Guerra abierta en el fútbol femenino. El vicepresidente de la Liga Profesional (Liga F), Rubén Alcaine, ha presentado ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) una denuncia formal, así como su correspondiente ampliación, contra la presidenta y el director general de la entidad, Beatriz Álvarez y Pablo Vilches, respectivamente, por la comisión de infracciones muy graves contempladas en los artículos 104.2.a) y 104.2.c) de la Ley del Deporte 39/2022.
La denuncia se fundamenta, entre otras cuestiones, en la convocatoria irregular de una Asamblea General Extraordinaria, prevista para el próximo miércoles 25 de junio, cuyo único punto del orden del día es la votación de una moción de censura contra el propio Alcaine. Según se argumenta, dicha convocatoria fue promovida directamente por la presidenta y ejecutada sin el preceptivo acuerdo de la Comisión Delegada, órgano estatutariamente competente para calificar y canalizar este tipo de procedimientos.
Dicha actuación constituye, según la denuncia, una extralimitación de funciones y una violación del régimen electoral específico previsto por los Estatutos Sociales de la Liga F. El artículo 36 exige que las solicitudes de moción se dirijan a la Comisión Delegada y que sea este órgano el que evalúe su validez y, si procede, convoque la Asamblea General. Saltarse este procedimiento convierte la acción en nula de pleno derecho y acarrea responsabilidades disciplinarias.
Posible fraude de ley
Además, la denuncia alerta sobre un posible fraude de ley: se han contabilizado como válidos los apoyos de los clubes Valencia y Real Betis, que ya han perdido su condición de asociados tras descender deportivamente, con el fin de alcanzar los dos tercios necesarios antes del 1 de julio, fecha en la que se incorporarán nuevos clubes con capacidad de voto. Se pretende así blindar la mayoría y evitar una composición futura más representativa.
A estos hechos se suma una serie de actuaciones sistemáticas que, según el vicepresidente, han vulnerado gravemente los principios de transparencia, legalidad y control institucional dentro de la Liga (jurídicamente como Liga de Profesional de Fútbol Femenino (LPFF)). Desde enero de 2024 se le ha restringido de forma irregular el acceso a documentación contable, grabaciones de las sesiones colegiadas y funciones estatutarias propias de su cargo. A pesar de requerimientos formales mediante burofax, ni la Presidencia ni la Dirección General han facilitado la información requerida, impidiendo el legítimo ejercicio de sus funciones, según la denuncia presentada por Alcaine.
Una denuncia que también pone el foco en el nombramiento de Pedro Malabia como director general de Planificación Estratégica y Desarrollo –cargo con funciones y retribuciones similares a las del Director general–, sin que haya constancia de acuerdo expreso de la Asamblea General ni de la Comisión Delegada. Esta designación es, según Alcaine, una muestra más del funcionamiento opaco de la LPFF, sin mecanismos efectivos de control ni fiscalización.
Por todo ello, el vicepresidente solicita al CSD que remita estos hechos al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), órgano competente para su instrucción y resolución. Además, se pide una sanción de inhabilitación por dos años a Beatriz Álvarez y que igualmente se evalúen también las responsabilidades de Pablo Vilches, por su intervención activa en la convocatoria de la Asamblea y su negativa reiterada a cumplir con los estatutos y requerimientos formales.
Se recrudece así la guerra en el fútbol femenino español, mientras que la denuncia presentada por Rubén Alcaine refleja un deterioro institucional progresivo dentro de la LPFF, en la que se han vulnerado los principios democráticos, de buena gobernanza y de control interno. El vicepresidente confía en que el Gobierno y el TAD actúen con firmeza para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente, proteger los derechos de los órganos electos y salvaguardar el correcto funcionamiento de una institución clave para el desarrollo del fútbol femenino profesional en España.