Muchos analistas económicos, sobre todo del mundo anglosajón, están pasando ya la lupa al modo con que las autoridades afrontan el actual escenario de crisis económica y se preguntan si, tras fenómenos como las bajadas de tipos oficiales y la intervención, más o menos directa, de entidades financieras en serias dificultades, los remedios son los adecuados. De serlo, el liberalismo sufriría un revés determinante frente al neointervencionismo de estas políticas que llegan, incluso, a tratar de rescatar a las empresas inmobiliarias.
Este debate, por desgracia, no se está sosteniendo con el mismo vigor en España. Nuestro país carece de una larga tradición de políticas decididamente liberales y además los españoles no tenemos tampoco una gran cultura financiera, lo que hace estéril, reducido a una élite, el debate de fondo de estas cuestiones.
El Gobierno socialista ha puesto en marcha una serie de medidas con las que pretenden hacer frente a lo que denominan turbulencias en la economía. Y el Partido Popular, ensimismado en las escaramuzas orgánicas de si deben o no abrir un debate interno, parece renegar del liberalismo puro al que relegan a una de las varias fuentes ideológicas que nutren ese aparente crisol de ideas yuxtapuestas que es su plataforma política.
En esta situación, en la que el Gobierno recurre a Keynes y la oposición no ejerce el papel de contribuir desde el contrapeso que le asignaron los españoles, España va a afrontar una seria crisis desde el bando netamente intervencionista. Y me temo que nos vamos a equivocar.
En primer lugar, buena parte de las medidas adoptadas por el Gobierno no conducen a resolver los problemas económicos que tenemos, sino a prolongar la agonía de un modelo manifiestamente agotado. Buen ejemplo de ello es la iniciativa de construir viviendas de protección oficial.
Las VPO son injustas en sí mismas porque permiten a determinadas personas acceder ventajosamente a la propiedad de la vivienda gracias al dinero que el Estado recauda a otros ciudadanos que han tenido que costearse sin ayuda de ningún tipo su propia vivienda. De este modo no se premia el esfuerzo individual, sino la barra libre tan propia de quienes creen que el Estado es quien debe solucionar los problemas de los ciudadanos, aunque sea a cambio de convertirse en un Leviatán.
Y en la coyuntura actual, y como ya he dejado escrito anteriormente, promover un parque gigantesco de viviendas protegidas, es decir, subvencionadas, afectará a la demanda de viviendas de renta libre lo que sin duda tendrá un impacto en el precio de las mismas. Ya saben, la ley de la oferta y la demanda.
Podrán ustedes argüir que precisamente por todo lo dicho, el Gobierno consigue dos cosas: la primera, permitir el acceso a la vivienda a personas con escasos recursos. Y la segunda, moderar los precios de las de renta libre, que habían subido demasiado en los últimos años imposibilitando que esas capas más humildes accedieran a la vivienda.
Pero se equivocan, el único efecto benévolo que podría conseguir es evitar un derrame de empleo en el sector de la construcción y eso, incluso, estaría por ver. En los últimos años y a pesar de las subidas de los precios de las viviendas, el mercado ha funcionado ya que si se han construido y vendido viviendas a precios crecientes es porque la demanda existía. Habría que preguntarse el efecto negativo sobre ese mercado que ha tenido la creación de un Ministerio de la Vivienda que ha repetido machaconamente durante años que los precios iban a bajar: lógicamente ha enrarecido el mercado, añadiéndole un plus de paralización artificial: si los precios van a bajar o se van a construir VPOs, como dicen las ministras, la gente espera para poder pagar menos.
Por otra parte, una buena porción del ahorro de los españoles está invertido en ladrillos, de modo que nuestra riqueza depende en una medida importante del valor de mercado de esos activos. Si las viviendas bajan, pero la deuda de las familias se mantiene estable (o incluso se acrecienta, debido a la subida del Euribor), los españoles seremos más pobres. No podemos decir que eso sea, precisamente, política social.
Y finalmente, el impacto en el sistema financiero español. Las generosas tasaciones llevadas a cabo por nuestros bancos y cajas en un periodo de exceso de liquidez como el precedente, en el que se han podido distraer los controles rigurosos sobre el acceso al crédito de muchas familias, coloca el problema del valor de los activos inmobiliarios en el corazón mismo de los riesgos de nuestra economía.
En efecto, una bajada del precio de las viviendas impondría a muchas entidades financieras, sobre todo las cajas de ahorros, pero no sólo ellas, multiplicar las provisiones por insolvencia, de un lado, y las provisiones por la depreciación de los activos financieros, de otro. Y todo eso en un momento en que el interbancario, como demuestra el fuerte repunte del Euribor a 12 meses, que amenaza ya el 5%, está seco, seco y en el que es cada vez más difícil recurrir a la titulización hipotecaria.
Y la clave está precisamente ahí: lo último que debiera permitir el Gobierno es que su política intervencionista en materia de vivienda agudizara la crisis en nuestro sector financiero, porque ahí sí que tendríamos un problema grave, profundo y duradero, sobre todo teniendo en cuenta que casi la mitad de nuestro sistema financiero corresponde a las cajas, es decir, al sector público y, más en concreto, a los poderes autonómicos y los partidos políticos. Prolongar la crisis no es, desde luego, favorecer a los más necesitados.
Todo esto no es fácil de explicar a los españoles. Pero resulta imposible cuando el primer partido de la oposición hace dejación de funciones y es incapaz de formular un diagnóstico y una crítica constructiva a la propuesta socialista en materia de vivienda. El problema añadido del PP es de enfoque: si no es socialdemócrata, es decir, keynesiano e intervencionista, que es el terreno privativo del PSOE; y por otra parte tampoco es liberal, entonces ¿qué diantres es?
El PP, de estar en lo que debiera estar, sería audaz y pedagógico. Y ofrecería, en materia de vivienda, por ejemplo, no más intervencionismo sino más liberalismo: reducción de los impuestos mediante desgravaciones importantes, no simples migajas, por vivienda.
Claro que eso nos plantea otro problema: ¿cómo reducir los impuestos cuando los ingresos fiscales por IVA, por ejemplo, están retrocediendo ya en torno al 10%? Ah, amigos, ese es el problema para quienes no tienen unas ideas que aplicar. El PP debiera decir que es necesario reducir las dimensiones del Estado, es decir, el gasto público. Pero ¿se atreverán? Pues no. Arriola mira hacia la izquierda y nadie, en el equipo de Rajoy, parece dispuesto a hacer otra cosa. Temen que el PSOE de nuevo les diga que no se ocupan de los menos favorecidos, sino de los ricos. Un temor que, por cierto, es un explícito reconocimiento a su incapacidad de comunicar bien las políticas que debieran propugnar además de una prueba manifiesta de que no creen en la inteligencia de los españoles de a pie.
