Parece que en la Comunidad de Madrid se va a proceder a desregular un poquito el horario de apertura de los comercios; como no estamos acostumbrados a altas dosis de libertad y no conviene abusar, sólo se aplicará tímidamente en los días laborables y en los festivos permitidos.
Los detentadores de privilegios de la antigua regulación ya han protestado amargamente porque se vaya en contra de sus intereses organizados. Para la Confederación General de Pequeñas y Medianas Empresas (COPYME) "se trata de un nuevo paso en contra del comercio tradicional" y es "un ataque al libre mercado". Los grupos de presión no renuncian pacíficamente a sus prebendas, avergonzados por todo el tiempo que han vivido a costa de los demás, sino que practican la huida hacia delante y acusan a los legisladores que intentan acabar con ellas de ir en su contra, lo cual queda muy feo en un político. Y además practican la estrategia de la confusión, argumentando (es un decir) que ellos defienden el libre mercado: como si entendieran en qué consiste y estuvieran acostumbrados a practicarlo.
En una postura típicamente reaccionaria, defienden lo suyo como lo tradicional, lo de siempre, como si no pudiera ni debiera evolucionar y adaptarse a circunstancias nuevas. Creen que la competencia consiste siempre en que haya muchos competidores prácticamente iguales sin que ninguno de ellos sufra pérdidas o fracase: los poderes públicos han de garantizar la supervivencia de sus negocios aunque estos demuestren ser poco competitivos, mediante subvenciones directas o poniendo trabas legales a los triunfadores. No entienden (o prefieren no ver) que el mercado libre es un proceso evolutivo dinámico que explora la diversidad y genera adaptaciones mediante la retención de los más exitosos (en servir a los consumidores) y la expulsión de los marginalmente incompetentes (que no implica que se mueran de hambre sino que lo hagan mejor o se dediquen a otra cosa). La igualdad es ante la ley, no mediante la ley: no se trata de que todos jueguen exactamente en las mismas condiciones (grandes o pequeños, especializados o generalistas), ya que en este caso no se podría comprobar qué sistemas de producción y distribución son más eficientes.
Algunas asociaciones que se autoproclaman falazmente de consumidores también se oponen a la medida. Según Antonio López, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la franja horaria comercial es "suficiente y la medida sólo beneficia a las grandes superficies y centros comerciales"; duda de que la iniciativa "promueva la competencia, porque lo que en realidad supone es eliminar al pequeño comercio". A mí personalmente como consumidor no me han preguntado si los horarios me parecen suficientes o si me siento beneficiado por la liberalización comercial, así que ¿en nombre de quién habla? Son graciosos los intervencionistas, tan obsesionados con la cooperación colectivista, cuando se empeñan en defender lo que ellos entienden como competencia.
Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, se esfuerza por ser original en hacer el ridículo: cree que de salir adelante este proyecto de ley sería "una invitación al consumo y al despilfarro". Consumidores en contra de ser invitados a consumir, lo que hay que ver. Quizás él tiene tan poco autocontrol que usa todo su tiempo libre para despilfarrar como un ludópata su dinero en los comercios que encuentra abiertos; pero que no proyecte sus fobias particulares sobre el resto de la ciudadanía.
