El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha archivado la querella presentada por el músico Nacho Cano contra la magistrada que le investigó por supuestos delitos contra los extranjeros y los trabajadores, en una causa que después archivó la Audiencia Provincial de Madrid al no ver indicios de delito.
El Tribunal Superior de Justicia madrileño ha rechazado la denuncia presentada por el artista, que atribuía a la juez Inmaculada Iglesias un presunto delito de prevaricación, al considerar que no es competente porque esta magistrada se jubiló el pasado mes de agosto y habría perdido ya su condición de aforada.
Este tribunal no entra en el fondo de la querella presentada por el cantante y compositor, que atribuía a la magistrada actuaciones arbitrarias y subjetivas durante su instrucción y la acusaba de no haber respetado los derechos del investigado.
Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia archiva la denuncia de Cano por no ser competente, aunque el auto indica que el querellante puede interponer esta denuncia ante el órgano judicial correspondiente. Además, contra esta decisión es posible interponer un recurso de súplica.
Por ello fuentes cercanas a Cano han informado a Libertad Digital que "ante esta decisión presentará de inmediato la querella en el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, a fin de que se proceda a su reparto al Juzgado de Instrucción que por turno corresponda".
"Respetamos el criterio del Tribunal Superior, que se limita a declarar su falta de competencia. Ahora daremos el siguiente paso natural: registrar la querella en Plaza de Castilla para que un Juzgado de Instrucción entre a valorar los hechos," ha señalado el equipo jurídico de Nacho Cano.
El archivo de la Audiencia Provincial
Nacho Cano anunció su querella contra la magistrada Inmaculada Iglesias después de que el pasado mes de abril la Audiencia Provincial archivase su investigación sobre las condiciones de los jóvenes mexicanos que trabajan como becarios en el musical 'Malinche', a raíz de una denuncia interpuesta por una de ellos.
Al archivar la causa, la Audiencia Provincial apuntó a la "falta de indicios racionales" de que Cano y otros investigados hubiesen cometido delitos contra los derechos de los trabajadores, al considerar que no trató de introducir irregularmente en el país a jóvenes mexicanos para que trabajasen en su espectáculo.