El problema no es (sólo) Pedro Sánchez

Este farsante ab initio no es el problema de España. Es un problema, pero transitorio y, desde luego, no el principal. El fundamental obstáculo que tiene la democracia española y que puede llevarla a la muerte indigna es el caldo de cultivo que ha hecho posible que un arrogante, cínico y amoral personaje llegue a ser presidente del gobierno. Tal origen no es otro que la falta de respeto por los valores imprescindibles - la verdad, sobre todo, entre ellos -, que se observa en la sociedad española, valores sin los cuales la democracia es imposible.

Incluso si, por fin, este señor, y todo lo que le sostiene, es derrotado en las urnas – para eso deben ser convocadas unas elecciones, que ya se verá -, y puede formarse otro gobierno, la inmoralización de la vida española es tan intensa y extensa que será muy difícil enderezar el universo de los valores subyacentes a la democracia como forma de gobierno y de vida que ha sido machacado como las aceitunas por los partidos dominantes desde hace 40 años.

Podemos engañarnos lo que queramos atribuyendo la corrupción y el vicio exclusivamente a los políticos. Siempre es bueno que haya un muñeco de feria al que tirarle las pelotas o las tartas o las latas. Pero alguna vez tendremos que reconocer que, si un político es corrupto, y los hay a patadas, es porque un funcionario, un empresario, un periodista, un profesional o empleado de cualquier rama e incluso un sindicalista o catedrático, permiten que eso ocurra, bien callando, bien participando de hecho en el contubernio.

Cierto es que numerosas perversiones proceden de los partidos y sus dirigentes, obsesionados por disponer de mucho y más dinero para sus campañas electorales, tentados por colocar a los afines en sus aparatos, dispuestos a ocupar las administraciones públicas y/o privadas (conozco muchos casos de colocaciones de afines en sociedades anónimas o limitadas a cambio de contratos) y deseosos de pervertir, tapar y callar lo que haga falta con el fin de medrar o asegurarse el futuro político y personal.

Es algo que detectan en seguida los tiburones profesionales o pícaros de ocasión. Tuve un vecino que era el propietario de una empresa de limpieza, donde sólo trabajaban mujeres, que me contó su metodología para obtener contratos, nada menos que en la base naval de Rota, de administración norteamericano-española.

Según narraba, iba a las reuniones previas a los concursos sin leer nada de su pliego de condiciones. Podría haber diez o quince competidores sentados a la mesa para darle apariencia de neutralidad y limpieza al procedimiento, pero la realidad era muy otra. Decía mi vecino, ya desaparecido, que él no hablaba y que sólo observaba a los componentes del tribunal o equipo que iba a decidir quién se quedaba con la contrata. Se trataba de averiguar por gestos y señales quién era el tipo o tipa al que había que "untar". Bien sencillo y buen ojo.

Tuvo éxito, no una vez ni dos, sino muchas. Había dado con el personaje dispuesto a incumplir las normas, a mentir y a dañar a los demás aspirantes, algo que a mi vecino le importaba un comino. Era mucho más relevante que su empresa siguiera a flote dando trabajo a sus empleadas que cumplir las reglas del juego. Si no lo hacía él, lo harían otros, algo probablemente cierto en la España que vivimos.

Pondré otro ejemplo clarificador, éste histórico y publicado. El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla denunció el 25 de septiembre de 2008, la "escandalosa" e "inexplicable" entrada de unos 400 nuevos empleados públicos en el Ente provincial sin que hubiese mediado oferta de empleo público (la última databa de 1998, es decir, hacía más de diez años).

En las cuentas generales del ejercicio 2006 aparecían registrados un total de 2.316 empleados, mientras que ya en 2007 se contaban 2.713 trabajadores. ¿Cómo habían entrado, pues, estos empleados públicos de la Administración Local? No, no eran funcionarios de carrera ni personal de libre designación, sino empleados de la plantilla estruc tural de la Diputación. O sea, colocados para siempre independientemente de futuros cambios de gobierno. Nadie sabe la titulación que tenían ni su currículo ni si eran adecuados a los puestos que ocuparon.

"Si no han entrado por una puerta – en alusión a la oferta de empleo público, cuya última convocatoria fue anulada judicialmente en 2004 - han tenido que hacerlo por otra y si no se explica, tendremos que pensar que ha sido el dedosocialista el que lo ha hecho", expresó el entonces portavoz del PP, Juan Bueno.

Dicho de otro modo, en solo un año, el personal de la Corporación se illana se vio incrementado en un 20 por cientocubriendo esos puestos de trabajo, no a través de una convocatoria pública reglada y transparente, sino,presumiblemente, a través de "colocaciones" arbitrarias o, a lo sumo, de concursos opacos y ad hoc.

Ahora meditemos. ¿Cuántas personas de la dirección de la Diputación sevillana, de la Junta de Andalucía, de los sindicatos y de los partidos que no denunciaron callaron ante la miseria moral de colocar a unos propios descolocando a unos ajenos que tenían el mismo derecho a ocupar tales puestos de trabajo público? ¿Cuántos implicados hubo?

