Los ecologistas quieren controlar el Congreso

Asumámoslo. El ciudadano americano medio posee escaso o nulo peso en el Congreso y puede ser ignorado con toda tranquilidad. Pero grupos tales como Environmental Defense Fund, Sierra Club o The Nature Conservancy son harina de otro costal. Cuando ellos hablan, el Congreso escucha. Al contrario que el americano medio, ellos están bien organizados, tienen los bolsillos repletos y están bien preparados para ser la peor de las pesadillas del congresista desobediente. Su éxito político y económico ha sido casi un desastre para nuestra nación.

Durante varias décadas, los ecologistas han logrado obligar al Congreso a proteger la mayor parte de nuestros recursos petroleros de la prospección y la extracción. Han logrado hacer que el Congreso promulgue onerosas regulaciones que han imposibilitado la construcción de refinerías nuevas. De igual manera, han utilizado a los tribunales y al Congreso para frustrar completamente la construcción de plantas nucleares. Como resultado, los precios de la energía se encuentran en máximos históricos y amenazan nuestra seguridad nacional y nuestra economía.

¿Cuál es la respuesta política a nuestros problemas energéticos? Más coba del Congreso y la Casa Blanca a los ecologistas, los granjeros y las corporaciones multimillonarias como Archer Daniels Midland. Su "solución", en lugar de solucionar nuestro problema de abastecimiento de crudo permitiendo la prospección de miles de millones de barriles de petróleo bajo la superficie de nuestro país, aprobar la Ley de Seguridad e Independencia Energética 2007 que estipula que las petroleras puedan aumentar la cantidad de etanol con la que se adultera la gasolina. Cualquiera que tenga un mínimo de cerebro se dará cuenta de que desviar cosechas destinadas a la alimentación para su uso como combustible elevará los precios del ganado alimentado con pienso, como el cerdo, la ternera, el pollo, además de los productos lácteos, y los fabricados a partir del maíz, como los cereales. La producción de etanol ha conllevado incrementos en los precios de otros cultivos de grano como la soja o el trigo. Puesto que Estados Unidos es el mayor productor y exportador del mundo, el movimiento al ascendente de los precios del grano han tenido un enorme impacto sobre los costes de la comida en todo el mundo.

El Congreso y los ecologistas no están en el mismo barco que nosotros. Si usted se siente molesto con los astronómicos precios de la comida y de la energía, espere a que el Congreso vuelva a promulgar su Ley de Seguridad Climática de inspiración ecologista, denominada "de canje de emisiones". La compra-venta de emisiones es vendida engañosamente como la solución del libre mercado al asunto pendiente del cambio climático artificial. Según su articulado, las empresas podrán emitir gases de efecto invernadero solamente si cuentan con un permiso del Estado. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que un recorte del 15% en las emisiones elevará el coste energético del hogar medio alrededor de 1.300 dólares. Puesto que la energía contribuye a todo lo que utilizamos, podemos contar con que todo se encarezca más, lo que redundará en una reducción del crecimiento económico.

La cara más odiosa del modelo de intercambio de emisiones se revela al plantear la pregunta: ¿cómo se va a decidir quién obtiene qué permiso para emitir gases de efecto invernadero? El Congreso puede vender los permisos y/o regalarlos a sus electorados predilectos. Puede apostarse el dinero del alquiler a que un nuevo ejército de grupos de presión con intereses especiales caerá sobre Washington para presionar al Congreso. Y puede estar seguro de que las donaciones para las campañas electorales y el favoritismo jugarán un papel importante a la hora de decidir quién recibe qué cantidad de licencias.

Mucho peor que eso es el tremendo control que tendrá el Estado sobre nuestra economía y nuestras vidas. Si el Congreso decide que el consumo de tabaco no es sano, puede no extender permisos a las tabacaleras. Mientras que muchos americanos aplaudirán eso, a otros tantos les gustaría que el Congreso rehusara extender permisos a compañías que fabrican comidas que ciertas personas juzgan insanas, como patatas fritas, refrescos, sopas enlatadas o patatas fritas industriales. El Congreso podría negar, o amenazar con negar, permisos a compañías que, en su opinión, no contratan un número suficiente de mujeres o de miembros de minorías. Las posibilidades de control sobre nuestras vidas serán infinitas y podrían incluir decretos que rocen lo vejatorio, por ejemplo exigirnos comprar una licencia para hacer barbacoas en nuestro patio trasero.