La apuesta de la Junta por la mediación ha convertido a Andalucía en un referente en esta materia al contar con medidas y servicios públicos pioneros reconocidos a nivel nacional. Nuestra comunidad se ha adelantado a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que obliga a acudir a un medio alternativo de resolución de conflictos (MASC) antes de interponer una demanda, con recursos que ofrecen a los andaluces facilidades para mediar y evitar los largos procesos judiciales. Es el caso del Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), creado en mayo de 2024 y cuya labor ha sido premiada en este tiempo por la Asociación Estatal de Mediación (Asemed), la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos o la Asociación Madrileña de Mediación (AMM).
El SEMPA, público y gratuito, está presente en las ocho provincias y desde su puesta en marcha ya ha evitado más de 3.400 juicios en los tribunales andaluces al propiciar acuerdos entre las partes. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ultima la creación de otro servicio público específico para la Mediación Civil y Mercantil (SEMCA), tras fomentar durante el año pasado la cultura de la mediación entre más de 500 empresas andaluzas mediante foros organizados con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.
Nuevos servicios y fomento de la cultura de mediación empresarial
El impulso a la mediación es uno de los ejes del Plan Estratégico de Justicia de Andalucía y forma parte de la apuesta por una Justicia más humana en la que se da una oportunidad al diálogo y el consenso frente al exceso de litigiosidad. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, defiende los beneficios de esta vía alternativa de resolución de conflictos que "además de ahorrar tiempo y costes y reducir la sobrecarga de los tribunales, es mucho más satisfactoria para las partes", ya que son ellas las que, guiadas por un mediador, cierran los términos del acuerdo.
Los PIMA y las facilidades para los ciudadanos
Además del SEMPA, desde 2021 en las principales sedes judiciales de las capitales y grandes ciudades, como Algeciras y Marbella, funcionan los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA) que ofrece a los andaluces orientación sobre cómo poner en marcha un proceso de mediación. Los ciudadanos también tienen a su disposición el Registro Andaluz de Mediadores donde poder elegir profesionales con formación especializada en esta materia.
Mediación gratuita y apoyo a profesionales
No obstante, quienes cumplen los requisitos para acceder a un abogado de oficio también pueden solicitarlo para que les asesore en este tipo de procesos. Andalucía fue la primera comunidad en incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita hace ya dos años. La Consejería de Justicia compensa el trabajo de los profesionales con 400 euros en caso de acuerdo y entre 25 y 75 euros en caso de que no se llegue al consenso.
Además, para impulsar la mediación en conflictos laborales ya judicializados, la Consejería de Justicia suscribió en diciembre de 2024 un convenio con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales para poder contar con bolsas de profesionales voluntarios a los que se puedan derivar pleitos laborales y dar una segunda oportunidad al diálogo.
Conciliación como alternativa complementaria a la mediación
Para Nieto, "abogados, procuradores y graduados sociales son aliados fundamentales en nuestra apuesta por la mediación, son pieza clave para que se opte por esta vía en lugar del juicio". Así, el pasado diciembre se firmó un convenio con Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para impulsar otro medio alternativo de solución de conflictos previsto en la Ley de Eficiencia como es la conciliación.
A diferencia de la mediación, donde son las partes las que acuerdan una solución propuesta por ellas, en la conciliación la solución se la propone el profesional con la aceptación de ambas partes. El convenio contempla que los colegios de abogados creen bolsas de profesionales con formación especializada para realizar conciliaciones y la Consejería de Justicia sufragará inicialmente hasta 10.000 sesiones en un año, repartidas entre los 11 colegios andaluces.
Por cada sesión el letrado conciliador recibirá 40 euros y 60 extra en caso de lograr el acuerdo. El profesional de la Abogacía podrá realizar un máximo de tres sesiones para cada asunto. En total, la Junta destinará 650.040 euros, incluyendo el pago a los colegios de los gastos de gestionar las bolsas de letrados conciliadores y justificar a la Consejería las sesiones realizadas y acuerdos cerrados.
Todas estas medidas hacen que Andalucía lidere el impulso de los medios alternativos de solución de conflictos, especialmente la mediación, que como reconoce el consejero de Justicia "requiere un cambio cultural para apostar por el diálogo frente al exceso de litigiosidad"