En los primeros días de febrero de 1939, mientras se agolpaban en la frontera de Cataluña con Francia miles de personas y los matones del Ejército Popular asesinaban a unas docenas más de presos indefensos, se produjo un acontecimiento que no recibió tanta publicidad como merecía: la rendición de Menorca el 9 de febrero mediante negociaciones entre el mando nacional y el republicano facilitadas por un emisario británico.
En julio de 1936, Menorca fue la única de las islas Baleares que se mantuvo leal al Frente Popular al fracasar la sublevación dirigida por el general José Bosch Atienza por la falta de apoyo entre la tropa y la marinería. El brigada Pedro Marqués Barber hizo asesinar en agosto siguiente a más de un centenar de presos en la fortaleza de La Mola. Ese mismo mes, el Gobierno envió refuerzos a la isla; pero el desembarco en Mallorca del capitán Alberto Bayo, que zarpó de Barcelona para conquistar el resto del archipiélago, fue un fracaso.
Desde entonces, las Baleares permanecieron divididas. Los Gobiernos republicanos, a pesar de disponer de la base de Cartagena y del litoral mediterráneo, no se atrevieron a intentar nuevos desembarcos. Los nacionales convirtieron Mallorca en una base aérea, con presencia italiana, de la que salían aviones para bombardear, sobre todo, Barcelona, Valencia y los convoyes marinos.
Londres y Roma desean las Baleares
En febrero de 1939, ese equilibrio se rompió por la caída de Cataluña. Menorca, que tenía entonces unos 45.000 habitantes, de los que 10.000 eran militares, quedó en una situación insostenible. La isla era objeto de interés de los británicos, en especial para que no se estableciese otra potencia en la base naval de Mahón que ellos habían tenido durante los setenta años del siglo XVIII en que ocuparon la isla. En esos momentos, para Londres la amenaza consistía en la aviación y la (aparentemente) poderosa marina italianas. El ‘duce’ Mussolini no sólo mantenía miles de soldados en España en el bando franquista, apoyados por aviones y submarinos, sino que también había conquistado Abisinia.
A finales de enero, Negrín nombró comandante militar de la isla y jefe de la base naval de Mahón al capitán de navío Luis González de Ubieta, jefe la flotilla que en marzo de 1938 había hundido el crucero nacional Baleares. También en los últimos días de enero, el jefe de la Región Aérea de Baleares, el marino Fernando Sartorius, conde de San Luis, con permiso del generalísimo Franco, se puso en contacto con el cónsul británico en Baleares, Allan Hugh Hillgarth. Éste era oficial de la Armada británica retirado, masón adscrito a la Gran Logia de Inglaterra y miembro del servicio secreto de su país, aparte de amigo del empresario Juan March, uno de los principales financiadores del bando nacional, junto con Francesc Cambó.
Sartorius solicitó la ayuda de Londres para persuadir a las autoridades republicanas en Menorca de que se rindiesen pacíficamente. En caso contrario, advirtió a Hillgarth, la isla sería conquistada por las armas con la colaboración de la Italia fascista.
A principios de febrero, se concluyó el plan. Se pusieron de acuerdo los primeros ministros británico y francés, Neville Chamberlain y Édouard Daladier, para participar en la rendición negociada de Menorca, a condición de que no intervinieran en la ocupación ni italianos ni alemanes. Los aviones italianos arrojaron miles de octavillas sobre la isla instando a la rendición pacífica. El segundo jefe de Estado mayor de la Armada franquista, Salvador Moreno, comunicó en Palma a Hillgarth y a Gerald Muirhead-Gould, comandante del crucero Devonshire (escogido por Londres para transportar a Sartorius a Menorca) que Franco permitía la evacuación a Marsella en el barco británico de los mandos militares y las autoridades frentepopulistas que lo desearan.
Huida en el ‘Devonshire’
El 7 de febrero por la mañana, el Devonshire entró en Mahón. Muirhead-Gould recibió a bordo a Ubieta y a otro marino, Baudilio San Martín, a los que insistió en que se reunieran con Sartorius y escucharan su ofrecimiento. Ubieta no pudo contactar ni con Negrín ni con Miaja para solicitar órdenes; el almirante Miguel Buiza (luego participante en la sublevación del coronel Casado) le dijo que obrase como le pareciera mejor.
Además, el 8, de madrugada, conocido ya el arribo del Devonshire y lo que ello significaba, la guarnición de Ciudadela se sublevó dirigida por el mayor Pedro Pons y el teniente Juan Thomas; hecho que se conoce como "Sa girada". Una parte de la guarnición de Mahón, controlada por los republicanos, marchó sobre Ciudadela y se libraron varias escaramuzas. Para aumentar la presión, se difundió la noticia de que del puerto de Barcelona había zarpado un convoy con unidades de la 105 División nacional con destino a Ciudadela.
La resistencia era, por tanto, inútil. En consecuencia, antes del amanecer del 9, los dirigentes del Frente Popular y sus familias (según algunos cálculos, en torno a 650 personas) abordaron el Devonshire; setenta más huyeron en el velero Carmen Pico a Argelia. Para evitar un peligroso vacío de poder, Sartorius pactó con Ubieta el nombramiento del coronel Alfonso Useleti como comandante general interino de Menorca.
El 13 de febrero, en la Cámara de los Comunes Chamberlain contestó a un diputado laborista que le recriminó su participación en la liberación de Menorca que lo había hecho para salvar vidas, aumentar el prestigio del Imperio y, además, impedir la injerencia de Italia. El duque de Alba, representante oficioso de Burgos en Londres, trasmitió a lord Halifax, ministro de la Guerra, el agradecimiento del ‘caudillo’ por esta colaboración.
Reconocimiento del Gobierno de Burgos
La operación de Menorca demostró varias cosas. Una de ellas, y que hoy pone en duda la historiografía dominante en la universidad española, que Franco no era un sanguinario, sino que aprovechaba las ocasiones de obtener victorias sin bajas, incluso enemigas. Y la segunda, capital en el desenlace de la guerra civil, que los dirigentes del Frente Popular sabían que podían alcanzar un pacto de rendición pacífica, junto con el permiso para huir de España.
Antes de que acabase febrero, Francia y Gran Bretaña reconocieron al Gobierno de Franco como el legítimo. Además, París firmó el Acuerdo Bérard-Jordana, en que se comprometía a vigilar a los exiliados españoles en su territorio y a devolver todos los bienes sacados de España, incluidos obras de arte y el depósito de 40 toneladas de oro Mont de Marsan; y envió a Burgos como embajador al mariscal Petáin.
El presidente de las República, Manuel Azaña, dimitió de su cargo y el jefe militar, el teniente general Vicente Rojo, se negó a regresar a España; también se quedaron en Francia los presidentes de las regiones autonómicas vasca y catalana, José Antonio Aguirre y Lluís Companys. Quien sí volvió fue el presidente del Gobierno, Juan Negrín (PSOE), acompañado de Julio Álvarez Vayo. Negrín explicó a los miembros que quedaban de la cúpula militar, los generales José Miaja, Manuel Matallana y Antonio Escobar y el almirante Buiza, que debían resistir porque en unos meses estallaría una guerra europea.
Ante semejante cuento de la lechera, el 5 de marzo Miaja, el coronel Casado y numerosas personalidades civiles y militares se sublevaron en Madrid contra Negrín y el PCE. En sus mentes, estaba la repetición de los acuerdos de Menorca para poner fin a la guerra.