
El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha acordado inhabilitar al presidente de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), Agustín Martín, durante ocho meses por presuntas infracciones en su cargo, según ha adelantado el portal Iusport.
Según una resolución fechada el 2 de agosto a la que ha tenido acceso el medio, el TAD ha acordado la inhabilitación por un período de ocho meses del mandatario, percibiendo además dolo en la actuación del presidente. En junio pasado, el tribunal abrió un expediente disciplinario por la presunta comisión de 19 infracciones muy graves durante el período comprendido entre los años 2021 y 2024.
La RFEVB, a través de un comunicado publicado en su página web, destaca que la inhabilitación se debe a la "supuesta aplicación incorrecta del artículo 101 del Reglamento General" del organismo en las cuatro últimas reuniones de la Asamblea General.
Martín ha expresado su absoluto desacuerdo con esta resolución del TAD, que no es firme y que considera injusta, por lo que ya la ha recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Según recuerda la Federación de Voleibol, el artículo 101 señala que "sólo serán objeto de debate particularizado aquellos temas o preceptos que hayan sido objeto de enmienda y los que el presidente considerase preciso. Los temas o preceptos no enmendados se entenderán aprobados, salvo que resulten afectados por enmiendas aceptadas, en relación con otros temas o preceptos".
Cabe recordar que Agustín Martín llegó a la presidencia de la RFEVB en el año 2000, y en 2020 fue reelegido por sexta vez para presidir la RFEVB en unas elecciones en las que se impuso a la presidenta de la Federación Catalana de Voleibol, Maribel Zamora.
Se trata de la segunda inhabilitación al presidente de una federación deportiva de nuestro país en poco más de un mes, después de que el TAD acordara el pasado 16 de julio inhabilitar al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, durante dos años —además de imponerle una sanción de 33.000 euros— por excederse en sus funciones como responsable de la Comisión Gestora del organismo tras decidir la destitución de Andreu Camps como secretario general de la RFEF.
