La jueza de Instrucción número 34 de Madrid ha dictado la apertura de juicio oral contra el administrador único del festival Mad Cool y contra la sociedad mercantil Mad Cool Festival S. L. por un presunto delito contra el medio ambiente derivado del ruido generado durante la edición de 2023. Además, se les ha requerido una fianza de 12.000 euros para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias en caso de condena.
La investigación judicial se inició tras la denuncia de la plataforma Stop Madcool, integrada por asociaciones vecinales de Villaverde y Getafe Norte. Los colectivos reclamaban que durante la celebración del festival, entre los días 6 y 8 de julio de 2023, se superaron los límites de ruido permitidos por la normativa en el recinto Iberdrola Music, ubicado a escasos metros de viviendas en el sur de Madrid.
El juzgado acordó admitir la denuncia al apreciar indicios de que el festival pudo incurrir en un delito contra el medio ambiente, tipificado en el Código Penal en relación con la contaminación acústica.
Acusación de la Fiscalía
En su escrito de acusación, el fiscal solicita para el administrador del festival, identificado como José Javier A. L., una condena de dos años de prisión, así como una multa de 12 meses con una cuota diaria de 30 euros. En caso de impago, se establece una responsabilidad personal subsidiaria de hasta seis meses.
Además, pide su inhabilitación especial durante dos años para el ejercicio de actividades vinculadas con la explotación de locales y la organización de eventos musicales.
Respecto a la sociedad mercantil Mad Cool Festival S. L., la Fiscalía reclama una multa de dos años, con una cuota diaria de 100 euros. También solicita su inhabilitación durante dos años para recibir subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y acogerse a beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
Estas medidas buscan responsabilizar tanto a la persona física como a la empresa en la gestión del evento, atendiendo al marco legal que contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La posición de los vecinos
La plataforma Stop Madcool se ha personado en la causa como acusación particular y reclama una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios por los efectos del ruido. Sus portavoces han insistido en que la ubicación del festival, próxima a zonas residenciales, afecta de forma directa al descanso y a la salud de los vecinos.
El procedimiento judicial tendrá que determinar si se produjo una superación de los niveles acústicos establecidos en la normativa medioambiental y si esta vulneración constituye un delito penal.
El futuro del caso
El auto judicial que ordena la apertura del juicio oral constituye un paso más en el proceso tras meses de investigación. La vista se celebrará en los próximos meses y será entonces cuando se decida si se impone la condena solicitada por la Fiscalía o si la defensa logra la absolución de los acusados.