El socialismo autoritario de Sánchez

Hablar de socialismo autoritario puede parecer casi un pleonasmo, pero históricamente ha existido un socialismo compatible con la democracia y el liberalismo. Sin embargo, bajo el gobierno de Pedro Sánchez el PSOE ha cruzado varias líneas rojas en dirección a un autoritarismo de corte socialista. El último paso significativo ha sido la orden de impulsar medidas ejecutivas importantes al margen del Parlamento cuando este no está bajo su control.

Este modelo tiene un claro precedente teórico en Carl Schmitt, el pensador político del siglo XX cuya influencia ha sido dominante en el XXI. En 1932, ante la patronal alemana, Schmitt defendió un Estado fuerte capaz de garantizar una economía sana (liberal en lo económico) mediante la represión de contestaciones y el recurso permanente al estado de excepción. Ante la parálisis parlamentaria de Weimar —comunistas, nazis y un centro fragmentado sin mayorías estables—, Schmitt justificó el uso extensivo del artículo 48 para gobernar por decreto, especialmente en cuestiones económicas y sociales, extendiendo el concepto de excepción más allá de la guerra o el desorden público a las crisis financieras.

En la España actual observamos un paralelismo invertido pero estructuralmente similar. Un ejecutivo socialista recurre a mecanismos excepcionales para imponer un intervencionismo expansivo de izquierdas: keynesianismo reforzado, "escudo social" permanente, control de precios, intervencionismo laboral intenso y políticas redistributivas agresivas. Todas estas medidas se justifican invocando crisis sucesivas (pandemia, inflación, guerra en Ucrania, DANA, volcán de La Palma…) que se utilizan de forma sistemática para justificar la concentración de poder en el Ejecutivo y la marginación del debate parlamentario.

El dato más elocuente es el uso masivo de reales decretos-leyes (RDL). Desde 2018 hasta finales de 2025 se han aprobado entre 150 y 160 RDL, cifra récord en democracia española, superando con creces el número de leyes ordinarias. Lo que comenzó como respuesta extraordinaria a la pandemia (con estados de alarma prorrogados y algunos parcialmente declarados inconstitucionales) se ha convertido en método ordinario de gobierno en materias laborales, salariales, pensiones, ayudas sociales, intervenciones energéticas y controles de precios.

Así se configura un estado de excepción económico-social casi permanente ya que cuando no hay mayorías estables (solo pactos frágiles y puntuales), el Ejecutivo decide directamente por decreto. Schmitt describía un círculo vicioso por el cual las políticas impuestas por decreto generan rechazo o bloqueo parlamentario, lo que lleva a mayor recurso a la excepción, y de ahí a una mayor concentración de poder. Ese mismo mecanismo opera hoy en España: la fragmentación parlamentaria y la necesidad de supervivencia política alimentan el gobierno por decreto, erosionando progresivamente el parlamentarismo y normalizando la excepción como regla.

La diferencia con Weimar está en el signo ideológico. Allí se buscaba un Estado fuerte para imponer austeridad y proteger la economía de mercado frente al "peligro socialista"; aquí se busca un Estado fuerte para expandir el intervencionismo, la redistribución y el "escudo social" frente a las supuestas amenazas del mercado y la derecha. La lógica estructural schmittiana, sin embargo, es idéntica en cuanto se prioriza la decisión ejecutiva sobre la deliberación parlamentaria cuando la "urgencia" (económica, social o existencial) lo exige.

La situación se vuelve más inquietante al observar el vaciamiento del espacio liberal-democrático y la normalización de alianzas antiliberales. Schmitt sostenía que en crisis la política se reduce a la distinción amigo/enemigo y los principios liberales (debate, pluralismo, legalidad) quedan subordinados a la decisión existencial. En la España de Sánchez esa lógica se materializa en pactos estructurales con fuerzas que cuestionan la democracia liberal: apoyo parlamentario de Bildu (heredero político de ETA), relaciones fluidas con independentismos radicales y guiños a regímenes como el de Maduro, todo justificado por la aritmética y la necesidad de "frenar a la derecha".

Paralelamente, en el otro extremo, sectores de la derecha coquetean con modelos iliberales (Orbán, Trump) o populismos radicales como "mal menor" frente al socialismo. El resultado es el mismo, con el centro liberal-democrático evaporado (la desaparición práctica de Ciudadanos es el certificado de defunción de la "Tercera España").

La lección de Weimar no es que vayamos a repetir exactamente su colapso, sino que la crisis crónica del parlamentarismo fragmentado, el gobierno por decreto como método ordinario, la pobreza del debate público y las alianzas estructurales con extremos antidemocráticos crean una pendiente peligrosa. Si no se reconstruye un centro liberal-democrático capaz de defender simultáneamente libertades civiles, Estado de derecho, economía de mercado y democracia parlamentaria —sin alianzas tóxicas con los extremos—, la excepción schmittiana puede convertirse en la norma ordinaria del siglo XXI: Trump, Putin, Orbán… Pedro Sánchez.