El Senador del Partido Popular por Gran Canaria y vicealcalde de Telde, Sergio Ramos, realizó este lunes acusaciones hacia el Gobierno de Pedro Sánchez sobre una medida tomada en tema de inmigración pero, la medida en cuestión, procedía en realidad del Ejecutivo Canario, del que su partido forma parte. Ramos profirió quejas y lamentaciones hacia las "desacertadas" medidas en materia de inmigración a raíz de la noticia de que el Gobierno había habilitado una antigua nave industrial del Parque Empresarial de Salinetas, en Telde, para albergar a un centenar de jóvenes migrantes de origen subsahariano sin previo aviso al Ayuntamiento del municipio.
Las autoridades locales se enteraron a través de la publicación de la noticia en un medio digital de la ciudad grancanaria. Este hecho, sirvió para que el senador canario acusase de "oscurantismo" al Gobierno central en materia de inmigración, que a su juicio, "no solo trata de ocultar la verdadera realidad de lo que sucede en Canarias con la inmigración irregular a través de mensajes tranquilizadores de sus ministerios, sino también de sus desacertadas actuaciones".
Ramos ha presentado un informe en el Senado solicitando al Ejecutivo central información sobre el estado del edifico donde se han alojado a los inmigrantes, así como si las instalaciones cumplen con todas las medidas de seguridad y habitabilidad necesarias para atender a las personas allí albergadas.
En realidad, la nave ha sido alquilada y adaptada por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, del que es vicepresidente el presidente regional del PP, Manuel Domínguez, para acoger a menores inmigrantes llegados a las islas estas últimas semanas. La creación de centros de acogida de urgencia como esta, se debe a la falta de medios e instalaciones por la saturación de los servicios, a lo que se añade el insuficiente compromiso de reparto de menores por el resto de comunidades autónomas. Por ello, se ha planteado un cambio en la legislación para reglar la derivación a la península.
En estos momentos, el Gobierno Canario tutela a más de 4.000 menores no acompañados, y prevé que en las próximas semanas lleguen muchos más dados los acontecimientos que se viven desde hace meses en los que cada día llegan embarcaciones ilegales al litoral canario.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este miércoles que ha dado orden a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para que elaboren un texto normativo, con rango de ley, para trasladarlo al Gobierno central acerca de la derivación obligatoria de los menores migrantes no acompañados.
Fondos europeos para la atención de los menores migrantes
El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, ha reclamado al Estado que los fondos europeos que se distribuyen entre las comunidades autónomas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España se usen también para la atención a los menores migrantes no acompañados.
Candil ha expresado que "hay que plantear que la distribución de los fondos que no podrán ser ejecutados a tiempo, para que se distribuyan entre aquellas administraciones que tengan capacidad para ejecutarlos, como es el caso de Canarias".
Ante esta situación, la Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, aprobó la orden de emergencia social desde el pasado 1 de agosto y se ha procedido a la apertura de nuevos dispositivos para la acogida y atención de menores.