Creo que detrás de la huelga de jueces y fiscales hay mucho pensamiento. Filosofía. Es una de las huelgas mejor justificadas racionalmente de esta etapa política. Vayamos de lo general a lo particular. Las generalidades son importantes para escribir con cierto rigor sobre la huelga de jueces y fiscales en España. Citemos algunas de ellas. Somos observados por otros muchos países del mundo civilizado sobre el devenir de nuestra Administración de Justicia, porque es la primera vez en la historia de España, y seguramente de Europa, que se lleva a cabo una acción de esa naturaleza. En pocos países de nuestro entorno hallamos antecedentes de algo parecido, aunque los hay, por ejemplo, en Bélgica (marzo 2019), hubo una huelga del personal judicial -jueces, fiscales, abogados, intérpretes y secretarios- bajo el lema "66 días para salvar la justicia". Convocaron el paro debido a la falta de financiación, deterioro de edificios, escasez de personal e infraestructura informática obsoleta que impedía una administración eficaz de la justicia. También en Hungría y Polonia ("La marcha de las togas") ha habido protestas que tiene alguna similitud con la nuestra de los tres primeros días de julio.
Pero, en verdad, la huelga española de la Justicia ha traído novedades, singularidades, que no se dan en otras latitudes. Para empezar hubo un prolegómeno digno de recordarse: la concentración de los convocantes ante las puertas del Tribunal Supremo protestando por las acciones del gobierno y anunciando la huelga. En este acto pudieron verse algunas contradicciones de los convocantes, fácilmente comprensibles y disculpables, pero necesarias de relatar para saber dónde estamos y qué queremos: fueron reprimidos (sic) por parte de los convocantes algunos eslóganes y gritos de protesta contra el Gobierno, como si los únicos que pudieran cuestionar la identificación gubernamental de poder y derecho, o sea, el control total de las leyes por parte del ilegítimo y corrupto gobierno de Sánchez, fueran únicamente los jueces y fiscales. No, hombre, no; la crítica a la confusión de poder y derecho, propósito central de Sánchez, o sea, el rechazo al intento totalitario del régimen sanchista, es de todos los ciudadanos; ustedes, los administradores de la justicia, nos convocaron a la concentración y la ciudadanía secundó su disgusto y su protesta. Salimos a la calle a defender la ley, la autonomía del Derecho al margen del poder político, no sólo para apoyar las justas reivindicaciones de la administración de justicia, sino porque el derecho, como nos enseñó el filósofo Hegel, en su Filosofía del Derecho, concierne a la libertad, y ésta es lo más digno y más sagrado en el hombre.
Sí, sí, señores jueces y fiscales, la concentración sirvió para saber que ustedes no están solos. Están bien acompañados por los más selectos seres de la sociedad española: hombres y mujeres que quieren ser ciudadanos y ejercer sus derechos de ciudadanía. Su Derecho a parar a un gobierno cuyo único objetivo es hacer depender el derecho y el saber, cualquier tipo de conocimiento, de su poder político, empezando por el poderío a la hora de contar, o relatar, lo que está sucediendo. Así que olviden, amigos de la toga, sus remilgos contra las pancartas y los gritos desgarrados que en esa concentración se dirigieron a sus verdugos, y graven en sus mentes la adición de Hegel al parágrafo 215 de su magistral obra:
La clase de los juristas, la cual tiene el conocimiento especial de la ley, considera frecuentemente a ésta como su monopolio, y quien no sea del oficio no debe entrometerse. Así aceptaron mal los físicos la teoría de los colores de Goethe, porque no era del oficio, y además de esto, un poeta. Pero así como alguien no necesita ser zapatero para saber si los zapatos le cuadran, tampoco necesita en general pertenecer al oficio para tener conocimiento sobre los objetos que son del interés general. El derecho concierne a la libertad, y ésta es lo más digno y más sagrado en el hombre, lo cual él tiene que conocer en cuanto debe ser obligarte para él.
La huelga de los jueces y fiscales ha sido muy bien justificada por distintas instancias de la sociedad. Los propios jueces fiscales, las asociaciones convocantes, han dado razones múltiples para llevarla a cabo. La posible ideología que hubiera en la convocatoria ha sido arrumbada por un extraordinario ejercicio de argumentación. Esta es otra gran lección de la huelga. La vanidad y el orgullo del jurisperito han cedido ante la modestia y la sencillez del jurista que ha conseguido algo inédito entre los especialistas: argumentar a la vez para los especialistas y los legos, para la propia administración de justicia y para los administrados. Sí, sí, las asociaciones han razonado lo evidente. Asunto nada baladí, en la situación dramática que vivimos los españoles, porque cuando hay que dar razón de lo obvio es que estamos ante una tragedia. Los motivos de la huelga han sido expuestos con pericia y perspicacia. Se menoscaba el acceso justo y objetivo de los jueces y fiscales a sus carreras. El gobierno introduce un modelo de acceso que, según las asociaciones, reduce el mérito y la capacidad, reemplazando pruebas objetivas por otras más subjetivas, con riesgo de filtraciones ideológicas. La defensa del acceso objetivo a la carrera es, sin duda, una de las principales razones que se ha esgrimido a favor de la huelga.
Pero no pueden dejar de mencionarse otras de similar relevancia. Se aumenta el control político sobre la Fiscalía. Sánchez quiere otorgar más poderes al fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, sin suficientes garantías de autonomía, o sea, se compromete la independencia de la Fiscalía y sube el riesgo de politización en las investigaciones. La independencia judicial y la separación de poderes están en riesgo. Las asociaciones denuncian que estas "reformas" amenazan los fundamentos del Estado de Derecho, al debilitar la separación entre poderes y dar más control político sobre el Poder Judicial. También, y no es asunto menor, se ha mostrado con datos incontestables que el proceso de estabilización interina que propone el gobierno es irregular y perjudicial, por no hablar de la urgente necesidad de mejorar las condiciones y dotaciones presupuestarias.
