El Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun, ha abierto este viernes el procedimiento previo para instar a la ilegalización ante la Justicia de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Así se lo ha notificado a la entidad que ha anunciado que presentará alegaciones (tiene un plazo de diez días hábiles). Para Cultura el acuerdo de inicio para la ilegalización está "blindado".
Tras las alegaciones se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual, Urtasun firmará la resolución final con la que se instará a la extinción judicial. Así, se elevará a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil, a los que Cultura quiere que llegue lo "más rápido posible" aunque pasarán al menos 9 meses.
Los informes para la ilegalización
El proceso para ilegalizar esta fundación arrancó hace un año, en junio de 2024, cuando Cultura abrió un periodo de actuaciones previas, petición de información para motivar el procedimiento y armar el expediente. Para ello solicitó informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, al Registro de Fundaciones de competencia estatal y a la Abogacía del Estado.
En el informe realizado por la Dirección General de lo Consultivo de la Abogacía General del Estado se explica que las dos causas por las que se podría extinguir una fundación son: que esta no persiga fines de interés general y que haga apología del franquismo, que ensalce el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, además de menospreciar, humillar o incitar al odio de las víctimas de la guerra y de la dictadura.
Este informe reconoce que la FNFF tiene fines culturales, históricos, biográficos y documentales, pero la Abogacía del Estado matiza que se trata del archivo personal de Franco y critica que sea de acceso público.
El informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática concluye que los fines de los Estatutos de la FNFF están vinculados "fundamentalmente" a la difusión y promoción de las actuaciones de Franco, pero dando un punto de vista "inequívocamente positivo" del franquismo, lo que va en contra de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Histórica, que, junto con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, conforman la normativa aplicable a este caso de ilegalización de la entidad.
Añade que la fundación también tiene entre sus objetivos el mantenimiento de una biblioteca de más de 2.000 ejemplares, la lucha contra "la mal llamada Ley de Memoria Histórica" y la participación en el debate cultural y político de España actual para poner "de manifiesto la vida y obra de Francisco Franco y la España que creó".
Según fuentes de Cultura, lo importante es que los españoles no "paguen" a esta fundación, que tiene incentivos fiscales y beneficios y puede recibir donaciones por el hecho de estar constituida como fundación y amparada en dicha ley.
Urtasun ya ha anunciado que cuando llegue el momento de la extinción pedirán medidas cautelares para que la fundación no pueda tocar el archivo histórico ni destruir pruebas.
"Ahora es el 'francomodín'"
Según el presidente ejecutivo de la fundación, Juan Chicharro Ortega, la resolución del gobierno "parte, de entrada, de un supuesto absolutamente falso, que contamina toda la resolución, porque parte de unos estatutos de esta fundación que están ya obsoletos". Y añade: "Nosotros los hemos modificado en dos ocasiones y, por lo tanto, los estatutos sobre los que se rige la fundación ahora no son los que vienen en la resolución".
En declaraciones a la agencia Europa Press, Chicharro Ortega ha confirmado que la Fundación Nacional Francisco Franco ya ha recibido la notificación del expediente y que hará uso del periodo para presentar alegaciones: "Vamos a seguir lo que marca la norma en la resolución. Haremos las alegaciones pertinentes, por supuesto". Ahora van a estudiar el expediente, desde el punto de vista jurídico, "que son 37 páginas".
Para Chicharro Ortega es una estrategia para "desviar la atención, cuando el Gobierno se encuentra en problemas de todos conocidos, es una vieja táctica". "Ahora es el 'francomodín'. Bueno, pues a la palestra". Ha añadido que en un Estado de Derecho estarían "muy tranquilos porque la Constitución española garantiza la libertad de opinión, expresión y reunión".
Ha recordado que la Ley de Memoria Democrática "está recurrida en el Tribunal Constitucional", y lo suyo sería "esperar a que el Constitucional se manifestase antes de tomar decisiones de tanto calado".
Finalmente, en relación con el menosprecio y humillación a las víctimas, que "es un punto importante" para en su momento la posible ilegalización, cree que los argumentos son "ridículos" porque lo que dan es su "versión de la historia, de reconocidos historiadores, que opinan distinto".
La nota de la la FNFF
En su web han publicado una "Nota ante la resolución" en la que considera que "constituye la prueba más sólida de la carencia de fundamento de tan liberticida pretensión". Apunta:
Estamos en el mes de noviembre, próximos al 50 aniversario del fallecimiento del Generalísimo Franco y sobre este gobierno social-comunista planea la sombra de las más graves sospechas de corrupción. Sólo en ese contexto debe enmarcarse una Resolución tan carente de fundamento jurídico, como trufada del trazo grueso y sectarismo propio de un gobierno empeñado en levantar de nuevo un muro entre los españoles que ya en 1975 había sido derribado por dos generaciones de españoles que bajo el mandato de Francisco Franco habían decidido, con esfuerzo, trabajo e ilusión, construir sobre las cenizas del odio, un futuro de bienestar, concordia y esperanza para todos los españoles.