Ciertamente, tienen razón los regantes del Ebro. Siempre se puede encontrar un abogado capaz de hacer parecer lo blanco negro y lo negro, blanco. Pero, pese a lo que puedan decir los informes de los servicios jurídicos del presidente de Aragón, que debe su cargo en buena medida a su demagógica y populista oposición al trasvase del Ebro, lo que se está construyendo para llevar agua a Barcelona es un trasvase.
La actuación del PSOE en todo este asunto está resultando aún más nauseabunda que en su primera legislatura. En su día podría haber algún ingenuo que desconociera cómo funcionan los socialistas y pensara que actuaban en legítima defensa tanto de los derechos de los aragoneses como del caudal ecológico del delta del Ebro. En estos momentos, sólo un sectario patológico podría dejarse convencer por las ridículas excusas terminológicas ofrecidas por los socialistas catalanes y aragoneses.
No obstante, para evitar incluso ese riesgo, bien está la plataforma montada por 300 alcaldes del PP de Almería, Murcia y la Comunidad Valenciana para denunciar la discriminación que sufren por parte del Gobierno Zapatero. No es mucho lo que pueden hacer, pero quedarse callados es mucho menos de lo que deben.