¿Iba la cosa de democracia cabal o de ocupación partidista de las instituciones básicas que la conforman? Lo mismo se hacía en Ayuntamientos y en la Junta de Andalucía (en su Administración oficial o en la "paralela" de agencias y empresas públicas que controlaba) donde, según la UGT, más de 35.000 personas fueron colocadas a dedo en tiempos de los gobiernos del PSOE. Anuncia ahora el gobierno de Juan Manuel Moreno que va a despedir a ¡23! colocados sin la titulación adecuada. Es para soltar la risa floja sino fuera porque es para llorar.

Claro que el fraude curricular se ha desarrollado en estos años de forma vertiginosa. Es que hay muchos cómplices, de dentro y de fuera de los partidos, que lo han convertido en costumbre. La corrupción que se ha extendido es vertebral y precisa de muchos autores, coautores, encubridores, sabedores, compinches y prostituyentes varios.

Cierto es que el afán acaparador y "okupacionista" de las administraciones por orden de los partidos – sus militantes y cargos son casi todos los implicados en este tráfico de privilegios que deja a miles de personas mucho mejor preparadas sin sus opciones legítimas para ocupar tales puestos según el principio de igualdad ante la ley -, ha sido ensordecedor. Pero igual de atronador es la ausencia de una conciencia moral que debe ser exigida a toda persona en una democracia digna de tal nombre para sobrevivir. Se trata de ajustarse a la veracidad, valor fundacional de la Constitución.

Un somero memorial de irregularidades (mentiras) "académicas"

Me detendré en un memorial de los casos sonados. Imagínese lo que debe haber en todas las administraciones de España desde 1978 y que o no han sido descubiertos o no tienen la suficiente proyección pública por haber sido desechados por los medios de comunicación, incluso por los auténticos y heroicos, por su escasa repercusión. Me ceñiré a los más relevantes y personales que han sido mencionados en tales medios porque hay otros muchos.

De esos otros, sólo aludiré a dos. Rafael Escuredo, antes de ser presidente de la Comunidad andaluza, fue la máxima autoridad de la entidad preautonómica. En tal período y hasta 1982, centenares de personas fueron contratadas sin obligación de declarar méritos ni capacidades. Fue manifiestamente ilegal pero el Tribunal Constitucional, presidido por un filosocialista, lo dio por bueno tras incansables recursos, casi siempre de Manuel Clavero Arévalo, y aun reconociendo su irregularidad.

Dijo la sentencia 27/1991, de 14 de febrero, que "el carácter excepcional de dicho sistema de acceso, que por una sola vez, ha de coexistir con el común de la convocatoria libre (procedimiento que, en lo sucesivo, habrá de utilizar la administración autonómica a fin de permitir el libre acceso de quienes no mantienen con ella relación alguna) ha de llevarnos a declarar que las disposiciones legales cuestionadas, al ser proporcionadas con los fines legítimos enunciados, no han ocasionado vulneración alguna del art. 23.2 de la C.E." Parece mentira, pero así fue.

El segundo caso fue perpetrado en los comienzos de Canal Sur. En 1988, el director general Salvador Domínguez, en una de sus famosas cacicadas que jamás tuvieron efecto penal alguno, decidió la convocatoria de cuatro plazas de licenciados en Derecho para la RTVA en unas oposiciones generales para 200 plazas diferentes de personal fijo. Sólo uno de los miembros del tribunal era profesor de Derecho. El resto eran el propio director general y sus amiguetes ya colocados en la RTVA.

El propio Domínguez reconoció que la nueva RTVA (nombre de la sociedad que amparaba a Canal Sur) iba a tener unos 350 empleados de los que 29 altos cargos, con un coste de 200 millones de pesetas (entonces), ya habían sido libremente designados por él mismo. Y el resto de aspirantes iba a ser valorado por un tribunal todos cuyos miembros menos uno, eran personas designadas por Domínguez que, por si fuera poco, participaba en el mismo.

¿Cómo va a extrañarnos que en un ambiente así se hayan producido alteraciones curriculares vergonzosas que nunca han tenido consecuencias penales aun siendo, en muchas ocasiones, estafas impropias de servidores públicos y fraudes manifiestos? Puede ser que algunos fueran errores, pero ¿tantos?

Repasemos unos cuantos por llamativos. Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil con el PSOE dijo ser ingeniero industrial entre otras cosas y no había acabado ni el Bachillerato. Tomás Burgos, diputado y Secretario de Estado con el PP, se presentó como "licenciado en Medicina", carrera que nunca cursó. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía por el PP en cuyo currículo oficial constaba "licenciado en Administración y Dirección de Empresas" cuando sólo tiene un Grado de Protocolo.

Gema Igual, alcaldesa de Santander por el PP decía ser diplomada en Magisterio sin serlo. Joana Ortega, exvicepresidenta del gobierno de CiU, afirmó ser psicóloga, carrera que no terminó. Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo de C 's en el Congreso, afirmaba ser doctor ingeniero, cosa que no era. César Zafra, número dos de C 's en Madrid, dijo ser abogado sin estar habilitado oficialmente.

