El lenguaje de jueces y magistrados en sus sentencias y autos no es fácil de discernir para cualquier persona sin conocimientos jurídicos, pero puede convertirse en un verdadero jeroglífico para quienes tienen problemas añadidos de comprensión por alguna discapacidad intelectual. Sin embargo, es imprescindible garantizar que entiendan documentos judiciales que afectan a sus derechos y regulan aspectos de su vida. Para ello, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública cuenta desde junio de 2023 con un servicio pionero a disposición de los juzgados para traducir a lectura fácil sus resoluciones cuando afectan a personas del colectivo. Una adaptación que realizan profesionales especializados y validan personas con discapacidad intelectual para garantizar la comprensión de la nueva versión.
En 2021 la Junta de Andalucía desarrolló un proyecto piloto de traducción a lectura fácil de fallos judiciales que fue galardonado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el Premio a la Calidad de la Justicia en la categoría 'Justicia más accesible'. En la legislatura actual, la Consejería de Justicia ha convertido la accesibilidad y humanización de la Justicia en uno de los ejes de su Estrategia de Justicia, poniendo al ciudadano en el centro. Y ha integrado este servicio entre las medidas del Plan de Humanización de la Justicia junto a la eliminación de barreras físicas o sensoriales en las sedes judiciales o la creación de la figura del facilitador judicial para acompañar durante declaraciones y juicios a personas con problemas de comprensión.
El Plan de Infraestructuras Judiciales contempla obras en muchas sedes para adaptar accesos y aseos a personas con movilidad reducida, instalar mostradores y señalética accesible, colocar bucles magnéticos en los servicios de atención al público para aislar el ruido y facilitar la audición a usuarios con implantes cocleares o recubrir pasillos e itinerarios de zonas públicas con suelo podotáctil para las personas con discapacidad visual.
Pero es necesario eliminar también las barreras cognitivas que dificultan a personas con discapacidad intelectual, demencia o problemas de comprensión entender los procedimientos judiciales y las resoluciones dictadas en ellos que les afectan. Sobre todo, desde la Ley 8/2021 que reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Se eliminó la incapacitación judicial y la tutela de adultos en favor de otro tipo de figuras de apoyo con poderes asistenciales, pero no representativos con el fin de promover la autonomía jurídica de las personas con discapacidad y el respeto a su voluntad y preferencias.
El servicio de traducción a lectura fácil es una de las herramientas puestas en marcha por la Consejería de Justicia para garantizar esa autonomía jurídica, facilitando la comprensión directa de documentos que les atañen. Desde junio de 2023 está a disposición de los jueces gracias a un contrato adjudicado a la entidad granadina Hospitalarias Fundación Purísima Concepción, que cuenta con varios centros y recursos de atención a personas con discapacidad intelectual y la Consultoría de Accesibilidad Cognitiva – InRed Conecta, que se encarga de este servicio.
A petición de los jueces
En este tiempo, han traducido a lectura fácil 74 documentos a petición de diferentes juzgados, principalmente de Sevilla, Cádiz y Granada. La mayoría son documentos sobre trámites procedimentales, pero también resoluciones dictadas por los jueces. En muchos casos se trata de procesos en los que se designan guardadores judiciales para representar los intereses de personas con discapacidad intelectual o se otorgan poderes concretos a un familiar o alguien de su entorno para actuar en su nombre en determinadas situaciones. También temas de herencias o provisión de medidas de apoyo y, en menor medida, casos en los que son víctimas o victimarios de delitos.
Son los jueces los que solicitan este servicio y remiten a la entidad los documentos a actuar, en algunos casos junto a informes médicos (garantizando la protección de los datos personales) o documentos sobre las medidas de apoyo dictadas para el usuario que concretan qué información tiene que quedarle clara.
La traducción a lectura fácil sigue una normativa y regulación específica. No usa pictogramas ni elementos gráficos tales como subrayados, guiones o tipografías de colores que, en contra de lo que puede parecer, distorsionan la comprensión. Se basa en sustituir términos técnicos por palabras sencillas, utilizar frases cortas y aclaraciones o glosas.
La adaptación es realizada por profesionales con formación especializada y, antes de enviarla al juzgado, se valida con equipos integrados por personas con discapacidad intelectual para garantizar que el texto resulta comprensible.
La traducción a lectura fácil de autos y sentencias, la figura del facilitador judicial para asistir a personas en declaraciones y juicios, el proyecto piloto de perros facilitadores en Huelva para tranquilizar a personas vulnerables cuando tienen que acudir a los juzgados o la extensión de equipamientos como las Salas Gesell donde víctimas vulnerables declaran acompañados de psicólogos y se graba su testimonio para que sirva como prueba preconstituida en un juicio forman parte de la apuesta por una Justicia más humana, accesible y cercana que lidera Andalucía.