La reciente decisión del Gobierno español de prohibir el registro directo de menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero reaviva un debate ético y político de profundas implicaciones. Esta medida, que obliga a formalizar la inscripción de estos menores únicamente mediante vínculo biológico o adopción, se alinea con el pronunciamiento del Tribunal Supremo de 2024, que declaró nulo un contrato de gestación subrogada por considerarlo contrario a la dignidad humana y al orden público. Desde una perspectiva liberal, esta restricción plantea un conflicto fundamental entre la autonomía individual y la intervención estatal. Como defendía John Stuart Mill, el poder sobre un individuo solo es legítimo para prevenir daños a terceros, un criterio que la gestación subrogada no viola, dado que no implica perjuicio físico ni moral a terceros. Prohibirla, bajo el argumento de la "mercantilización" o la protección de la dignidad, ignora la capacidad de las personas —gestantes y padres intencionales— para tomar decisiones libres y consensuadas, limitando las posibilidades de formar familias en una sociedad plural. En este artículo abogaré por una regulación rigurosa de la gestación subrogada, en lugar de su prohibición, como un paso hacia una democracia más tolerante, innovadora y respetuosa con la libertad individual, capaz de proteger los derechos de todos los involucrados, especialmente los del menor.
Como decía, la gestación subrogada, junto con la evolución de la institución familiar, representa uno de los debates más complejos, discutido y discutible, de nuestro tiempo. Desde una perspectiva liberal, este fenómeno no solo refleja la ampliación de las libertades individuales, sino también la capacidad de las sociedades modernas para adaptarse a las innovaciones tecnológicas y a las nuevas formas de convivencia. A continuación, se integran tres perspectivas que abordan la gestación subrogada y la familia desde un enfoque liberal, destacando sus implicaciones éticas, sociales y políticas.
La gestación subrogada, atacada por tirios conservadores y troyanos progresistas, plantea preguntas fundamentales sobre la autonomía personal y los límites de la intervención estatal. Como señala el mencionado principio liberal de John Stuart Mill, el poder sobre un individuo solo es legítimo para prevenir el daño a terceros. En este sentido, la gestación subrogada no implica un perjuicio físico ni moral a terceros, lo que la convierte en una práctica que, desde una perspectiva liberal, no debería prohibirse. Aunque para algunos pueda resultar moralmente cuestionable —al igual que la prostitución—, la libertad de las personas para decidir sobre su cuerpo y sus servicios prevalece, siempre que no se cause un daño grave, irreversible o permanente.
Este enfoque no implica una aprobación moral absoluta. Es posible desaprobar personalmente la gestación subrogada y, al mismo tiempo, defender su legalización, siempre que se regule de manera rigurosa para proteger a todas las partes involucradas, especialmente al bebé. Por ejemplo, establecer límites de edad, como en la adopción, podría garantizar que los derechos del menor sean prioritarios. En España, la diferencia de edad en la adopción debe ser de al menos 16 años y no superar los 45, un criterio que podría aplicarse a la gestación subrogada para evitar casos como el de Ana Obregón, que generó controversia por su edad avanzada.
La gestación subrogada no solo amplía las opciones reproductivas, sino que también contribuye a la formación de nuevas familias, un aspecto que deberían tener en cuenta los conservadores que promueven, con razón, la natalidad, cuya debacle es una de las grandes problemáticas de nuestra época. No tiene sentido promover la natalidad y, sin embargo, impedir una institución social como la gestación subrogada que promueve el nacimiento. Sin embargo, los prejuicios contra las innovaciones tecnológicas en la reproducción, como en su día ocurrió con la fecundación in vitro, han retrasado su aceptación. Desde la primera "bebé probeta" en 1978, estas tecnologías han demostrado ser herramientas valiosas para millones de personas, desmontando los temores iniciales de quienes las consideraban contrarias a la naturaleza o la moral.
