Con la desestimación de las peticiones de sobreseimiento de las defensas –y de la Fiscalía y la abogacía del Estado, muy interesadas al parecer en que no se lleve al banquillo a Santano y su troupe–, se levanta el último obstáculo para la celebración del juicio por el escándalo de la falsificación de uno de los informes policiales del sumario del 11-M instruido por Juan del Olmo, cuyo juicio se celebra estos días. Después de las maniobras de Garzón por amedrentar a los únicos que no habían cometido falta alguna en toda esta historia, los peritos que vieron su informe manipulado, el proceso está llegando a su lógica conclusión: ver a los autores del "control de calidad" de los informes periciales –Santano dixit– en el banquillo.
El principal inculpado es el jefe directo de los peritos, que fue quien realizó materialmente la manipulación. Y las acciones que llevó a cabo, y que quedan bien claras en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, deberían avergonzar a quienes tanto lo han defendido a él y a sus superiores. Primero, modificó el objeto del informe, que pasó de ser un "estudio, análisis e informe pericial", que es lo que se había solicitado, a limitarse al mero "análisis de las muestras". El argumento de que no había razón alguna para que en el informe original figurasen las referencias a ETA olvida que, precisamente, a los peritos se les pedía ir más allá del mero análisis químico e hicieron su trabajo al referir los otros lugares en los que se había encontrado ácido bórico. Era el juez instructor quien debía decidir si eso era o no relevante, no Santano y los suyos.
Además, Francisco Ramírez aseguró que se había hecho cargo él de las muestras y realizó materialmente los análisis, cuando ha quedado claro que no hizo ninguna de esas cosas. Pero necesitaba indicarlas en el informe porque, en caso contrario, hubiera necesitado la firma de los peritos honrados, y el objetivo era dar el cambiazo al informe sin que éstos se enteraran y lo denunciaran. Además, destruyó el sobre original de asignación de informes confeccionando un nuevo en el que él mismo resultara el escogido para realizar la tarea y ordenó usar el tipex para borrar del registro el nombre de uno de los peritos como receptor de las pruebas. Todo ello permite concluir que el jefe del laboratorio hizo todo lo que estuvo en su mano para hacer desaparecer cualquier evidencia que pudiera apuntar a la existencia de otro informe distinto al firmado por él.
Los otros tres imputados lo están por haber ordenado y encubierto la acción de Ramírez. El superior de todos ellos es el comisario Santano, jefe de la Policía Científica, fundador del SUP y hombre afín al PSOE. Es el mismo que apareció con uniforme y galones en el telediario de Prisa a defender la teoría del "borrador" y el "control de calidad". Parece que, como sucedió con el "caso Bono", algunos policías han utilizado su cargo para servir a sus amos políticos en lugar de a los ciudadanos que les pagan el sueldo.
Si entonces se detuvo ilegalmente a dos manifestantes por el delito de estar demasiado cerca de un ministro cuyo ego excede todos los límites conocidos por el resto de los mortales, con la posible excepción de Gallardón, en esta ocasión cabe acusarlo de hacer lo posible y lo imposible para que ETA no apareciera en ningún momento de la investigación del 11-M. Lo cual es quizá la principal razón que ha llevado a muchos a sospechas que, si tanto interés hay en ocultarlo, quizá es porque haya algo. Las conclusiones de los peritos sobre el ácido bórico y el uso que pueda hacerse del mismo en los pinreles de Garzón nunca fueron lo importante de este caso. Lo grave es lo lejos que llegaron para ocultar incluso algo tan nimio como esto. ¿Qué no habrán hecho entonces con otros asuntos más importantes? Si las paredes de tantas "habitaciones en las que no existe el Estado de Derecho" hablaran...