Castilla y León responde a la crisis energética con un plan de 286,7 millones de euros

El encarecimiento del petróleo, el gas y los insumos básicos está golpeando con fuerza los bolsillos de los ciudadanos y la viabilidad de muchos negocios. Ante esta realidad, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un ambicioso paquete de 28 medidas estructuradas en siete bloques estratégicos, con un impacto estimado de 286,7 millones de euros, para amortiguar el efecto de la crisis.

Las medidas abarcan desde la financiación para empresas y autónomos -con líneas de hasta 750.000 euros y bonificaciones de hasta el 2,5 %- hasta rebajas fiscales directas en la factura de la luz y los carburantes. En este sentido, la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2026 supone una reducción del IVA del 21 % al 10 % aplicable a la electricidad, el gas natural y los hidrocarburos, así como una drástica rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que pasa del 5,1 % al 0,5 %. Una rebaja fiscal cuyo impacto total en la Comunidad se estima en 117,4 millones de euros, cifra que convierte este bloque en el de mayor peso económico de todo el plan.

De las Pymes a la agricultura

El sector empresarial, motor de la economía regional, cuenta con un bloque propio dotado con 113 millones de euros. Además de las líneas de financiación para hacer frente a la subida de costes, se han habilitado instrumentos específicos para impulsar la internacionalización de las Pymes, con préstamos de hasta 500.000 euros en condiciones preferentes, y para fomentar la inversión en sistemas de autoconsumo energético que reduzcan la dependencia de los hidrocarburos. Las empresas que ya tenían operaciones de financiación con la Junta podrán además renegociar sus condiciones, ampliando plazos de carencia para ganar margen en un momento especialmente exigente.

El sector agrario, pieza vertebral de Castilla y León, tampoco queda al margen. Se incrementan las cuantías del Instrumento Financiero del Plan Estratégico de la Política Agraria Común en 6,4 millones de euros, lo que permitirá cerrar operaciones de préstamos garantizados por valor de hasta 40 millones, y se amplía la bonificación en seguros agrarios para jóvenes agricultores, que pasa del 10 % al 25 %, un guiño directo al relevo generacional en el campo.

Economía resiliente

Pero el plan no se limita al ámbito económico o fiscal. La Junta ha puesto también el foco en el empleo, destinando 7 millones de euros a programas de cualificación vinculados a sectores estratégicos como el digital, el energético, el biosanitario o la logística, así como a iniciativas de atracción y fidelización del talento joven. Una apuesta que combina la respuesta inmediata a la crisis con la construcción de una economía más resiliente y preparada para el futuro.

En materia de movilidad, se refuerzan las rutas Buscyl para que el incremento del precio de los combustibles no deje a nadie sin transporte, con una dotación de 5 millones de euros orientada tanto a ampliar servicios como a compensar el mayor coste operativo de las líneas existentes. Un esfuerzo especialmente relevante en una comunidad donde la dispersión territorial hace del transporte colectivo un servicio verdaderamente esencial.

Bonificaciones y servicios públicos de calidad

Además, se destinan 33,3 millones de euros a medidas de eficiencia y ahorro energético que van mucho más allá del corto plazo. Se contemplan ayudas a empresas industriales y del sector terciario, la implantación de autoconsumo renovable en edificios públicos y un decidido impulso a la biomasa autóctona y a las redes de calor urbanas, con bonificaciones del 100 % para comunidades de propietarios que se conecten a estas infraestructuras.

Finalmente, la Junta ha previsto 10 millones de euros para garantizar que el encarecimiento de bienes y servicios no comprometa la calidad de los servicios públicos, asegurando que obras, suministros y contratos de la Administración puedan ejecutarse con normalidad pese al contexto inflacionario.

Es un plan que busca, ante todo, que ningún ciudadano, ninguna empresa y ningún agricultor de Castilla y León tenga que enfrentarse solo a las consecuencias de la crisis que azota al mundo entero.