El Gobierno danés se disculpó formalmente y acordó pagar compensaciones por las esterilizaciones forzadas impuestas a mujeres inuit entre las décadas de 1960 y 1990, un capítulo oscuro de la historia compartida de Dinamarca y Groenlandia. Llevado a cabo principalmente entre 1966 y 1971, el programa de control poblacional conocido como la "campaña de la espiral" afectó a unas 4.500 mujeres y niñas inuit, la mitad de todas las mujeres fértiles de la isla. Las afectadas, muchas de ellas menores de edad, recibieron dispositivos intrauterinos (DIU) sin su consentimiento o conocimiento ni el de sus padres.
Muchos de los procedimientos de inserción se realizaron durante el horario escolar, y niñas de tan solo doce años fueron enviadas al hospital para someterse a exámenes, de los que regresaron con la espiral metálica en su cuerpo. Según un informe independiente publicado en septiembre de 2025, más de 350 mujeres reportaron complicaciones de salud, como infecciones graves, infertilidad y traumas psicológicos.
La iniciativa, impulsada por las autoridades danesas para frenar el crecimiento demográfico en Groenlandia –entonces una provincia danesa–, se extendió hasta 1991 con menor intensidad, afectando a miles de mujeres más. ¿La razón? Reducir gastos en servicios públicos: Groenlandia dejó de ser oficialmente una colonia en los años 50, pero a partir de entonces ha sido una provincia que vive principalmente de los subsidios. Y fue muy efectivo: los nacimientos se redujeron a la mitad a comienzos de los 70 para aumentar ligeramente a partir de ahí. Después de que el Gobierno local recibiera las competencias sanitarias, se dieron algunos casos aislados más, pero estos abusos dejaron de ser sistemáticos.
En diciembre de 2025, Dinamarca anunció compensaciones de 300.000 coronas danesas (unos 40.000 euros) por víctima, tras una demanda colectiva de 143 mujeres. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó el programa de "discriminación sistemática" en una ceremonia en Nuuk, la capital groenlandesa, reconociendo que "no podemos cambiar lo sucedido, pero sí asumir la responsabilidad".
Para algunos políticos en Groenlandia y algunos académicos, este programa entraría dentro de la definición aceptada de genocidio, que incluye "la imposición de medidas destinadas a prevenir los nacimientos", realizada "con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso." También hay argumentos en contra que concluyen que esta campaña no calificaría como genocidio ya que la intención no era destruir a los inuit sino reducir el crecimiento de su población.
Aunque este es el caso más grave, no es la única discriminación de la que se quejan los ciudadanos de Groenlandia. Por ejemplo, hasta que se ampliaron las competencias del Gobierno local en 1992, los daneses venidos de fuera que trabajaban en el sector público de la provincia recibían salarios más altos que los nativos por el mismo trabajo. Esto, unido a que los inuit sufren de tasas mayores de drogadicción, pobreza y desempleo –el 9% de las personas sin hogar son groenlandeses, pese a ser menos del 1% de la población–, ha llevado a un resentimiento que ha desembocado en un apoyo casi unánime a la independencia, solo frenado por las dificultades económicas de supervivencia sin el apoyo económico danés. Y las geopolíticas de quedar a merced de los grandes poderes mundiales, naturalmente.