El ministro del Interior, el sin par Pérez Rubalcaba, ha asegurado en el Senado que las fotografías del preso etarra Ignacio de Juana Chaos, publicadas en el diario británico The Times, fueron hechas en el Hospital por sus letrados, por lo que se pondrá en conocimiento del Colegio de Abogados este "incumplimiento de la Ley".
Al margen de quién perpetrase la ilegalidad, y de las eventuales responsabilidades políticas in vigilando por la misma, lo que es un hecho cierto es que el ministro del Interior ha incurrido en una clamorosa falsedad al negar rotundamente que se hubieran dado órdenes de no cachear a las visitas del etarra.
Que esa orden se dictó no es sólo algo que hayan denunciado la mayoría de los sindicatos policiales, sino que viene reflejado en la nota del Libro de Incidencias del 8 de octubre de 2006, que textualmente dice que "siendo las 18:25 horas nos comunica el subinspector del turno que por orden de la superioridad, que la compañera sentimental del detenido de la h. 110-1 que cuando vaya a visitarlo no es preciso que la cachee ninguna compañera y que solamente le pasemos el detector de metales".
Como estamos seguros de que Rubalcaba no optará por la dimisión, ahora al ministro le toca, o bien "echar mano del tipex", destruyendo y negando la prueba de su mentira, o bien reconocer que esa orden sí se dictó, pero culpando de ella a sus subordinados.
Respecto al historial de Rubalcaba, y al margen de la manipulación de documentos del 11-M que hacían referencia a ETA, convendría recordar la falsedad en la que incurrió el entonces portavoz del PSOE cuando, en marzo del año pasado, aseguró que el Gobierno no había recibido un escalofriante informe de la Guardia Civil en el que, ya en diciembre de 2005, le alertaba de la muerte de 1.700 subsaharianos en aguas del Atlántico y de las dificultades de Mauritania para hacer frente a la lucha contra las mafias. La protesta de la Asociación Unificada de la Guardia Civil por esta clamorosa mentira de Rubalcaba obligó al Gobierno a reconocer la existencia del informe, asegurando que sí lo había recibido, pero que estaba "clasificado" en el Ministerio de Defensa.
También conviene recordar la denuncia del portavoz de la Confederación Española de Policía, Rodrigo Gavilán, quien en septiembre del año pasado, siendo ya ministro Rubalcaba, aseguró que ya se habían producido fugas de cientos de irregulares de los centros de internamiento de Canarias, pero que Interior había dado "orden de que no constaran por escrito".
No sabemos si esta vez la "superioridad" tampoco quería que sus órdenes respecto al privilegiado trato a De Juana constaran por escrito, pero el hecho es que así ha sido. Tampoco sabemos si, hace meses, hubo o no "orden de la superioridad" de chivar a los responsables de la extorsión de ETA que estaban siendo sometidos a vigilancia judicial; el hecho, sin embargo, es que un par de agentes policiales, bien motu proprio, bien siguiendo esas órdenes, perpetraron lo que puede ser tipificado por un delito de colaboración con banda armada.
Mientras Rubalcaba decide ahora cómo disimula su alergia a la verdad, y mientras De Juana Chaos sigue, desde el hospital, perpetrando ese chantaje que el Gobierno de Zapatero ya ha dado innumerables muestras de querer pagar, los presos etarras acaban de recordar a sus gubernamentales compañeros de viaje algo que la banda ya dejaba en evidencia en su último comunicado: a saber, que la liberación de este sanguinario terrorista, siendo "imprescindible", no basta para avanzar en ese proceso colaboracionista, ese proceso que tanto el Gobierno del 14-M como ETA denominan "proceso de paz".
