Está visto que los portavoces del PSOE, con tal de no asumir las responsabilidades de su partido en el "caso Tamayo", son capaces de lanzar sus insidias contra todo. Este martes ha tocado poner bajo la sombra de la sospecha al propio crecimiento urbanístico —del que han dicho que está alimentado “en buena parte” por la mafia—, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su querella —al que se le ha acusado de “parcialidad” y de “vulnerar derechos fundamentales— , a la Ley de Enjuiciamiento Criminal —a la que se ha tildado de ser un “pretexto” para no investigar— y, por supuesto, al PP y al Fiscal General del Estado, que han sido acusados, respectivamente, de “entorpecer” y “desactivar” las investigaciones judiciales.
Según la secretaria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE, Cristina Narbona, el crecimiento urbanístico en España "está alimentado en buena parte" por el dinero blanqueado procedente de la prostitución, la droga y la venta de armas. Suponemos —claro está— que doña Cristina en esa “buena parte” no relacionara al marido de la diputada socialista Ruth Porta, el próspero constructor don Benedicto Mamblona. Porque con esta afirmaciones tan escasamente medidas, la verdad es que la respetabilidad de cualquiera que esté relacionado con el urbanismo queda en entredicho.
El caso es que el mundo del urbanismo —como hemos señalado en repetidas ocasiones— es susceptible de muchas corruptelas; sobretodo, las que provoca las recalificaciones y permisos urbanísticos por la falta de liberalización del suelo —a la que el PSOE, dicho sea de paso, se opuso y se opone. Ahora bien, de ahí a decir sin aportar prueba alguna que el crecimiento urbanístico está “en buena parte” financiado por las mafias, hay todo un trecho.
Con todo, las manifestaciones más insidiosas son las que tienen que ver directamente con el “caso Tamayo” y han sido pronunciadas por los “padres” de la querella socialista que el TSJM rechazó admitir a trámite.
López Garrido, Gómez Benítez y López Aguilar, al anunciar su recurso a esa decisión judicial, no es que hayan cuestionado el acierto del auto del TSJM que desestimaba su querella, es que directamente han acusado a sus magistrados de “vulnerar los derechos fundamentales a un juez imparcial y a un proceso con todas las garantías”.
No contentos con esta forma tan “poco respetuosa” de discrepar con el auto, los portavoces del PSOE han reclamado un “jurado popular” en caso de que se abra una investigación; eso, tras lamentar que el anterior auto haya sido respaldado “por cuatro magistrados en lugar de los tres que habían formado la sala en los trámites previos”.
Puesto que el auto de desestimación de esa impresentable querella en nada se hubiera visto afectado por el hecho de que fueran tres, en lugar de cuatro, los ponentes —recordemos que fue desestimada por 3 votos contra uno—, es evidente que los socialistas recurren a cualquier cosa con tal de sembrar de sospechas las decisiones que no satisfacen sus aspiraciones.
Sin embargo, las gravísimas manifestaciones —suponemos amparadas por la libertad de expresión— contra el Fiscal General del Estado —al que nuevamente y abiertamente se le acusa de entorpecer las investigaciones por no dejar actuar a la fiscalía Anticorrupción— no tienen mucho más sentido y, sin embargo, los socialistas las acentúan y sus medios de comunicación las jalean como si pusieran el dedo en la llaga.
Los socialistas no sólo tienen la desfachatez de no disimular su interés —todo lo contrario— por que sea una persona tan cercana al PSOE como el fiscal Jiménez Villarejo —tío carnal de Trinidad Jiménez—, el que se haga cargo del caso; es que además acusan al Fiscal General del Estado de no dejar actuar a Villarejo cuando lo cierto es que el artículo 773. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice claramente que “cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismo hechos”.
Al amparo de este artículo, y al presentar el PSOE una querella ante el TSJM, Cardenal lo único que ha señalado a Villarejo es que tendrá que esperar a que las acciones judiciales iniciadas por el PSOE se diriman en los Tribunales. De hecho ayer, el Fiscal General del Estado tenía previsto decidir si, tras el auto de desestimación del TSJM, intervenía la fiscalía Anticorrupción. Pero el recurso de súplica presentado por los socialistas hace que el auto no sea considerado firme, por lo que Cardenal nuevamente tendrá que esperar a que se resuelva ese recurso.
El objetivo de los socialistas no es aclarar nada sino judicializar su estrategia de contaminar al PP en los casos de Saez y Tamayo. Y todo lo que sea un obstáculo para esta estrategia política será puesto bajo la sombra de la sospecha: Ya sea el Fiscal General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el nuevo Estatuto de la Fiscalía y, si hace falta y llega, el mismísimo Tribunal Constitucional. No tienen límite...ni vergüenza.
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