Juan Carlos I demanda a Miguel Ángel Revilla por calumnias y le reclama 50.000 euros

El Rey emérito Juan Carlos I ha decidido demandar al que fuera presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a través de la boutique legal Novalex, el mismo que lleva los asuntos judiciales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. La letrada Guadalupe Sánchez Baena ha enviado un comunicado en representación de S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón donde explica los puntos de la demanda:

1) S. M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón me ha encomendado su representación y defensa en el ejercicio de las acciones civiles de protección del derecho al honor previstas en la legislación española contra D. Miguel Ángel Revilla Roiz, diputado del Parlamento de Cantabria y expresidente del Gobierno autonómico de esa comunidad.

2) Estas acciones judiciales tienen como objeto una serie de declaraciones realizadas públicamente por D. Miguel Ángel Revilla Roiz ante distintos medios de comunicación, entre los meses de mayo del año 2022 y enero del año 2025, en las que calumnió gravemente a mi representado y se refirió a él empleando expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho fundamental al honor (art. 18.1 de la Constitución Española).

3) Con carácter previo a la interposición de la correspondiente demanda, y con la exclusiva finalidad de facilitar a D. Miguel Ángel Revilla Roiz la consecución de un acuerdo que evite el litigio, se ha formulado solicitud de celebración de acto de conciliación ante los juzgados de primera instancia de Santander.

4) Además de solicitar la rectificación a través de los mismos medios y de manera pública de las expresiones calumniosas e injuriosas lesivas para su honor, mi representado reclama a D. Miguel Ángel Revilla Roiz una indemnización por los daños morales causados que asciende a CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €), que serán donados íntegramente a la confederación oficial de entidades caritativas y social de la Iglesia católica (Cáritas España).

Fuentes de Zarzuela han señalado a EFE que se trata de "una iniciativa personal del rey emérito a través de sus abogados privados y sobre la que la Casa Real no ha sido consultada".