ETA ha empleado de nuevo, al igual que en Santa Pola hace un año, sus cada vez más escasos medios materiales y humanos –si es que puede calificarse de humanos a los etarras– en sembrar el terror y el desasosiego en nuestras playas, el destino preferido por la mayoría de los españoles y de los extranjeros que visitan nuestro país para disfrutar del merecido descanso vacacional. Los etarras hicieron estallar dos bombas, en hoteles de Alicante y Benidorm, antes de las 12.30. Hora que, en comunicación al diario Gara, el conducto habitual por el que ETA anuncia o reivindica sus fechorías, la banda había fijado para los atentados; por lo que todo indica que el objetivo principal de los etarras, además de aterrorizar y asesinar veraneantes y de perjudicar al sector turístico, era tender una trampa a los policías encargados de desalojar los hoteles y de desactivar las bombas. Aunque, afortunadamente, no hay que lamentar víctimas mortales, las bombas-trampa han causado trece heridos. Cuatro de ellos son policías, y una de las víctimas, ciudadano holandés, se encuentra en estado de coma.
Puede decirse que el atentado de Santa Pola del pasado mes de agosto, aun a pesar de no haber sido uno de los más sangrientos, colmó la paciencia de los españoles e hizo decidirse al Gobierno, con el apoyo del PSOE en el seno del Pacto Antiterrorista, a intensificar la lucha contra ETA más allá de la esfera estrictamente policial, cuya eficacia, por otra parte, ha reducido espectacularmente la capacidad asesina de la banda. Una vez descartado cualquier intento de negociación con ETA –que jamás debió producirse– tras la ruptura de la tregua-trampa, era evidente que al mal llamado "aparato militar" de ETA sólo se le puede combatir en el día a día con la ley en la mano y con la eficacia policial. Y una vez que la Justicia ha demostrado que Batasuna y sus ramificaciones no son más que tapaderas de ETA, era imperativo privar a los pistoleros de los beneficios de las instituciones democráticas.
Sin embargo, para que la lucha contra el terrorismo etarra –una letal combinación de leninismo y de fanatismo nacionalista– sea plenamente eficaz, aún queda una tarea no menos importante que en 25 años de democracia jamás ha sido abordada: erradicar del sistema educativo vasco –controlado por nacionalistas radicales y por proetarras– las mistificaciones, las falsificaciones de la Historia y el desprecio y el odio racistas contra todo lo que significa. España. Aunque la práctica totalidad de las patrañas que a diario se inculcan en las ikastolas, las escuelas, los institutos y las universidades vascas, al igual que las que inculcaban los nazis en las führerschules carecen de base racional –no digamos de base histórica–, no hay que desdeñar los poderosos efectos que, de cara al reclutamiento de nuevos terroristas –cada vez son más jóvenes–, tiene un constante adoctrinamiento en el odio y el desprecio a la “potencia extranjera opresora” –esto es, España y también Francia– y en el descabellado mito de Euskalherria, que incluye a Navarra y al país vasco-francés.
El PNV se ha aprovechado al máximo del chantaje “democrático” al que ha venido sometiendo a España desde los inicios de la transición. El punto quizá más importante del quid pro quo que “acordaron” entonces las fuerzas democráticas con el PNV para alejar a éste último de ETA y atraerlo hacia la orilla constitucional era la no “intromisión” del Gobierno central en los asuntos de la política vasca, especialmente en lo que toca a las competencias de educación. Una imperdonable –y a todas luces ilegal– dejación de responsabilidades en la que han incurrido tanto el PSOE como el PP, cuyos resultados están a la vista: aun a pesar de las dificultades, ETA sigue reclutando jóvenes terroristas inflamados de un odio fanático contra España. El delirante proyecto de Ibarretxe, que hace tan sólo unos años nadie hubiera tomado en serio y que verá la luz en septiembre, es el principal punto de la agenda del PNV, del que el “diálogo” con ETA-Batasuna y el “plante” al estado de derecho son partes imprescindibles.
Precisamente ayer, el presidente navarro Miguel Sanz reclamaba a Aznar en La Moncloa que ejerciera las competencias de inspección educativa que la Constitución reconoce al Gobierno central y pusiera coto al imperialismo de Ibarretxe, adaptando “a la realidad histórica y social” autonómica y del conjunto de España los contenidos que se imparten en las escuelas vascas. Aunque Javier Arenas aseguró que el Gobierno “hará lo que esté en sus manos para que se respeten los contenidos educativos y sean fieles a la realidad institucional y política”, lo cierto es que el Gobierno, una vez el PNV rompió abiertamente en Estella ese impresentable quid pro quo al que los nacionalistas jamás tuvieron intención de atenerse, tenía que haber tomado ya las medidas necesarias para erradicar la mentira, el racismo y el odio de las aulas vascas. Esperemos que la muy sensata y oportuna petición de Miguel Sanz, así como la inquietud de la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia por los contenidos “a veces xenófobos y racistas” de las ikastolas, animen por fin al Gobierno a ejercer las competencias que la Constitución le confiere. Porque es precisamente en el área educativa donde con más fuerza imponen los nacionalistas su pensamiento único totalitario.
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