La justicia pone negro sobre blanco lo que durante años fue un clamor soterrado en los despachos del fútbol femenino español. La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia N.º 16 de Madrid ha dictado sentencia y declara expresamente el abuso de posición de dominio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante el mandato de Luis Rubiales, condenando al organismo federativo a indemnizar al Zaragoza Club de Fútbol Femenino con 100.000 euros, más intereses.
No es una cuestión menor. El fallo, avanzado por El Confidencial, califica la conducta de la RFEF como una medida de "pura retorsión", adoptada ad personam y sin justificación económica alguna, aprovechando su posición monopolística en la gestión de la competición y en la comercialización de los derechos audiovisuales.
Actuación ilícita con efectos devastadores
La sentencia sitúa los hechos en el convulso periodo presidencial de Rubiales, cuando la Federación ejercía un control omnímodo sobre el fútbol femenino. El tribunal considera probado que la RFEF aplicó un trato discriminatorio al club aragonés entre las temporadas 2019-20 y 2022-23, afectando gravemente a su estabilidad financiera.
Pero el impacto no se limitó al Zaragoza CFF. La decisión federativa perjudicó a una veintena de clubes integrados en la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF). Solo entre las campañas 2020-21 y 2022-23, el perjuicio económico total ascendió a 966.681 euros.
El magistrado no deja lugar a dudas: se trató de una actuación ilícita, carente de sustento económico y sustentada únicamente en una posición de dominio que permitió a la RFEF imponer su criterio sin contrapesos reales. La resolución judicial viene así a desmontar la tesis de que los problemas económicos del Zaragoza femenino obedecían a una supuesta mala gestión interna.
La ACFF se desmarcó
Desde el inicio del procedimiento, el club aragonés solicitó formalmente que la ACFF se personara como codemandante para que todos los equipos afectados pudieran beneficiarse de una eventual sentencia favorable. Sin embargo, la asociación declinó hacerlo, alegando falta de interés en un escrito firmado por Santiago Nebot, asesor legal de la Liga F.
La decisión ha tenido consecuencias evidentes: once clubes han dejado de percibir, al menos, 866.000 euros. Si se suma la cantidad ahora reconocida al Zaragoza CFF, la cifra roza el millón. Una factura que alguien tendrá que explicar. Y es aquí donde la sentencia trasciende el plano estrictamente jurídico para adentrarse en el aspecto político-deportivo.
La moción de censura bajo sospecha
El fallo judicial arroja luz sobre la intrahistoria de la moción de censura promovida en el seno de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) contra su entonces vicepresidente, Rubén Alcaine. Especialmente relevante resulta el papel atribuido a Pedro Malabia, director general de desarrollo y planificación estratégica de la Liga F.
Alcaine siempre sostuvo que el perjuicio sufrido por el Zaragoza CFF no obedecía a una mala gestión, sino a un trato discriminatorio de la RFEF. Ahora, una sentencia judicial le da la razón. Y eso cambia el relato.
Según consta en el acta de la Comisión Delegada del 12 de marzo de 2024, la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, decidió apartar a Alcaine de la representación institucional y retirarle sus funciones delegadas, alegando la existencia de un préstamo concedido por la ACFF al club aragonés en 2020.
Sin embargo, dicho préstamo fue consecuencia de la renuncia de Alcaine al Programa Élite en beneficio del colectivo de clubes, en el contexto de la defensa conjunta de los derechos audiovisuales. Lo que en su momento fue presentado como una irregularidad, hoy aparece bajo otra luz.
El efecto dominó
La sentencia del Tribunal de Instancia N.º 16 no se limita a condenar a la RFEF, sino que también deja en evidencia la gestión interna del fútbol femenino profesional. Alcaine denunció ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) presuntas irregularidades en la convocatoria y desarrollo de la asamblea que aprobó su cese. El caso acabó en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que ha incoado expediente sancionador a Beatriz Álvarez.
La presidenta de la Liga F ostenta además la vicepresidencia de la RFEF, lo que añade un componente institucional delicado que inevitablemente salpica al actual presidente federativo, Rafael Louzán.
Paralelamente, Alcaine presentó una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil N.º 12 de Madrid impugnando la convocatoria de la asamblea general por supuesta vulneración del artículo 36 de los Estatutos de la LPFF y por la intervención de un órgano manifiestamente incompetente.
Aunque jurídicamente se trata de procedimientos distintos, la reciente sentencia refuerza la tesis de que la moción de censura pudo estar sustentada en un relato incompleto o directamente erróneo. Once clubes votaron a favor —entre ellos los dos descendidos—, uno se abstuvo, tres votaron en contra (Real Madrid, Real Sociedad y Deportivo) y el FC Barcelona no asistió. La pregunta ahora es inevitable: ¿votaron sabiendo toda la verdad?
Un aviso para navegantes
Más allá de los nombres propios, el fallo judicial supone un aviso serio sobre los límites del poder federativo. La posición dominante no legitima decisiones arbitrarias ni represalias encubiertas. El fútbol femenino español, que aspiraba a consolidarse como proyecto profesional, no puede permitirse episodios que erosionen su credibilidad.
Con clubes sin cobrar, jugadoras emigrando, gradas semivacías y audiencias irrisorias, el contexto exige transparencia y autocrítica. La sentencia del Tribunal de Instancia N.º 16 de Madrid no resuelve todos los problemas, pero sí fija una línea roja. Y, de paso, devuelve al Zaragoza CFF no solo 100.000 euros más intereses, sino algo bastante más valioso como es la razón.