El Gobierno se ha comprometido a presentar un proyecto de ley de grandes simios en el plazo de tres meses a contar desde el momento en el que la ley de Bienestar Animal se publique en el BOE. Aunque la disposición adicional que recoge esta obligación no especifica ni el objetivo ni el contenido de esta ley de grandes simios, todo apunta a que PSOE y Podemos pretenden recuperar y ampliar el reconocimiento de derechos exclusivos de los seres humanos para gorilas, chimpancés, orangutanes y bonobos: "el derecho a la vida, a la libertad individual y a no ser torturados".
El reconocimiento de estos derechos propios de los humanos a los grandes simios "es imposible" e incluso supondría "el colapso civilizatorio" en opinión del doctor y profesor de Filosofía Íñigo Ongay de Felipe, autor de la tesis doctoral, dirigida por el profesor Gustavo Bueno Sánchez, contra el proyecto "Gran simio", una iniciativa promovida en 1993 por un grupo de científicos, entre ellos Jane Goodall, para ampliar la "comunidad moral" de los humanos a los grandes simios.
El proyecto Gran Simio "se planteó como el primer paso de un proceso mucho más ambicioso y que tendría como objetivo final la extensión de esos derechos a todos los animales", explica Ongay. Conceder a los animales el derecho a la vida, a la libertad individual y a la libertad frente a la tortura, "si se plantea en serio y no como un brindis al sol, no es ni bueno ni malo. Simplemente es imposible e implicaría el colapso civilizatorio".
El derecho a la libertad individual implicaría el fin de los zoos y las granjas; el derecho a la vida nos convertiría a todos en vegetarianos; y, por último, el derecho de protección frente a la tortura se interpreta como la eliminación del uso de animales en la investigación biomédica, algo que a día de hoy es imposible por motivos de seguridad. La investigación con animales en España está sumamente regulada y se rige por la normativa aprobada en 2010 por la UE que promueve la aplicación del principio de las tres ‘R’: Reducir la cantidad de animales usados; refinar los métodos empleados para mejorar el bienestar animal; y por último, reemplazar los animales por cultivos celulares o simulaciones informáticas.
Conceder esos derechos a los animales "es una iniciativa imposible si se interpreta en su sentido más estricto o bien una iniciativa redundante si se interpreta en su sentido más genérico, en el de un brindis al sol que va en la línea de ‘no’ al maltrato", algo que ya se reconoce y se castiga penalmente en la Ley de Bienestar Animal aprobada recientemente por el Congreso. "Es una iniciativa puramente idealista o voluntarista, porque por si misma es imposible".
¿Pueden tener derechos humanos los simios?
En opinión del profesor Ongay, "a nivel conceptual, la idea de que los simios antropoideos no humanos puedan tener derechos es también muy problemático" porque "los humanos tenemos derechos en cuanto somos miembros de una sociedad y estamos cubiertos por un código jurídico que nos otorga una serie de derechos y deberes". Pero "los simios no son ciudadanos de ningún país y tampoco son personas jurídicas". De hecho, pertenecen a sociedades (si podemos llamarlo así) "donde no hay derechos, ni leyes".
Otro de los temas relevantes de este debate es la cuestión de si los animales tienen ética. Los chimpancés pueden castigar a otros chimpancés por violar ciertas normas del orden social. En un experimento, un perro recibe premios por dar la pata mientras que un segundo no recibe premios por el mismo trabajo, así que decide dejar de participar en el experimento por "aversión a la desigualdad", según las investigadoras. De forma similar, un experimento recogido en la revista Nature señala que las primates de capuchino rechazaron un trozo de pepino cuando observaron que otras hembras habían recibido un premio más valioso (uvas) por el mismo trabajo o por un menor esfuerzo.
Ongay explica que "algunos primatólogos atribuyen comportamientos protoéticos a los animales, como la empatía o un sentido de la equidad, pero no ética ni moral". Esto, señala, "es normal teniendo en cuenta la teoría de la evolución, porque al fin y al cabo la ética humana tiene que venir de alguna parte". Sin embargo, "la ética no es solo esto, sino un sistema de normas basadas en una historia y una filosofía que no puede reducirse a comportamientos paralelos en el mundo animal, del mismo modo que tampoco tienen arquitectura porque un termitero es una cosa y un rascacielos es otra".
Una ley de Bienestar Animal "armonista" y "diletante"
Cuestionado sobre la ley de Bienestar Animal aprobada recientemente en el Congreso, Ongay señala que es una ley "mal hecha, diletante, con consecuencias que no están muy bien pensadas". El principal motivo es que se trata de una norma "configurada desde una perspectiva filosófica armonista" que cree que "el bienestar de cada animal es compatible con el bienestar del resto cuando lo característico del mundo animal es la competitividad darwiniana", critica.
Incluso, señala, "el bienestar de esos animales pude ser incompatible con el bienestar humano en sí". Y pone el foco en la "guerra evolutiva" que mantienen ratas y humanos desde hace siglos: "Las ratas y los humanos estamos entreverados. La rata es una especie sinantrópica que no puede vivir sin los hombres, pero a la vez nosotros tenemos que reducir sus poblaciones constantemente porque si no, no podemos vivir nosotros".
"Tengo que la impresión de que la ley de Bienestar Animal está presuponiendo de una manera armonista que el bienestar de las especies puede, sin más, acumularse armoniosamente. Pero no es así porque a veces los intereses de unas especies están enfrentados a los de otra, porque lo que es bienestar para unos, es malestar para otros". La humanización de los animales desde una perspectiva infantil en la que el lobo abreva junto a la gacela "es quizá una de las direcciones más evidentes de nuestra cultura actual y supone desconocer la clave misma del proceso evolutivo: la competencia darwiniana", explica Ongay.
Todo empezó con Zapatero
En mayo de 2006, el PSOE ya presentó una Proposición No de Ley en el Parlamento para reconocer "el derecho a la vida, a la libertad y a no ser torturados" a todos los grandes simios.
El debate sobre los derechos humanos de los monos llegó al Congreso dos años más tarde, en junio de 2008. Todos los grupos parlamentarios salvo el PP votaron a favor de la iniciativa y el Gobierno se comprometió a adherirse al Proyecto Gran Simio y a adecuar las leyes españolas a los principios que defiende este grupo surgido en el año 1993.
Sin embargo, aquella declaración de buenas intenciones quedó en un simple brindis al sol hasta febrero de 2013, cuando el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que "prohíbe expresamente" la experimentación con los grandes simios. También estableció las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados para la experimentación y otros fines científicos incluida la docencia.