Una de las funciones básicas de cualquier Gobierno es mantener la seguridad en el área geográfica donde está establecido. Pese a que parece algo evidente y sensato, Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración, tiene algunos problemas para entenderlo.
En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro anunció "un endurecimiento de las sanciones a empresarios y empleadores que contraten a extranjeros que no se hallen en situación legal en España". Este país tiene más de un millón de inmigrantes ilegales. Estas personas no copan precisamente el segmento de rentas más alto de la sociedad. Sus oficios son ocasionales, rápidos y precarios. Algunos de ellos no conocen nuestro idioma, por lo que han de hacer trabajos muy básicos alejados del sector servicios.
Las labores de los inmigrantes ilegales se agrupan principalmente en el primer motor económico de nuestro país, la construcción. Según el INE, la venta de viviendas ha descendido un 38,6 % en marzo. A estas alturas, todo el mundo sabe cómo está la crisis del ladrillo y lo desfavorablemente que está evolucionando la economía. La inflación se desmadra y está afectando a las empresas, concretamente a las pequeñas, esto es, a la más susceptibles de contratar inmigrantes ilegales debido a sus bajos costes.
Como si esto no fuera suficiente, el ministro Corbacho ha decidido hacer las cosas más difíciles a los más precarios de la sociedad: no sólo prohibirles trabajar por ley, sino también de hecho. ¿Hará la medida de los socialistas que el millón de inmigrantes ilegales vuelvan a sus países de origen? No es nada probable. ¿Tal vez piense el ministro que la "bondad" de la ley hará que se evaporen estas personas? Tampoco es razonable. Póngale imaginación a la situación y piense qué opciones les quedan a estos estigmatizados del Gobierno: la indigencia y el crimen.
No es cuestión tampoco que el Gobierno empiece a regalar nuestro dinero a los inmigrantes; eso sería robar a unos para dar una pequeña parte a otros estimulando la ociosidad y parasitismo. La experiencia nos enseña que este tipo de medidas nunca han funcionado. Lo único que debería hacer el Gobierno es dejar en paz a los inmigrantes y permitir que se ganen la vida honradamente; de ese modo, con el tiempo, aprenderán el idioma, ahorrarán, prosperarán y medrarán. Al Gobierno no tendría que importarle que estos inmigrantes no le paguen nada en concepto de impuestos. Si el Gobierno deja de criminalizar al inmigrante, éste podrá hacer valer su propia capacidad productiva, ayudará al tejido económico del país y sumará progreso para toda la sociedad.
Esta medida también es una muestra de la doble moral de nuestra sociedad. Cuando un empresario veta el trabajo a un negro, a un hispano o alguien proveniente del norte de África le llamamos racista; pero cuando el ministro de Trabajo prohíbe trabajar de iure y de facto a un millón de inmigrantes, al establishment político y mediático sólo se le ocurre decir que es una medida sabia y de progreso. Si Corbacho no deja más salida al inmigrante ilegal que la delincuencia, ¿qué pasará en estos años de crisis? ¿Qué imagen tendrán el ciudadano medio de los inmigrantes cuando aumente aún más la proporción de delincuentes extranjeros respecto a los nacionales? Hace tres años vimos con estupor las revueltas que se produjeron en los barrios inmigrantes de Francia. El Gobierno español, con esta intransigente postura, está importando ese odio racial a nuestro país.