L D (EFE)
Esta es la tercera acción legal que se presenta en los últimos días contra las anteriores juntas directivas de la entidad por su "mala gestión" al frente de la entidad. La primera demanda, admitida a trámite por un juez civil, denunciaba la operación de compra venta de unos terrenos del Barcelona en los aledaños de su futura ciudad deportiva. La segunda acción judicial, por la que un juez ha abierto diligencias, fue una querella contra Reyna y Joan Gaspart por un presunto delito societario por el destino dado a unos 25 millones de euros derivados de esa operación inmobiliaria.
Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso la agencia Efe, se ha demandado a Enric Reyna y a los 20 miembros de su junta directiva por no depositar ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP), como obligan los Estatutos del club y la Ley del Deporte, un aval de más de 24 millones de euros, el 15% del presupuesto del club, para hacer frente a sus posibles responsabilidades como gestores de la entidad al acceder a sus cargos. Además de Reyna también han sido demandados, entre otros, antiguos directivos como Francesc Closa, Jesús Fargas, José María Coronas, Amador Bernabéu, Francesc Pulido, Josep Lluis Rovira, Emili Creus y así hasta 20 nombres.
La demanda indica que Reyna y sus directivos incumplieron la normativa que exige el deposito de un aval ante la LFP para cubrir posibles responsabilidades derivadas de su gestión en el club. Los demandantes entienden que al no haber depositado ese aval, Reyna y su junta pretenden no hacerse responsables cuando, el pasado 30 de abril, presentaron un déficit de la temporada 2002-2003 que ascendía a unos 36 millones de euros, subiendo la deuda neta acumulada del club a casi 100 millones de euros. El 6 de mayo Enric Reyna, que llegó al cargo el 14 de febrero tras la dimisión de Gaspart, "dimitió y con él todos los demás miembros que componían la junta directiva, dejando tras de sí la deuda anunciada y de la que nadie se quiere hacer responsable", según indica la demanda.
Los compromisarios exponen que, según la Ley del Deporte, "la junta directiva que no respete la exigencia del aval, y a pesar de ello tome posesión se convierte en una junta directiva, comenzando por su presidente, de hecho carente de la investidura de legalidad que sólo le otorga, además del cumplimiento de otros requisitos, el depósito del aval en los términos y condiciones" previstos. Los denunciantes señalan que "todas estas pérdidas se deben a la mala gestión realizada por los dos presidentes, Gaspart y Reyna". La demanda pide al juzgado que exija a Reyna y sus directivos que depositen la cantidad equivalente al aval que debían haber prestado para "responder de las deudas generadas mancomunadamente".
Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso la agencia Efe, se ha demandado a Enric Reyna y a los 20 miembros de su junta directiva por no depositar ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP), como obligan los Estatutos del club y la Ley del Deporte, un aval de más de 24 millones de euros, el 15% del presupuesto del club, para hacer frente a sus posibles responsabilidades como gestores de la entidad al acceder a sus cargos. Además de Reyna también han sido demandados, entre otros, antiguos directivos como Francesc Closa, Jesús Fargas, José María Coronas, Amador Bernabéu, Francesc Pulido, Josep Lluis Rovira, Emili Creus y así hasta 20 nombres.
La demanda indica que Reyna y sus directivos incumplieron la normativa que exige el deposito de un aval ante la LFP para cubrir posibles responsabilidades derivadas de su gestión en el club. Los demandantes entienden que al no haber depositado ese aval, Reyna y su junta pretenden no hacerse responsables cuando, el pasado 30 de abril, presentaron un déficit de la temporada 2002-2003 que ascendía a unos 36 millones de euros, subiendo la deuda neta acumulada del club a casi 100 millones de euros. El 6 de mayo Enric Reyna, que llegó al cargo el 14 de febrero tras la dimisión de Gaspart, "dimitió y con él todos los demás miembros que componían la junta directiva, dejando tras de sí la deuda anunciada y de la que nadie se quiere hacer responsable", según indica la demanda.
Los compromisarios exponen que, según la Ley del Deporte, "la junta directiva que no respete la exigencia del aval, y a pesar de ello tome posesión se convierte en una junta directiva, comenzando por su presidente, de hecho carente de la investidura de legalidad que sólo le otorga, además del cumplimiento de otros requisitos, el depósito del aval en los términos y condiciones" previstos. Los denunciantes señalan que "todas estas pérdidas se deben a la mala gestión realizada por los dos presidentes, Gaspart y Reyna". La demanda pide al juzgado que exija a Reyna y sus directivos que depositen la cantidad equivalente al aval que debían haber prestado para "responder de las deudas generadas mancomunadamente".