Durante años el movimiento ecologista ha intentado convencernos de la imperiosa necesidad del reciclaje. De esta manera, se nos decía, lograríamos retrasar el inevitable agotamiento de los recursos naturales y aliviaríamos a la Madre Gaia de un expolio y perjuicio innecesarios.
Por supuesto, nada hay que objetar contra quien, voluntariamente, realice el esfuerzo de clasificar sus desechos y distribuirlos entre los distintos contenedores. Como mucho, podrá decirse que los ayuntamientos están despilfarrando el dinero de los ciudadanos y que algunos de éstos viven en una burbuja de ingenuidad y candidez al creer que, efectivamente, la reutilización de los desechos contribuye a mejorar la vida del planeta.
Al fin y al cabo, si esto fuera así, las empresas estarían dispuestas a pagar a los individuos para comprar sus desechos y reciclarlos, obteniendo con la operación una ganancia. El hecho de que no suceda simplemente ilustra que el proceso de reciclaje utiliza unos recursos que son más valiosos que el propio producto reciclado; entre ellos, el tiempo libre de los ciudadanos.
Pero cuando las campañas ecologistas, subvencionadas en su mayor parte por los organismos públicos, se han mostrado infructuosas para lograr la colaboración "voluntaria" de todos los ciudadanos, las administraciones han tenido que recurrir al plan B, a la sazón su especialidad: la coacción directa.
Gallardón, el centrista más siniestro del Partido Popular, no ha vacilado un momento en anunciar que perseguirá a los ciudadanos que no acaten el yugo ideológico del ecologismo radical y socialista. Agobiado por las megalómanas deudas del consistorio (que pretendían ser un trampolín a La Moncloa en aquella lejana época de vacas gordas), el alcalde está echando mano de todos los asideros fiscales que tiene a disposición para esquilmar al ya sufrido contribuyente. El último ha sido recuperar la tasa de recogida de basuras, lo que le ha permitido además, como si de una nota al margen se tratara, estrechar lazos con los rojiverdes imponiendo una sanción de hasta 750 euros a los ciudadanos que no reciclen.
La medida no es sólo, como ya hemos comentado, un disparate económico, sino que además atenta contra la libertad de los madrileños. Y es que el Ayuntamiento debería existir para servir a la comunidad y no para reprimirla, pero Gallardón hace tiempo que ha convertido la administración local en su particular laboratorio social. La decisión sobre qué hacer con nuestros desperdicios (más allá de unas normas razonables de convivencia) ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en un objeto de decisión colectiva. Ni siquiera parece que podamos tener ya una mínima privacidad, ya que para fiscalizar si cumplimos con la normativa municipal, Gallardón tendrá que dirigir a la policía para registrar y espiar la basura de cada individuo.
¿Qué será lo próximo? ¿Pena de arresto mayor para los delincuentes y enemigosde la sociedad que olviden clasificar su basura? No sería de extrañar. La agenda totalitaria del ecologismo ya está tan avanzada en otros países que, desde luego, Madrid no sería la bárbara excepción. En Irlanda, por ejemplo, la multa de 750 euros de Gallardón se eleva hasta los 10 millones de euros e incluso se puede sancionar a los incumplidores con diez años de cárcel.
Visto lo visto, los madrileños sólo podrán encontrar consuelo en que todavía podríamos estar peor. Sin embargo, al ritmo que remueve la basura Gallardón, puede que en un futuro cercano ni siquiera podamos decir eso.