En medio del complicado momento que atraviesan muchos españoles por el incremento de la 'inquiokupación', Marisa Martín Blázquez reveló hace unas semanas la difícil situación que están viviendo ella y Antonio Montero con el inquilino de una vivienda de su propiedad en Torrelodones. El arrendatario, que reside en el inmueble desde 2023, dejó de abonar el alquiler y, tras intentar sin éxito alcanzar un acuerdo amistoso para que abandonara el piso —adquirido en su día como inversión y respaldo económico ante la inestabilidad laboral en televisión—, la pareja se vio obligada a recurrir a la vía judicial para recuperar la vivienda.
Este miércoles, ambos se desplazaron a Sevilla para acompañar a Raquel Bollo en la presentación de su nueva colección de moda flamenca. Allí, y con optimismo tras conocer la fecha del juicio, ofrecieron la última hora sobre el proceso.
Marisa explicó que, en su caso, se trata de inquilinos que inicialmente pagan, pero que en un momento dado dejan de hacerlo. Subrayó que es una situación delicada, ya que ella cumple con todas sus obligaciones fiscales: paga impuestos al adquirir la vivienda, el IBI, la comunidad y los suministros. Defendió que, si la vivienda es un derecho fundamental recogido en la Constitución, deberían destinarse los impuestos a crear vivienda social para personas vulnerables, y no recaer esa responsabilidad en propietarios particulares. Además, aseguró que sus inquilinos no se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Indignada, la periodista afirmó que no considera justo tener que sostener ni a personas vulnerables ni, menos aún, a quienes no lo son. Recordó el esfuerzo que supone pagar una hipoteca y mantener una propiedad, y lamentó no poder disponer de su vivienda cuando podría necesitarla, por ejemplo, para su hija, mientras sigue afrontando todos los gastos e impuestos asociados.
Según desveló, el juicio está fijado para el próximo 2 de marzo. Aunque confía en que la resolución sea favorable, reconoce incertidumbre ante cómo se están desarrollando este tipo de casos. También cuestionó la situación económica del inquilino, apuntando que, por su apariencia y nivel de vida, no parece tener dificultades que justifiquen el impago.
Por su parte, Antonio Montero explicó que se enteró por la prensa de que el inquilino habría comunicado su intención de marcharse el 1 de mayo, algo que, según asegura, no les había trasladado directamente. Señaló que, aunque en un primer momento se habló de una deuda de 18.000 euros, la cantidad real superaría los 24.000 euros.
Montero expresó su malestar por lo que considera una falta de protección institucional hacia los propietarios que cumplen con sus obligaciones. El colaborador de televisión confesó que no son grandes propietarios, sino trabajadores que han conseguido sus bienes con esfuerzo, y criticó que, pese a pagar impuestos y afrontar inspecciones, no sientan respaldo ante situaciones como esta.
Además, recordó que no es la primera vez que tienen problemas con ese inmueble. En el pasado, otro inquilino permaneció tres años sin pagar y dejó la vivienda en muy mal estado, obligándoles incluso a contratar una empresa de limpieza especializada. Por todo ello, reconoció que se plantean vender el piso para evitar volver a atravesar una experiencia similar.