La propuesta de legalizar la gestación subrogada representa un avance hacia una democracia más tolerante e innovadora. Este debate no es nuevo: desde el siglo XVIII, con las primeras inseminaciones artificiales, hasta la invención de la píldora anticonceptiva en el siglo XX, las innovaciones reproductivas han enfrentado resistencias morales y legales. Sin embargo, su aceptación gradual demuestra que las sociedades liberales pueden adaptarse a los cambios sin sacrificar la dignidad humana.
La gestación subrogada, ya sea altruista o comercial, amplía las posibilidades para formar familias, especialmente para parejas homosexuales o heterosexuales con dificultades reproductivas. Aunque algunos critican la "cosificación" de las mujeres en este proceso, una perspectiva liberal sostiene que la dignidad reside en la capacidad de decidir libremente. Negar a una mujer el derecho a gestar para otra persona, bajo condiciones claras y consensuadas, sería tan contradictorio como limitar su derecho a interrumpir un embarazo. La clave está en una regulación estricta que garantice los derechos del menor y evite abusos, como los casos de padres que rechazan al niño tras el nacimiento.
La gestación subrogada comercial, aunque polémica, no debería descartarse. Prohibirla podría limitar el acceso a quienes no cuentan con una gestante altruista, favoreciendo a las élites económicas que pueden recurrir a países como Estados Unidos o Rusia. Además, la compensación económica por la gestación no difiere sustancialmente de la que se ofrece por la donación de óvulos, una práctica ampliamente aceptada. Una regulación transparente, que contemple tanto la gestación altruista como la comercial, evitaría una economía encubierta y garantizaría equidad.
La familia, como institución social fundamental, ha sido objeto de tensiones entre visiones conservadoras y socialistas. Mientras los conservadores defienden un modelo tradicional —pareja heterosexual con hijos— y los socialistas tienden a priorizar el Estado sobre la familia, la perspectiva liberal aboga por una concepción flexible que reconozca la pluralidad de formas familiares. Parejas homosexuales, familias monoparentales o pluriparentales son igualmente válidas, siempre que cumplan las funciones esenciales de la familia: cuidado, apoyo emocional y crianza.
El capitalismo y las innovaciones tecnológicas han sido motores clave en esta evolución. La incorporación de las mujeres al mercado laboral, facilitada por inventos como la lavadora o la píldora anticonceptiva, ha transformado las dinámicas familiares, rompiendo las cadenas del heteropatriarcado. Como señalé, la gestación subrogada y la inseminación artificial son ejemplos de cómo la tecnología permite a las personas formar familias acorde con sus deseos y circunstancias, desafiando tanto los prejuicios conservadores como las agendas progresistas de ingeniería social.
Paradójicamente, la resistencia de los conservadores a estas nuevas formas familiares puede debilitar la institución que dicen defender, al limitar su capacidad de adaptación. Por su parte, los progresistas, al cuestionar la centralidad de la familia en favor de un Estado omnipresente, ignoran su papel insustituible en la cohesión social. La visión liberal, optimista por naturaleza porque no se cansa de evitar el mal (radical y banal), confía en que la pluralidad de formas familiares enriquece la sociedad, permitiendo que los diversos intereses y necesidades de sus miembros se satisfagan de manera más efectiva.
La gestación subrogada y la evolución de la familia reflejan los valores de una sociedad liberal: autonomía, innovación y pluralidad. Legalizar y regular la gestación subrogada, con criterios claros que protejan a todas las partes, es un paso hacia una democracia más inclusiva y progresista. Al mismo tiempo, reconocer la diversidad de formas familiares fortalece esta institución esencial, permitiéndole adaptarse a los desafíos de la modernidad.
Como sociedad, debemos avanzar sin prejuicios moralistas, confiando en que la libertad individual, respaldada por una regulación adecuada, puede generar beneficios para todos: desde los padres y las gestantes hasta los niños y la sociedad en su conjunto. Con optimismo y rigor, el liberalismo nos invita a construir un futuro donde la familia y la reproducción sean espacios de libertad y respeto mutuo.