Sánchez presenta la regularización masiva de inmigrantes como respuesta a la mutilación genital femenina

"Con papeles y la nueva regularización, vamos a tener un instrumento…". La frase es de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pronunciada en el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Con ella, el Gobierno de Sánchez parece sugerir que una violencia sostenida por normas comunitarias y control social podría neutralizarse sellando un expediente.

Redondo defendió en el acto Del compromiso a la acción, celebrado en el Círculo de Bellas Artes, que la regularización extraordinaria es "una oportunidad" para evitar que "muchas niñas" sigan en situación de vulnerabilidad y para "reivindicar la dignidad de las mujeres".

Dicho así, suena casi a protocolo clínico: tome dos dosis de BOE y llame si persisten las tradiciones. El problema es que la mutilación genital femenina no se transmite por falta de documentación, sino por control social del cuerpo.

Navarra: 4.000 mujeres y niñas en riesgo

El debate no nace en el vacío. En Navarra, Médicos del Mundo ha alertado de que cerca de 4.000 mujeres y niñas residentes en la comunidad se encuentran en riesgo de sufrir mutilación genital femenina por proceder de países donde la práctica persiste. Desde 2008, el proyecto de prevención ha atendido a 10.141 personas, y se han tejido redes comunitarias como Flor de África, formadas por mujeres que actúan como agentes de cambio.

Pero el escenario es complejo: la entidad alerta de problemas estructurales y sitúa la clave en la detección precoz en la sanidad. Alexandra Requiz y la mediadora Farmata Watt advierten de que el desconocimiento de los protocolos, actualizados en 2025, y el "secretismo absoluto" dificultan la prevención. En la mutilación genital femenina, el riesgo suele ocultarse precisamente donde menos visible es.

Qué es la mutilación genital femenina

La OMS define la mutilación genital femenina como todos los procedimientos que implican la resección parcial o total de los genitales externos femeninos u otras lesiones por motivos no médicos. Es decir: no es "un ritual", no es "un arreglo", no es "una costumbre sin consecuencias": es una lesión deliberada de tejido sano.

La misma OMS recuerda que no aporta ningún beneficio para la salud y puede causar complicaciones inmediatas: dolor intenso, hemorragias, infecciones (incluido tétanos), problemas urinarios, shock e incluso muerte. Y también a largo plazo: infecciones urinarias recurrentes, dolor crónico, quistes, cicatrices, problemas menstruales, disfunción sexual, depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, además de complicaciones graves en el parto y mayor riesgo para el recién nacido.

Los cuatro tipos: de la escisión a la infibulación

Para entender la magnitud, conviene nombrarla con precisión. La OMS clasifica cuatro tipos principales:

• Tipo I (clitoridectomía): extirpación parcial o total del glande del clítoris y/o su prepucio.
• Tipo II (escisión): extirpación del clítoris y labios menores, a veces también labios mayores.
• Tipo III (infibulación): estrechamiento del orificio vaginal mediante corte y recolocación (a veces cosido) de labios menores o mayores; suele requerir desinfibulación para permitir relaciones sexuales o el parto.
• Tipo IV: otros procedimientos lesivos (punción, perforación, incisión, raspado, cauterización).

Esta clasificación importa porque desmonta el eufemismo. No hablamos de "un corte simbólico". Hablamos de lesiones permanentes en niñas, muchas veces entre la lactancia y los 15 años y con frecuencia entre los 5 y 9.

4,5 millones en riesgo en 2026 y 230 millones con secuelas

La OMS ha advertido que solo en 2026 más de 4,5 millones de niñas corren el riesgo de sufrir MGF, muchas menores de cinco años, y que más de 230 millones de mujeres y niñas viven actualmente con esa condición. Además, estima un coste anual de 1.400 millones de dólares para tratar complicaciones, y pide acelerar el progreso para cumplir la meta de erradicarla en 2030.

Y señala qué funciona: educación sanitaria, implicación de líderes comunitarios y religiosos, trabajo con padres, formación de profesionales de salud, y uso de medios.

Lo que no aparece en el listado —curiosamente— es: "regularización administrativa como terapia cultural".

El riesgo "importado" existe… incluso con revisión médica

Un dato clave desmonta el relato simplista: el riesgo de mutilación genital femenina no desaparece con la llegada a España. Un ejemplo reciente es el caso de Elche, donde la Policía Nacional detuvo a una pareja por haber sometido a su hija de tres años a una ablación, un delito que fue detectado durante una revisión médica rutinaria.

El episodio demuestra que la prevención eficaz no depende de la situación administrativa, sino de la detección en el sistema sanitario, la vigilancia en el ámbito educativo, la intervención de los servicios sociales y la actuación judicial, mucho antes de cualquier trámite burocrático.

Tolerancia cero… también a las soluciones mágicas

Que una mujer tenga "papeles" puede facilitar acceso a recursos y protección, sí. Pero convertir eso en el eje de la lucha contra la mutilación genital femenina es confundir condiciones de acceso con causas del daño. La mutilación genital femenina se sostiene por normas sociales y por mecanismos de control que operan precisamente en la sombra, donde un trámite no entra.

Por eso, si el Gobierno de Sánchez quiere ser "instrumento" —como dice su ministra— quizá convenga empezar por lo menos glamuroso: formación obligatoria y efectiva, protocolos conocidos, coordinación sanitaria-social, apoyo comunitario y persecución de delitos. Porque la dignidad no se regulariza por decreto. Y la cuchilla, desde luego, no se detiene con un sello.