Como los cuerpos estelares en los estertores previos a su extinción, el actual juez estrella de la progresía ha experimentado a lo largo de su carrera episodios recurrentes de incandescencia y debilitamiento en su fulgor según las circunstancias. Los mismos que ahora le aplauden y derraman lágrimas justicieras a su paso camino del banquillo, en tiempos del felipismo lo denigraban en público por haber intentado resolver una ecuación delictiva, identificando al líder máximo del socialismo español con la equis algebraica del crimen de estado. Son los mismos, exactamente los mismos, solo que ahora están más subvencionados.
Las agrupaciones en defensa de la llamada "Memoria Histórica" se ofenden porque Garzón esté en el banquillo respondiendo de presumibles delitos en la instrucción de un caso que les afecta, aunque sólo sea tangencialmente. No quieren justicia; es sólo que les molesta que se exija un mínimo rigor jurídico a los funcionarios que instruyen causas con las que se pretende legitimar el pasado tenebroso de la izquierda.
Aunque Garzón hubiera llevado hasta sus últimas consecuencias el caso de algunas desapariciones de personas durante la Guerra Civil y la dictadura posterior, es evidente que ya no cabe el castigo a los presuntos culpables por la sencilla razón de que todos han fallecido, como el propio juez, con gran perspicacia, dejó sentado tras exigir los correspondientes certificados de defunción.
Tampoco cabe exigir la reparación de agravios en la búsqueda de los cuerpos de los fusilados, a cuyo fin todos los españoles contribuimos cada año más que generosamente con nuestros impuestos para financiar las subvenciones anuales que trincan todos estos grupos organizados. Unas subvenciones, por cierto, de las que menos de la tercera parte se destina a la exhumación de cadáveres de los fusilados por el franquismo, señal de que o bien no hay demasiado interés en la tarea o no hay tantas fosas comunes que excavar como se pretende.
Han tenido durante casi ocho años a un presidente del gobierno tan revanchista como todos ellos, una ley que reescribe la Historia a su gusto y una carretada de millones de euros para financiar las actividades más sectarias. ¿Todavía exigen más? Poco frío pasan a las puertas del Supremo.