Este 29 de marzo finaliza el plazo para que los propietarios de las mascotas consideradas ilegales en la Ley de Bienestar Animal se autodenuncien ante las autoridades y estas procedan a incautarse de los animales. En estos seis meses de plazo que contemplaba la norma, en un país con 48,5 millones de personas, nadie se ha denunciado a sí mismo "voluntariamente" según los datos facilitados por algunas Comunidades Autónomas a Libertad Digital.
La disposición transitoria segunda de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, propuesta por el PSOE, obliga a los propietarios de los animales venenosos, reptiles de más de dos kilos de peso (excepto tortugas), primates y mamíferos silvestres que superen los 5 kilos en estado adulto a denunciar a sus mascotas a las Comunidades Autónomas para que procedan a trasladarlas a centros de protección animal.
Libertad Digital se ha puesto en contacto con las consejerías competentes en materia de Bienestar Animal de las Comunidades Autónomas. Todas las que han contestado coinciden: no hay ni un ciudadano que haya decidido denunciarse a sí mismo y entregar a sus animales.
Nadie se ha denunciado
Los gobiernos de Murcia y Cantabria ofrecen respuestas casi idénticas: "A fecha de hoy no tenemos constancia de que ningún propietario haya entregado sus animales considerados ilegales a las autoridades competentes". Lo mismo sucede en Cataluña: "La Sección de Protección de Animales de Compañía informa de que, a día de hoy, no ha recibido ninguna comunicación de entrega de animales que se encuentran dentro de la disposición transitoria segunda".
La Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia afirma lo siguiente: "Por el momento no hemos recibido ninguna comunicación en firme para formalizar la entrega de animales sino únicamente consultas de algunos propietarios con dudas en relación con la aplicación de esa disposición transitoria segunda", ha afirmado
También añaden que "se trata de una cuestión introducida en la Ley de Bienestar Animal que está generando mucha inquietud entre los propietarios de animales de compañía por la falta de claridad de la norma". Precisamente por esto, explican, "está previsto que próximamente se celebre una reunión entre el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, con representantes de las comunidades autónomas para tratar, entre otros aspectos de esta norma, la aplicación de esa disposición transitoria segunda".
Dudas y confusión
En Andalucía tienen un buen carajal. Libertad Digital realizó una solicitud de acceso a la información a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. En su contestación señalaron que la Consejería de Interior es quien tiene las competencias en Bienestar Animal. Redirigimos la pregunta a esta consejería, donde nos volvieron a derivar a Medio Ambiente. Y así, hasta en tres ocasiones. Vuelva usted mañana.
Desde el buzón de información de la Junta de Extremadura comunican que no disponen en sus bases de datos de la información solicitada. Y el Gobierno de Aragón directamente reconoce que están empezando a conocer la situación por indicaciones del Ministerio de Derechos Sociales: "Ese tema lo estamos empezando a trabajar recientemente por indicaciones del Ministerio correspondiente y lo primero es conocer la situación, así que de momento no hay datos".
En cualquier caso, a la espera de que se celebre la reunión entre Becerra y las Comunidades Autónomas para aclarar este punto, nadie tiene muy claro qué va a pasar a partir de este 29 de marzo con los animales que quedan ilegalizados según la disposición adicional segunda de la ley de Bienestar Animal.