El debate sobre quién debe liderar los grandes programas de armamento en España ha vuelto al centro de la agenda política e industrial. La pugna entre Indra y GDELS-Santa Bárbara Sistemas, que amenaza con acabar en los tribunales europeos, revela dos modelos opuestos de entender la soberanía: uno basado en capacidades productivas contrastadas y otro apoyado en control accionarial y la influencia institucional.
Alemania ofrece un ejemplo recurrente en este debate. Berlín está adjudicando contratos militares priorizando experiencia industrial real, capacidad de producción en serie y solvencia tecnológica demostrada. La nacionalidad del accionista es secundaria frente a la obligación de fabricar en suelo alemán, transferir conocimiento y sostener una cadena de suministro local robusta, capaz de responder en escenarios de crisis prolongada sin depender de decisiones políticas coyunturales.
En ese marco se explica que el Ejército alemán confíe programas clave a GDELS, matriz de Santa Bárbara Sistemas. No se trata de una apuesta ideológica, sino de un proveedor con décadas de experiencia en vehículos blindados, artillería y logística militar. Alemania exige producción local y GDELS cumple, invierte y mantiene capacidades industriales críticas y empleo de alta calidad dentro de su territorio, con contratos estables y planificación a largo plazo.
En España, según diversas fuentes del sector, el criterio ha sido distinto. El Gobierno ha impulsado a Indra como campeón nacional de la defensa terrestre, apoyándose en su participación estatal y en su rol como integrador de sistemas. La crítica reside en que integrar electrónica y software no equivale a dominar la fabricación pesada ni los ritmos industriales que exigen los ejércitos modernos actuales europeos.
El caso de Santa Bárbara Sistemas resulta paradigmático. Pese a contar con plantas en Asturias y Andalucía, experiencia exportadora y programas en servicio, la compañía ha sido relegada en decisiones estratégicas. Para sus defensores, se penaliza a quien ya fabrica y se premia a quien promete fabricar, asumiendo riesgos de plazos, costes y dependencia tecnológica futura en proyectos financiados con miles de millones públicos europeos nacionales.
Los defensores de la estrategia española alegan que Indra puede construir capacidades industriales desde cero con apoyo público. Sin embargo, el precedente alemán muestra que la soberanía no se improvisa: se consolida con producción continua, pedidos sostenidos y aprendizaje acumulado. Sin contratos estables, cualquier plan industrial corre el riesgo de quedarse en un relato político sin base material ni capacidades verificables a corto plazo real.
Otro elemento clave es el tratamiento de la inversión extranjera. Alemania no rehúye a grupos internacionales si aceptan reglas claras: fabricar localmente, transferir tecnología y someterse a control público. En España, en cambio, la discusión se ha centrado más en la nacionalidad del accionista que en la capacidad de generar músculo industrial efectivo y sostenible para las Fuerzas Armadas y la economía nacional actual española.
Esta diferencia de enfoque explica por qué Berlín refuerza su base industrial mientras Madrid acumula debates y fricciones. La política alemana asume que la defensa es industria pesada, empleo cualificado y planificación a décadas. La española, según críticos del sector, confunde integración tecnológica con fabricación, y control político con soberanía productiva real, con efectos directos sobre plazos, costes y credibilidad internacional militar europea conjunta actual.
El trasfondo es estratégico. En un contexto de rearme europeo y tensiones geopolíticas, la capacidad de producir y mantener sistemas de armas en casa se vuelve crítica. Alemania ha aprendido esa lección y actúa en consecuencia. España, advierten voces industriales, corre el riesgo de depender de terceros pese a invertir cifras históricas en defensa sin consolidar plenamente su tejido industrial militar nacional propio a largo.
El dilema Indra o GDELS-Santa Bárbara trasciende nombres propios. En realidad, enfrenta dos visiones de política industrial de defensa. La alemana apuesta por capacidades demostradas y producción tangible; la española privilegia estructuras de poder y promesas futuras. La elección determinará si España construye soberanía real o solo un relato estratégico sin fábrica capaz de sostener empleo, tecnología y autonomía militar duradera creíble europea en crisis.