Astrid Pérez exige reformas urgentes tras el demoledor informe de la Diputación del Común

La realidad social de las islas ha recibido un durísimo golpe de atención en sede parlamentaria. La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha recibido de manos de la diputada del común, Dolores Padrón, el Informe Anual 2025; un documento cualitativo que enciende de inmediato todas las alarmas en el archipiélago. Lejos de maquillar la situación, el texto desvela una cifra profundamente alarmante que sacude los cimientos de la comunidad: casi el 40% de los menores canarios se encuentra atrapado en el umbral de la pobreza infantil.

Por un lado, Padrón ha sido implacable al señalar los flagrantes 'incumplimientos' del Pacto por la Infancia firmado con Unicef, advirtiendo con total severidad que, si no se actúa con urgencia, "embargamos el futuro" de las próximas generaciones. De hecho, la Administración Pública carece del personal suficiente para implementar políticas efectivas, viéndose desbordada frente a las crecientes demandas en servicios esenciales como la salud mental, el refuerzo educativo y la atención sanitaria básica de los más vulnerables.

Planificación contra la ineficacia

Frente a las políticas reactivas del pasado, el nuevo informe exige una transformación radical hacia una estrategia de prevención. La Diputación del Común urge a dejar atrás las disputas partidistas y las herramientas del siglo pasado para crear un órgano transversal capaz de unificar todos los instrumentos públicos sobre el terreno.

Un canal de escucha blindado frente al caos burocrático

Por otra parte, a pesar de la gravedad de los datos de vulnerabilidad expuestos en el documento, el informe también arroja algunas métricas que defienden el trabajo de fiscalización y resolución institucional. Cabe destacar que la Diputación del Común ha logrado elevar hasta un meritorio 70% el porcentaje de quejas resueltas de la ciudadanía, forzando a la Administración Pública a responder. Asimismo, se ha registrado una notable reducción en el volumen de quejas ignoradas por las Consejerías, que ha caído del 19% al 10% gracias a la presión mediadora.

Como consecuencia de este desempeño, la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez (PP), ha querido poner en valor y agradecer públicamente la labor de la institución. A juicio de la Presidencia, el órgano actúa como una herramienta indispensable de garantía y defensa de los derechos de todos los tinerfeños y canarios en un momento de máxima asfixia burocrática.

Finalmente, el debate queda abierto de cara a las próximas comparecencias en el Parlamento, donde el control presupuestario y la reorganización de los recursos sanitarios y educativos serán los ejes clave para rescatar de la exclusión a miles de familias de la región.