Nuevo director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, tendrá que abordar durante esta legislatura una serie de temas espinosos que dejó pendientes de resolver su antecesor en el cargo, Sergio García Torres. El primero, y más acuciante, de todos ellos es el desarrollo reglamentario de la ley de Bienestar Animal.
Durante los próximos meses tendrá que resolver, por ejemplo, cuáles son los contenidos del curso de formación en tenencia responsable obligatorio para todos aquellos que tengan perro. Sucede lo mismo con el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. La ley dice que debe incluir en su cobertura a las personas responsables del animal, "por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente".
Además de la creación de múltiples órganos estatales de dirección, coordinación y participación, así como los registros centralizados de mascotas, núcleos zoológicos y protectoras, otro de los puntos que tendrá que resolver Becerra es la creación de la figura del "criador registrado". Según la ley, los "criadores registrados" son los únicos que podrán criar cachorros sin tener que afrontar multas de hasta 200.000 euros. El problema es que, por el momento, esa figura no existe.
Listado positivo y expropiaciones
Sin duda uno de los aspectos que más críticas ha suscitado en esta ley para los propietarios de animales exóticos es la creación del listado positivo de animales que podrán tenerse como animales de compañía. El gobierno tiene que aprobar el reglamento sobre el listado positivo antes del 29 de septiembre de 2025 y, desde entonces, se ha dado un plazo máximo de 30 meses para determinar qué animales quedan dentro de listado y cuales quedan prohibidos definitivamente.
Pero además del listado positivo, Becerra también tendrá que lidiar con las consecuencias de la expropiación de animales ya prohibidos en la ley animalista, como los reptiles de más de dos kilos en estado adulto. Según la ley, sus propietarios tienen hasta el 29 de marzo para delatar a sus "seres sintientes" ante las "autoridades competentes" para que las trasladen a "centros de protección de animales silvestres, zoológicos o entidades de protección animal".
Otro de los quebraderos de cabeza para Becerra será la financiación de la propia ley animalista. La norma obliga a los ayuntamientos a disponer de un servicio de urgencias 24 horas para animales. También les obliga a crear un plan de gestión de colonias felinas que incluya, entre otros puntos, la recogida de todos los gatos callejeros, su desparasitación, su esterilización y el retorno a sus lugares de origen, así como su alimentación y cuidados posteriores. Y a los ayuntamientos no les salen las cuentas. Si no se aumenta la partida de ayudas con dinero público, la ley animalista corre el riesgo de quedar en papel mojado.
Y finalmente, Becerra tendrá que abordar también la elaboración del proyecto de ley de grandes simios, que el anterior secretario general de Derechos de los Animales se comprometió a presentar antes de este 29 de diciembre. Aunque no se ha avanzado en qué consistiría esa ley, todo apunta a que la idea es que gorilas, chimpancés, orangutanes y bonobos ostenten derechos que hasta ahora solo tienen reconocidos los seres humanos: el derecho a la vida, a la libertad individual y a no ser torturados.