El Gobierno propone un "Ministerio de la Verdad" climático en su nuevo pacto ecológico

El pasado 17 de diciembre de 2025, el Gobierno presentó la Propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, un documento que aspira a convertirse en una hoja de ruta permanente para la acción pública en España. No es un plan sectorial ni un catálogo técnico limitado: el propio texto lo define como un marco integral, transversal y estable, diseñado expresamente para mantenerse al margen del ciclo político

El Pacto se articula en 15 ejes de actuación que abarcan desde energía, agua, bosques, agricultura o salud hasta educación, fiscalidad, gobernanza y comunicación. Bajo el paraguas de la emergencia climática, el documento propone una reorganización profunda de prioridades públicas, estructuras administrativas y flujos de financiación.

En ese contexto, la mayor parte del debate podría situarse en el terreno habitual: costes económicos, eficacia real de las medidas, solidez de los modelos climáticos o impacto social de la transición ecológica. Sin embargo, uno de los ejes rompe claramente con ese marco técnico.

Es el Eje 12, titulado sin ambages "Lucha contra la desinformación climática".

El Eje 12: cuando el problema ya no es el clima

A diferencia del resto, el Eje 12 no aborda incendios, sequías ni emisiones de CO₂. Se centra en la información, el discurso público y la legitimidad de las narrativas climáticas.

El texto sostiene que la desinformación constituye un obstáculo directo para la cultura cívica, que erosiona la confianza en la ciencia y que, en situaciones de emergencia, puede generar confusión social y comportamientos contraproducentes. En términos generales, el diagnóstico resulta razonable: los bulos existen y pueden causar daños reales.

La cuestión no está en el qué, sino en el cómo y, sobre todo, en el quién.

Porque el propio Pacto propone un conjunto de mecanismos institucionales para combatir esa desinformación: campañas de alfabetización climática, procesos de verificación rápida frente a contenidos viralizados, redes de apoyo a científicos y divulgadores y apoyo explícito a un determinado periodismo ambiental "de calidad".

Es aquí donde el debate deja de ser climático y pasa a ser político y democrático.

Verificación rápida y verdad oficial

La propuesta plantea facilitar "procesos de verificación" con capacidad de respuesta rápida ante contenidos considerados desinformativos. Sin embargo, el documento no concreta qué organismos verifican, con qué criterios científicos ni qué margen existe para el disenso legítimo.

En ciencia, la rapidez rara vez es sinónimo de rigor. El contraste de datos, la revisión por pares y la discusión metodológica requieren tiempo. Convertir la verificación rápida en un estándar institucional puede ser eficaz frente a bulos evidentes, pero también puede penalizar la crítica fundamentada cuando esta cuestiona el consenso político dominante.

No toda discrepancia es desinformación. Y no todo consenso es definitivo.

Científicos protegidos y científicos incómodos

Otro elemento central del Eje 12 es la creación de redes de apoyo institucional para científicos, técnicos y divulgadores frente a campañas de acoso. Proteger frente al hostigamiento es necesario. Pero cuando esa protección emana del Estado, surge una pregunta inevitable: ¿quién queda dentro de la red y quién fuera?

Al respaldar institucionalmente a unos perfiles concretos, el Estado señala implícitamente a otros: los críticos, los incómodos, los que cuestionan los límites de los modelos, los márgenes de incertidumbre o el alarmismo de determinadas proyecciones.

El resultado no es la defensa de la ciencia, sino la delimitación de una ortodoxia.

Periodismo "de calidad" y control del acceso

El cuarto pilar del eje es el apoyo al periodismo ambiental "de calidad", mediante formación y acceso ágil a datos oficiales. De nuevo, la intención es defendible. Pero el mecanismo no es neutro.

Quien controla el acceso a la información condiciona el relato. Y cuando ese acceso depende del alineamiento con una narrativa institucional, el pluralismo informativo se resiente. No es un escenario hipotético: ya se ha observado en otros ámbitos, como la comunicación sanitaria o educativa, donde guías oficiales han orientado no solo los datos, sino también el enfoque emocional del mensaje.

El Ministerio de la Verdad y la emergencia permanente

El paralelismo resulta inevitable. En la novela de Orwell, 1984, el Ministerio de la Verdad no se dedicaba a descubrir hechos, sino a definir qué versión de la realidad era aceptable. Reescribía datos, fijaba el marco del debate y señalaba el pensamiento peligroso, siempre en nombre de un bien superior.

El Eje 12 no es una distopía literaria. Pero comparte un rasgo inquietante: la pretensión de establecer una verdad oficial respaldada por el Estado, especialmente en un ámbito —la ciencia— que avanza precisamente gracias al disenso.

Combatir la mentira deliberada es una obligación democrática. Convertir la discrepancia científica en sospecha permanente no lo es.

Porque cuando el debate se cierra en nombre de la emergencia, lo que se protege ya no es el clima, sino el poder sobre el relato.