El Gobierno de Canarias aprobó hace un mes un nuevo hito en la tramitación de la ley que regularía la vivienda vacacional en las Islas: la consulta pública y el trámite de audiencia, con la idea de que el anteproyecto vaya al Parlamento en septiembre y la normativa entre en vigor este año. Desde el pasado 3 de abril y hasta el 9 de mayo, la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas ha estado en exposición pública para atender las sugerencias que pudieran mejorar un texto "que afecta a toda la sociedad canaria", siendo este uno de los principales compromisos políticos del presidente canario, Fernando Clavijo.
Ya finalizado el trámite de audiencia y el periodo de información pública del anteproyecto, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha avanzado que su departamento comenzará a analizar las 2.987 alegaciones recibidas con el fin de estudiar su contenido e incorporar aquellas ideas que contribuyan a enriquecer el documento.
De León resalta que "el gran número de aportaciones presentadas muestra el interés que está generando la normativa y estamos muy contentos con la respuesta ciudadana", tal y como se demostró también en la fase de consulta pública previa, desarrollada entre el 26 de octubre y el 26 de noviembre de 2023, donde se recibieron un total de 5.083 aportaciones.
La responsable autonómica señala que "aunque faltan por contabilizar las que se han presentado por registro y a las que se ha dado trámite de audiencia, en un primer análisis de estas alegaciones se evidencia que hay un respaldo generalizado a que es necesario regular fenómenos como el del alquiler vacacional".
Entre las observaciones planteadas destacan las referidas a los porcentajes de reserva del suelo destinado al uso residencial, considerando que el 10% que plantea el anteproyecto es insuficiente. Por otro lado, la consejera apunta a otras alegaciones "que generan preocupación", como la referida a la posibilidad de destinar viviendas de protección oficial al uso turístico, algo que va en contra de su propia naturaleza.
En paralelo a la información pública y al trámite de audiencia, se han mantenido reuniones con los ochenta y ocho ayuntamientos, a través de la Federación Canaria de Municipios (FECAM); con los cabildos insulares y, de manera significativa, con las islas verdes de La Palma, La Gomera y El Hierro, así como con los colegios profesionales. A partir de este momento, se iniciará el proceso de clasificación y sistematización para dar una respuesta adecuada a las alegaciones recibidas.