La burocracia de la RIC no permite construir

El último intento del legislador por "orientar" la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) hacia el mercado inmobiliario mediante la Ley 6/2025, lejos de dinamizar la oferta, se ha convertido en un laberinto de inseguridad jurídica que asusta al capital. En un escenario de asfixia habitacional provocada, precisamente, por la hiperregulación y la falta de suelo, las trabas burocráticas y el sesgo ideológico de la norma amenazan con dejar el incentivo en papel mojado.

Así quedó patente en el foro "Claves, contexto y cambios fiscales de la RIC en 2025", organizado por Cajasiete y Prensa Ibérica en Santa Cruz de Tenerife. Durante el encuentro, el inspector de Hacienda del Estado, Roque Florido, desgranó los severos escolles y las lagunas que plagan el nuevo texto legal. Una vez más, el afán de control de la administración funciona como un freno de mano para la iniciativa privada.

La trampa del "fin social" y los plazos confiscatorios

La reforma, que sobre el papel permite reducir la base imponible del Impuesto sobre Sociedades hasta en un 90% a cambio de destinar esos beneficios a inmuebles de alquiler residencial, nace viciada por la desconfianza hacia el inversor. El marco actual impone que las viviendas permanezcan en el mercado de arrendamiento un mínimo de cinco años y que se alquilen en un plazo obligatorio de seis meses desde su adquisición.

Desde la óptica funcionarial, se critica que tras ese lustro los propietarios puedan disponer libremente de sus activos, ya sea para la venta o para el legítimo negocio vacacional, tildando de "insuficiente" el retorno social. Sin embargo, la realidad económica demuestra lo contrario: obligar a mantener el capital cautivo de forma indefinida solo consigue expulsar a los promotores del mercado. Ningún operador privado asume el riesgo constructivo si el Estado pretende confiscar de facto la libre gestión de su propiedad a largo plazo.

Del mismo modo, la obsesión de la izquierda por la "justicia distributiva" ha llevado a criticar que la norma no excluya las llamadas viviendas de lujo. Un error de bulto: la inversión en inmuebles de alto nivel genera empleo, dinamiza el sector de la construcción en las Islas y, por vasos comunicantes, alivia la presión general del mercado inmobiliario. Tratar de compartimentar el ahorro fiscal bajo criterios puramente morales solo reduce la efectividad de la RIC.

Lagunas jurídicas: el castigo al dinamismo del mercado

La maraña redactada por el legislador deja demasiados flancos abiertos, un terreno abonado para la arbitrariedad de la inspección tributaria que paraliza cualquier toma de decisiones en el archipiélago.

La norma exige que los inmuebles constituyan el "domicilio habitual" del inquilino, dejando en el limbo legal y desprotegidos los alquileres temporales por motivos laborales o de estudios, fórmulas indispensables para la economía flexible de hoy.

Se persigue con saña la "vinculación", impidiendo que un empresario pueda materializar la RIC construyendo viviendas para arrendar a sus propios empleados o a familiares, una restricción absurda que estrangula fórmulas eficientes de retribución y bienestar corporativo. Persisten severas dudas técnicas sobre si el incentivo cubre la compra de suelo o el mobiliario, lo que añade un extra de riesgo que los comités de inversión prefieren no asumir.

Desde el año 2007, la actividad inmobiliaria dentro de la RIC ha estado sometida a un severo corsé bajo el pretexto de que es "intensiva en el uso del suelo". Casi dos décadas de restricciones artificiales han secado la oferta de vivienda en Canarias, demostrando el fracaso del intervencionismo.

El ahorro canario debe quedarse en el sector privado

Frente a las tentaciones de la administración de canalizar estos fondos hacia la compra de deuda pública canaria, lo que significaría detraer recursos productivos para engordar el gasto político, el tejido empresarial defiende la esencia original de la herramienta. Así lo apuntó la directora de Empresas de Cajasiete, Esther Clemente Bello, al recordar que la RIC debe ser una palanca para que "una parte del esfuerzo empresarial se quede aquí".

Para que la vivienda vuelva a ser accesible en Canarias no se necesitan más parches fiscales hiperregulados ni "orientaciones sociales" que ahuyenten a los promotores. La solución pasa por la seguridad jurídica, la liberalización del suelo secuestrado por los ayuntamientos y un marco fiscal atractivo que permita a los creadores de riqueza operar sin el temor a que el inspector de turno cambie las reglas del juego a mitad de la partida. Mientras la RIC siga encadenada a la desconfianza ideológica, el parque de vivienda seguirá sin "engordar".