El Gobierno de Pedro Sánchez ni lo comenta. La orden es ignorarlo y ocultarlo. Pero lo cierto es que Canarias vive una nueva ola de pateras superior incluso a la registrada en pasados años. En concreto y hasta el 15 de julio, superior en un 27,49% a la vivida el pasado año en el mismo periodo de tiempo. La inmigración ilegal se dispara y roza ya las 10.000 personas llegadas a las costas españolas en Canarias en poco más de medio año. Todo ello, cuando se suponía que debía estar ya en vigor el hipotético pacto de control de inmigración alcanzado entre Sánchez y Marruecos después del regalo del Sáhara a Rabat.
El problema no se ha solucionado con la sumisión de Sánchez a las exigencias de Marruecos ni mucho menos. Ya no hay fotos como las del puerto de Arguineguín. Pero el número de inmigrantes llegados ilegalmente a Canarias es incluso superior al de años pasados. Y no se trata de un fenómeno aislado. La inmigración ilegal sigue creciendo en el conjunto de España. Los últimos datos hablan de incrementos hasta julio de casi un 2% con respecto a las cifras ya disparadas del pasado ejercicio.
Los datos están extraídos de las fuentes oficiales del Ministerio del Interior. Pero, por lo visto, ya no interesan. Y esas cifras apuntan a que, en lo que va de de año, son ya más de 15.000 los inmigrantes que han llegado ilegalmente a España por vía marítima o terrestre.
En concreto, a Canarias han llegado ilegalmente entre el 1 de enero y el 15 de julio un total de 9.308 inmigrantes, 2.007 más que en el mismo periodo del año anterior. Un 27,49% más.
Y la ruta estrella no siempre es el mar. A Ceuta, por vía marítima, han llegado 79 personas menos. Eso sí, a Melilla, han llegado 69 inmigrantes más en patera o con cualquier tipo de embarcación.
Pero por vía terrestre, a ambas ciudades autónomas, se ha disparado la llegada: crece en 658 personas, hasta alcanzar los 1.647 inmigrantes, un 66,53% más que en el mismo periodo de 2021.
El resultado final es un nuevo estallido de inmigración ilegal, que crece en toda España un 1,94% hasta llegar a las 15.002 personas entre el 1 de enero y el 15 de julio en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y el Gobierno, además, acaba de admitir que no mantiene control directo sobre su estancia y situación en España, como ha publicado Libertad Digital.
"En caso de imposibilidad de ejecutar la devolución, los inmigrantes irregulares son derivados a ONG" que, según el Gobierno, son "gestionadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones". Lo cierto es que salen de la órbita de control directa del Ministerio de Interior. Los datos han sido reconocidos por el Gobierno y por escrito a raíz de la solicitud de información por medio del Parlamento y requerida por el diputado y policía nacional Pablo Cambronero (ahora en el Grupo Mixto, antes en C’s).
Cambronero exigió esta información ante la evidencia de un descontrol sobre la inmigración ilegal, una situación que, además, se ha agravado desde la ruptura de los tratados de amistad con Argelia, que ha supuesto también la imposibilidad de devolver a los inmigrantes llegados de este país. Y lo que está ya totalmente claro es que el supuesto pacto con Marruecos que vendió Sanchez para controlar la inmigración ilegal ni está ni se le espera.