LD (Agencias)
El fiscal reclama dos años y cuatro meses de prisión para el que fuera máximo responsable de la cooperativa, Carlos Sotos; dos años, para los directivos de la gestora de PSV, IGS, Fermín Bretón y Francisco Hernández, y un año, para los ex secretarios de finanzas de UGT Paulino Barrabés y Sebastián Reyna. Para el ministerio público y las 26 acusaciones restantes, los cinco procesados utilizaron indebidamente los fondos aportados por los 19.135 socios de la promotora, lo que llevó a su suspensión de pagos y provocó retrasos en la entrega de las viviendas, que en algunos casos no se construyeron hasta varios años después.
No obstante, tras escuchar a más de 70 testigos y varios peritos durante los más de once meses de vista oral, el fiscal, Vicente González Mota, redujo considerablemente sus peticiones de prisión en las conclusiones definitivas, al entender que el perjuicio causado a los cooperativistas era menor a lo que consideraba en un principio. Pese a esta rebaja, el fiscal mantuvo una petición de indemnización para los perjudicados superior a 16.700 millones de pesetas, cuantía que deberían abonar los acusados y los responsables civiles subsidiarios, que son tres empresas del grupo IGS y el sindicato UGT.
Fuentes jurídicas consultadas han asegurado que la Sala tardará varios meses en dictar sentencia, sobre todo si es condenatoria, puesto que podría darse el caso de que tuviera que fijar las cuantías a abonar a cada perjudicado.
No obstante, tras escuchar a más de 70 testigos y varios peritos durante los más de once meses de vista oral, el fiscal, Vicente González Mota, redujo considerablemente sus peticiones de prisión en las conclusiones definitivas, al entender que el perjuicio causado a los cooperativistas era menor a lo que consideraba en un principio. Pese a esta rebaja, el fiscal mantuvo una petición de indemnización para los perjudicados superior a 16.700 millones de pesetas, cuantía que deberían abonar los acusados y los responsables civiles subsidiarios, que son tres empresas del grupo IGS y el sindicato UGT.
Fuentes jurídicas consultadas han asegurado que la Sala tardará varios meses en dictar sentencia, sobre todo si es condenatoria, puesto que podría darse el caso de que tuviera que fijar las cuantías a abonar a cada perjudicado.