Coto a los 'true crime': el Gobierno prohibirá a los asesinos explotar sus crímenes si dañan el derecho al honor

El auge del true crime, un género que relata crímenes reales a través de libros, documentales o series, ha multiplicado el interés del público por este tipo de historias. Sin embargo, la exposición mediática de delitos y condenados, además de su posible beneficio económico, ha reavivado el debate sobre sus límites cuando el relato puede afectar al honor y la dignidad de las víctimas.

Es por este motivo que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que limitará que los condenados con sentencia firme utilicen sus crímenes en obras audiovisuales, literarias o artísticas cuando ello suponga un daño para las víctimas.

La principal novedad del texto es que ya no será necesario acreditar que el autor del delito ha obtenido un beneficio económico o una notoriedad directa para que exista una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Bastará con que el uso del crimen, incluso sin lucro, cause un perjuicio a la dignidad de la víctima.

Así lo explicó Félix Bolaños, quien subrayó que la reforma introduce una regulación específica para los true crimes con el objetivo de "dar mayor protección a las víctimas". Según el ministro, la norma desvincula la vulneración del derecho al honor de la obtención de ganancias económicas y prohíbe que el victimario utilice el delito cometido para su posterior explotación en series de televisión u otras obras.

Fuentes del Ministerio de Justicia precisaron que la medida se aplicará a cualquier persona con sentencia firme que emplee el delito para lograr notoriedad, beneficio económico o, a partir de ahora, que sin una causa justificada menoscabe el honor de su víctima.

La reforma también concreta quiénes estarán legitimados para denunciar estas vulneraciones en caso de fallecimiento de la víctima. Podrán hacerlo la persona designada en testamento o, en su defecto, el cónyuge o pareja de hecho, descendientes, ascendientes o hermanos. A falta de todos ellos, la Fiscalía asumirá esta función.

Los últimos casos de true crime paralizados

El Gobierno ya había avanzado en esta línea con la regulación de los casos de violencia vicaria, incorporando al Código Penal una nueva pena que prohíbe a los condenados publicar o difundir contenidos relacionados directamente con el delito cometido.

Durante la presentación de esa iniciativa, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aludió al debate social generado por el libro El odio, del escritor y periodista Luisgé Martín, centrado en el caso de José Bretón, condenado por el asesinato de sus hijos Ruth y José. Redondo defendió que la nueva ley busca evitar conflictos entre la libertad de creación artística y la integridad moral de las víctimas, anticipando soluciones legales que acompañen el rechazo social a este tipo de iniciativas.

La obra, cuya publicación estaba prevista para marzo de 2025, fue inicialmente defendida por la editorial Anagrama, pero finalmente quedó paralizada tras las quejas de Ruth Ortiz, madre de los menores, y la posterior rescisión del contrato con el autor. Martín recuperó los derechos del libro y aseguró que mantenía su intención de publicarlo.

Un precedente similar se produjo en el caso del asesinato del niño Gabriel Cruz, cuando la presión de su madre, Patricia Ramírez, logró frenar la producción de una docuserie sobre el crimen. Ramírez denunció incluso en el Senado la intención de la condenada, Ana Julia Quezada, de participar en un proyecto audiovisual sobre el caso.

Con esta reforma se pretende cerrar la puerta a que los autores de delitos graves vuelvan a situarse en el centro del relato público a costa del sufrimiento de las víctimas y sus familias.