinarias a causa de la intervención pública. Por eso mismo ahora deberían afrontar las consecuencias de una crisis que ellos han contribuido a crear.
Lo mismo vale para aquellas inmobiliarias con problemas de endeudamiento derivados de las operaciones corporativas que han llevado a cabo en los últimos años, como es el caso de Colonial con la absorción de Inmocaral y el de Martinsa con la de Fadesa. La subida de los tipos de interés y la crisis crediticia internacional ha dejado a estas compañías atrapadas en una difícil situación para afrontar sus deudas. Pero, en cierto modo, ellas también tienen la culpa de su situación. Una crisis como la de la construcción no se gesta de la noche a la mañana, sino que se ve venir de lejos. Esto proporciona a todos tiempo para adaptarse a la que va a caer. Muchas compañías han desperdiciado ese margen de adaptación a la crisis y ahora están como están.
En consecuencia, en vez de tanto keynesianismo, lo mejor es dejar que sea el mercado el que actúe, tanto en la formación de los precios del suelo como en poner a cada uno en el lugar que le corresponde. A estas alturas de la película ya no es posible evitar la crisis del sector. Por tanto, aprovechémosla y sentemos las bases para que estas circunstancias no se repitan en el futuro, resolviendo, al mismo tiempo, el principal problema socio-económico del país, la carestía de la vivienda, que es en lo que no piensan los promotores.