Fácil es, en fin, recordar que la huelga tiene múltiples motivos, y que todos ellos han sido atajados, razonados, o sea, "superados" por los convocantes. Nos dan el diagnóstico y también el pronóstico para su superación. Por eso, precisamente, digo que hay una filosofía de fondo muy seria en esta huelga, que me atrevería a resumirla en un sencillo dictum: el derecho es algo real. La realidad "derecho", como diría Ortega, no es tanto lo que opine un demagogo, un jurista, o un "filósofo" del derecho, sino una secreción espontánea de la sociedad y no puede ser otra cosa. El derecho de los derechos es el consuetudinario. Derecho es aquello que nadie pone en cuestión. Eso exactamente es lo que ha transmitido esta huelga. La protesta se hace contra un Gobierno que elimina la "realidad" Derecho. Y lo sustituye por una ideología utópica, o peor, imita a Dionisio el Tirano, que colgaba las leyes en un lugar muy alto a fin de que ningún ciudadano pudiera leerlas, ni recopilarlas, y lo hacia en un idioma sólo accesible para quienes se habían especializado en ellas, o sea, en la injusticia (vid. Hegel, ibídem).
Si dejamos aparte la sentencia de Alfonso Guerra, en el primer gobierno socialista de Felipe González, "Montesquieu y la división de poderes ha muerto", principal caldo de cultivo que los gobiernos de Zapatero y Sánchez han ejercido contra los jueces y fiscales, hoy vivimos en un contexto parecido al de Dionisio el Tirano: el Gobierno arremete siempre que tiene ocasión contra la independencia de la Justicia como baluarte esencial del Estado de Derecho. Las intromisiones e injerencias de algunos responsables políticos son sistemáticas y cotidianas, incluso esta semana José Felix Tézanos, alto cargo del sanchismo, ha dicho que lo de la corrupción y la entrada en prisión Santos Cerdán es un montaje de la justicia que quizá quede en nada… He ahí la última expresión de la puesta en cuestión por parte del gobierno de todas resoluciones judiciales dictadas en asuntos con clara incidencia política. Todas ellas fueron reprobadas por los socialistas públicamente, atribuyendo a los jueces y tribunales competentes un interés político y un retorcimiento a la hora de aplicar la ley consecuencia de un previo posicionamiento ideológico, incluidas las acusaciones de "lawfare".
A nadie con inteligencia se le escapa que este tipo de actitudes van más allá de lo coyuntural. Forman parte de una ideología tiránica para acabar con el Estado de Derecho que tiene su fundamento más elemental en el "respeto a la ley y a las decisiones judiciales". También en este ámbito el poder judicial está dando lecciones para el mundo entero. Las últimas resoluciones judiciales sobre casos de repercusión política han sido de tal entidad que quizá ahí, en los razonamientos de esos textos, debamos hallar las últimas razones de la convocatoria y éxito de la huelga de la justicia contra el gobierno sanchista. Enumeremos algunas de ellas, o mejor, citemos a los jueces que llevan las causas contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado; contra el hermano de Sánchez, la señora Beatriz Biedma; contra el fiscal general Álvaro García Ortíz, don Ángel Luis Hurtado Adrián; contra Santos Cerdán, don Leopoldo Puente… En fin, la reacción del gobierno y de todos los responsables políticos contra todas las causas abiertas por esos jueces siempre ha obedecido al mismo patrón: cuestionamiento por diferentes vías del rol que tiene asignado los tribunales de justicia en el sistema democrático. Frente a las razones de los jueces y fiscales se alza el poder de la fuerza y la sin-razón revestidas de ideología reformista.
Nunca se ha respetado por parte del gobierno de Sánchez la autonomía del Derecho y la independencia judicial, y cuando se ha hecho solo era de boquilla. Una de las garantías básicas del Estado de Derecho, la independencia judicial, ha sido atropellada permanentemente. En este contexto deben situarse las iniciativas legislativas de Bolaños. Se trata de condicionar y restringir mediante reformas supuestamente "legales" la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. El proyecto de ley para el acceso a la carrera judicial, el cambio de modelo del proceso penal para atribuir la dirección de la investigación criminal al Ministerio Público y la restricción del catálogo de delitos son iniciativas todas dirigidas a hacer depender el poder de la justicia del poder del gobierno. Y, de paso, dar al traste con todas las causas abiertas por los jueces contra personas del entorno de Sánchez. Por ejemplo, la iniciativa para restringir la acción popular es de libro. Según ha razonado impecablemente el fiscal Javier Zaragoza, se ha tramitado como proposición de ley para evitar los preceptivos informes de los órganos consultivos del Estado (Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal), al igual que sucedió con la ley de amnistía, una norma que recorta de forma importante el ejercicio de la acción popular restringiendo el catálogo de delitos en los que puede ejercerse, anulando por completo su intervención en la fase de investigación de los procesos penales, y limitando considerablemente la función jurisdiccional en la admisión de la "notitia criminis" cuando esta proceda de publicaciones en medios de comunicación, por lo que no cabe duda que se trata de una reforma legal que no responde al interés general y que es palmariamente inconstitucional en cuanto vulnera en términos inaceptables el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24 CE. Todo apunta a que el Ejecutivo trata de responder de modo autoritario contra el procesamiento del fiscal general del Estado por una presunta actuación delictiva.
En fin, el combate contra el irracionalismo totalitario del gobierno de Sánchez es el estro final de la huelga de la Justicia. Las razones de los huelguistas son claras y distintas en los autos y causas que tienen entre sus cometidos.