La contabilidad se presta a muchas manipulaciones “creativas”. Todo depende de cómo se quiera presentar la información, o de qué aspectos de ésta se quieran destacar. Para ocultar las irregularidades, o las pérdidas patrimoniales, unas veces se transfieren las pérdidas a filiales opacas, fuera de la vista de los auditores y los accionistas. Y otras veces, como ha sucedido en el caso Gescartera, las pérdidas se adjudican directamente a los clientes, sin que éstos se enteren.
Salvando las distancias -que en realidad no son muchas-, algo parecido ocurre con la Seguridad Social. Se nos dice que los Presupuestos de 2002 prevén un superávit de 3.736 millones de euros (unos 626.000 millones de Ptas.). Sin embargo, no se hace el debido hincapié en que ese superávit está calculado excluyendo las prestaciones sanitarias (alrededor de 6 billones de pesetas). Poco importa que éstas hayan sido transferidas a las comunidades autónomas con su correspondiente dotación presupuestaria. La cuestión es que la Seguridad Social, en origen, debía financiar tanto las pensiones de jubilación, como las prestaciones por desempleo y la asistencia sanitaria.
Hace ya tiempo (a mediados de los 90) que las cotizaciones sociales dejaron de ser suficientes para sufragar todos estos gastos. Para no alarmar a la ciudadanía con la situación real de quiebra en la Seguridad Social, se optó por emplear un artificio contable: la Seguridad Social contabiliza como ingreso una transferencia del Estado -con cargo al Presupuesto- que después aplica a la financiación de las prestaciones por sanidad. Además, ni siquiera se respeta ya la ficción del Organismo Autónomo: una parte del “superávit” de la Seguridad Social irá este año a tapar agujeros en otros item, para “cuadrar” el presupuesto con déficit cero.
Pero esto no cambia las cosas. La cuestión es que no tiene sentido mantener la ficción de la Seguridad Social. Tarde o temprano, también las pensiones y las prestaciones por desempleo habrá que financiarlas con cargo a impuestos corrientes. Dejar de considerar las cotizaciones sociales como un impuesto más, ya no tiene otro sentido que el ocultar la terrible presión fiscal que recae sobre los hombros del asalariado español. No olvidemos que las cuotas de la empresa también salen de su bolsillo, diga lo que diga la ley y la contabilidad “creativa” del Estado.