Tras varios meses anunciando que "tomarían medidas" ante el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, la Junta ha dado luz verde este martes al recurso que elevará en los próximos días al Tribunal Constitucional, al que también solicitará la suspensión cautelar del tributo.
La disputa entre el Gobierno andaluz y Moncloa se remonta al inicio de curso político, cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció un nuevo paquete de medidas fiscales, entre las que se encontraba la bonificación total del impuesto de patrimonio. Según la Junta, este tipo estaba obsoleto, no se encuentra en ningún país de Europa, y lo que consigue, más que recaudar (tan solo aportaba un 0,6% a las arcas públicas) era espantar la inversión extranjera.
Apenas diez días más tarde, el Ministerio de Hacienda anunciaba su contrarreforma fiscal: introducirían un nuevo impuesto, llamado "de Solidaridad de las Grandes Fortunas", que grava a las rentas de más de tres millones de euros. Esto implica que, en la práctica, los contribuyentes de Andalucía, Madrid o Galicia, todas gobernadas por el Partido Popular, tengan que pagar este impuesto sobre su patrimonio, a pesar de las bonificaciones vigentes a nivel autonómico.
Desde el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno de Moreno ha asegurado que tomaría las medidas necesarias para evitar que los andaluces se vean afectados por este impuesto. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, casi tres meses más tarde, cuando no se ha hecho oficial la estrategia de la Junta. El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, al considerar que el impuesto de solidaridad vulnera las competencias autonómicas de Andalucía.
Vulneración de derechos constitucionales
Son tres los argumentos que respaldan este recurso, según ha detallado la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España. En primer lugar, se invade la autonomía fiscal de Andalucía, infringiendo "varios artículos de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la LOFCA [Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas]".
Por otro lado, el procedimiento elegido para aprobar este impuesto, mediante una enmienda, vulneraría el artículo 23 de la Constitución, ya que "se priva a los parlamentarios de la posibilidad de presentar enmiendas", según España. Finalmente, el nuevo tipo "vulnera el principio de seguridad jurídica", recogido en el artículo 9.3 CE, dado que "impide a los afectados reaccionar y poder adaptarse a las nuevas determinaciones". Por todo ello, la Junta califica este gravamen como "algo sin precedentes", ya que apuntan que "nunca" el Gobierno central "había impuesto su fiscalidad" sobre los demás gobiernos.
En este sentido, la consejería de Hacienda asegura que el tributo "solo responde a la política fiscal de Andalucía", y es que subraya que el PSOE rechazó gravar a las grandes fortunas antes del verano, cuando Unidas Podemos propuso un nuevo impuesto para las fortunas superiores a los 10 millones de euros.
En ese momento, la parte socialista del Gobierno consideró que este tipo suponía una "recentralización" de la fiscalidad, y podía llevar a una doble tributación, al solaparse con el de Patrimonio. Además, la consejera de Hacienda, Carolina España, recuerda que durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) ya se eliminó el impuesto sobre el patrimonio, al considerar que "recaía sobre las clases medias" y que "penalizaba el ahorro". Por tanto, y ante el cambio de parecer de los socialistas en el Gobierno, desde Andalucía se preguntan "¿qué ha cambiado?".