La Junta de Castilla y León ha anunciado este viernes que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obliga al Gobierno autonómico a desmantelar la estación de esquí de Navacerrada en la parte de la provincia de Segovia por su impacto ambiental.
El consejero de la Presidencia del Gobierno autonómico, Luis Miguel González Gago, ha señalado a preguntas de los periodistas en Zamora que aunque la sentencia es extensa y aún la están estudiando, la van a recurrir y como primer motivo ha argumentado que resulta "indispensable la defensa de lo que es la idiosincrasia autonómica".
También ha aludido a la posición del Estado, que únicamente ha impugnado en España la continuidad de esta infraestructura de nieve, algo que ha asegurado no entender, ya que la protección medioambiental del entorno se ha conseguido "estando en funcionamiento y vigentes las pistas de esquí", por lo que en su opinión no es entendible que se aluda a su "afectación especial". Del mismo modo, ha hecho referencia a la importancia económica desde el punto de vista turístico y empresarial de esa infraestructura para la zona de Segovia en la que se ubican las pistas.
"Continuos ataques del Estado"
"Desde el Gobierno regional les vamos a defender hasta que podamos, porque creemos que es justo y necesario", ha declarado González Gago, quien ha agregado que no pueden estar pendientes de "continuos ataques del Estado que lo único que buscan, bajo una excusa medioambiental, es que no tengamos futuro como Comunidad Autónoma en los sectores que nos interesan".
El conflicto surgió cuando la empresa concesionaria de la estación de esquí de Navacerrada solicitó del organismo público Parques Nacionales la renovación de su concesión, y a la Junta de Castilla y León, que el cómputo del tiempo de concesión se interrumpiera por el mismo tiempo que duraron las medidas derivadas de la pandemia de la COVID-19.
En ese momento, el organismo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, requirió a la Junta de Castilla y León para que fuera ella quien declarara la caducidad del título de concesión, que había otorgado el Ministerio 25 años antes, y que fuera la Administración autonómica la que se ocupara del desmantelamiento de las instalaciones. La Junta de Castilla y León declaró su falta de competencia para resolver las solicitudes de la empresa concesionaria y de Parques Nacionales.
La sentencia del TSJ
El TSJ de Castilla y León, sin embargo, ordena a la Junta declarar el cierre de las pistas de esquí de Navacerrada, rechazando que deba ser el Ministerio que otorgó la concesión el que se pronuncie sobre la petición de la empresa.
El fallo no solo ordena a la Administración autonómica la tramitación de la solicitud, sino que ya impone el resultado de ese procedimiento al condenar a la Junta "a declarar –previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, con audiencia de los interesados– la caducidad del título concesional, con la determinación de los pronunciamientos correspondientes en materia de liquidación del estado posesorio y de retirada de las instalaciones y de restauración de la realidad física alterada". También requiere a la Junta de Castilla y León pronunciarse sobre la solicitud de interrupción temporal del cómputo del plazo de duración (o prórroga) como consecuencia de los efectos derivados de la pandemia COVID-19.
El Gobierno regional defiende la continuidad de la estación
Desde el Gobierno de Castilla y León, se apunta que de las más de 30 zonas de pistas de esquí existentes en España, el organismo autónomo Parques Nacionales ha buscado el cierre de las ubicadas en Navacerrada, sin causa medioambiental ni social que lo justifique, ya que durante la vida de la concesión y con la estación de esquí en funcionamiento han existido figuras de protección y se han aprobado instrumentos normativos de gestión, que además no existían en el momento de otorgar la concesión en 1996.
Ni uno solo de todos esos instrumentos prohíbe la práctica del esquí ni la existencia en sí de la estación, que existe desde hace casi 90 años, y no han impedido que el entorno haya podido reunir las condiciones para poder ser declarado Parque Natural primero, su entorno Nacional después, e incorporarse a la Red Natura 2000 y a la Red de Reservas de la Biosfera.
El Gobierno de Castilla y León apunta que siempre han defendido un desarrollo sostenible, pues la existencia de la estación de esquí en Navacerrada garantiza para todos los municipios colindantes de la provincia de Segovia un crecimiento económico sostenible y una forma de atraer y fijar población. Para hacer valer esos principios, la Junta de Castilla y León interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el fallo.
Titularidad de los Montes de Valsaín
El consejero también ha anunciado este viernes que "se va a solicitar la transferencia de la titularidad de los Montes de Valsaín y todos los recursos asociados a la Comunidad de Castilla y León, pues no tiene sentido y explicación que el Gobierno sea titular de más de 10.000 hectáreas de monte público en Castilla y León, que actualmente son gestionados por la Junta y debe hacerlo también desde la titularidad del mismo, máxime cuando la Administración General del Estado se muestra como de fuera y lejana al sentir e interés público y general de Castilla y León", ha indicado.