Elena Valenciano (vicepresidenta del grupo socialista en el Parlamento Europeo entre otras cosas, afirmaba ser licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, carreras que nunca terminó. Pablo Casado expresidente del PP, vio cuestionado su currículo por convalidaciones exprés y un Máster sin asistencia, además de otras extrañezas. José Manuel Franco, exsecretario general del PSOE-Madrid entre otros cargos, dijo ser licenciado en Matemáticas, lo cual no era cierto.

Toni Cantó, exdiputado de C 's, aparecía como pedagogo sin tener título alguno. Juan Merlo, ex-número dos de Podemos-Galicia, dimitió por hacer creer que era ingeniero. Cristina Cifuentes (ex presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP) fue acusada de falsificar actas y formas para obtener un Máster en Derecho. Hubo dos condenas por falsedad documental. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso nunca se tituló en Ingeniería Industrial como hizo creer en su currículo. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia del PSOE) no es licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, incluyó en su currículo un "máster en Liderazgo Público por el IESE" que no era tal, entre otras trolas. Javier Maroto, ex vicesecretario del PP, también dijo tener un Máster que tampoco lo era. Yolanda Díaz, vicepresidenta y Ministra de Trabajo por Sumar declaró tres másteres (RRHH, Relaciones Laborales, Urbanismo) que no eran tales.

Óscar Puente, ministro del PSOE), aportó un Máster de la Fundación Jaime Vera, que es socialista y no puede acreditar tal título. Cristina Narbona, presidenta del PSOE, dijo ser "doctora en Ciencias Económicas (Roma)" durante cuatro legislaturas; en 2023 pasó a "licenciada" en Ciencias Económicas. José Blanco exsecretario de Organización del PSOE y exministro se presentaba como licenciado en Derecho cuando no pasó del primer año de carrera.

José María Ángel Batalla, comisionado para la DANA nombrado 2025 por el PSOE presentó un título de Archivística y Biblioteconomía al parecer inexistente en 1983 para acceder a un puesto en la Diputación de Valencia. Su esposa,Carmen Ninet, subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y Modernidad ocupa desde hace 9 años un puesto reservado a funcionarios con título universitario, pese a no contar con uno.

Manuel Borrego, secretario general del PSOE de Badajoz y alcalde de Valverde de Leganés, cargó en su currículo estudios que no terminó. Ignacio Higuero, Consejero del gobierno de Extremadura por Vox, acaba de dimitir tras haberse revelado que su licenciatura en Marketing por el CEU en 1993 era imposible, porque en ese año no existía oficialmente tal carrera.

Hasta llegar al reciente caso de Noelia Núñez, del PP, habría que citar otros muchos, entre ellos los de Bernat Soria (PSOE), Estela Goikoetxea (PSOE), Carmen Montón (PSOE, 2018), que dimitió, e incluso el mismísimo Juan Carlos Monedero (Podemos, 2018-2025) y, claro, nos ceñimos a los más conocidos y publicados. ¿Cuántos habrá realmente en Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, administraciones autonómicas o en la General del Estado? ¿Y en la Justicia? ¿Y en las agencias y empresas públicas?

¿Cuál es el problema real?

Una democracia auténtica no sólo exige una Constitución y una arquitectura institucional. La democracia es el resultado de unas creencias y valores que se concretan en textos básicos y una organización de la vida civil según unas reglas. Pero cuando esos pilares intelectuales y morales son triturados por sus representantes y/o por los propios ciudadanos, la democracia deja de existir de hecho, aunque conserve sus símbolos. Será una democracia muerta, la antesala de cualquier dictadura o despotismo.

Sin ánimo de exactitud o precisión estricta, la democracia sólo puede existir si entre los ciudadanos se cultivan y se enseñan valores como la razonabilidad y la buena fe (sin ellos dialogar es imposible) que precisan otros valores como la veracidad y la búsqueda del bien general, aceptando la tolerancia recíproca de la pluralidad de opciones reales existentes.

Pero si la igualdad ante la ley, o el respeto debido al otro o la aceptación de la dignidad individual de todos los ciudadanos, incluso la justicia sin distinción para todos y la igualdad ante la Ley, desembocan en una transgresión continua y sistemática (por desprecio de la democracia "burguesa" o por deseo de obtener posiciones de privilegio y preferencia), se está matando la democracia.

Todo ello se da por supuesto, pero no se ejercita consciente y lealmente en familias, escuelas, universidades e instituciones en general. Al contrario, es la mentira, la trampa, el fraude, el expolio, la usurpación o el robo lo que encuentra eco entre nosotros durante décadas. Lo que llevamos vivido desde 2018 no es más que la consecuencia forzosa de los valores destrozados entre unos y otros.

No, no y no. El problema no es sólo Pedro Sánchez, que por supuesto. Sobre todo, la nula defensa de la veracidad en la vida pública y la impunidad de los mentirosos – desde los que incumplen sus programas electorales a los que falsifican sus méritos o favorecen arteramente a los propios despreciando el derecho igual de los ajenos -, hacen inviable la democracia y mucho más difícil reformarla en serio para que sea realmente lo que debe ser. Y milagros hay pocos