El Gobierno parece empeñado en buscar culpables de la crisis económica por todas partes, sobre todo donde no los hay. El pasado fin de semana fue Jesús Caldera, cuando dijo que el origen de todo estaba en la ideología neoconservadora del presidente de Estados Unidos, George W. Bush; ahora, su compañera de partido, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, achaca los males del sector a las empresas inmobiliarias. Aquí todo vale para el Ejecutivo con tal de no asumir sus responsabilidades y ocultar sus fracasos que, en el caso de la vivienda, son unos cuantos.
La pasada legislatura se inauguró con la flamante creación por parte de Zapatero de un nuevo ministerio, el de Vivienda, que ya lleva más de cuatro años de andadura. Por entonces, muchos criticaron semejante decisión alegando que dicho departamento no iba a tener contenido suficiente para contar con rango ministerial puesto que la mayor parte de las competencias en este terreno le corresponden a las comunidades autónomas, razón por la cual sugerían que el presidente del Gobierno dejara todo en una mera dirección general. Pues no; él insistió en su idea y creó el ministerio. Cabe preguntarse para qué. Desde su nacimiento, las únicas propuestas que ha lanzado dicho departamento han sido la de los polémicos minipisos de 25 metros cuadrados, la creación de la Agencia Pública de Alquiler, que apenas intermedia en estos contratos, y las desgravaciones para jóvenes. Mientras tanto, y pese a contar con tan flamante ministerio, al Gobierno le ha estallado en la cara la burbuja inmobiliaria y, por ahora, sigue sin dar la respuesta adecuada tanto a esta situación como a la de la carestía de la vivienda en general.
El Ejecutivo podría haber aprovechado la creación del Ministerio de Vivienda para promover la liberalización del suelo, la verdadera raíz de todos los males del sector. En España hay suelo más que de sobra para construir; sin embargo, resulta artificialmente escaso debido a la intervención administrativa, lo que da lugar a una restricción artificial de la oferta que dispara los precios del suelo, promueve la especulación y la corrupción urbanística e impide el surgimiento de una competencia efectiva que ponga los precios en su sitio. Como dice el refrán, quien tiene padrino, se casa. Pues aquí, quien tiene padrino en el ayuntamiento de turno, construye; quien acapara suelo y más suelo y lo deja durmiente durante años para después ponerlo en el mercado, se forra, y quien sufre todo esto es, como siempre, el más que castigado bolsillo del ciudadano de a pie. El Gobierno, sin embargo, desde el principio renunció a transitar por el camino de la liberalización y prefirió perderse por los vericuetos de la vivienda de protección oficial y las ayudas públicas de todo tipo, que, dicho sea de paso, y por lo que estamos viendo, están sirviendo de poco.
Esa es la verdadera naturaleza del problema, la intervención sobre el suelo. Las inmobiliarias lo único que han hecho ha sido aprovecharse de esa circunstancia para exprimir al máximo al ciudadano y forrarse hasta el punto de dar lugar al nacimiento de una nueva clase social: los plutócratas del ladrillo. No obstante, nada de esto hubiera ocurrido de estar liberalizado el suelo. Por tanto, las inmobiliarias tienen cierta cuota de responsabilidad, pero no tanta como dice la ministra Corredor, porque la mayor parte le corresponde a un Gobierno que, viendo venir desde lejos la que está cayendo en estos momentos –recuerden las palabras de Miguel Sebastián a principios de la pasada legislatura acerca de la necesidad de reducir las desgravaciones por adquisición de vivienda– ni ha querido ni ha sabido coger el toro por los cuernos, por mucho que el presidente de los socialistas, Manuel Chaves, diga lo contrario. Pero como este Gobierno parece estar especializándose en buscar cabezas de turco y chivos expiatorios por todas partes, ahora les toca a las inmobiliarias estar en el ojo del huracán.