(Libertad Digital) El juez del “caso Tabacalera”, Santiago Torres, ha impuesto al presidente de Telefónica, César Alierta, una fianza de 4.950.000 euros en concepto de responsabilidad pecuniaria por si tuviera que hacer frente a una hipotética condena por la posible comisión de un delito de información privilegiada cuando presidía Tabacalera, según informaron a la agencia Europa Press fuentes jurídicas.
El juez de instrucción de los juzgados de Plaza de Castilla, Santiago Torres, afirma en una resolución que los indicios contra el presidente de Telefónica, César Alierta, se han visto confirmados durante la instrucción del caso, al tiempo que la defensa no ha aportado ninguna prueba de descargo. Por su parte, Alierta ha presentado ante el Consejo General del Poder Judicial una denuncia contra el juez Torres, por entender que comete "fraude de ley procesal" al dictar resoluciones pese a ser requerido de inhibición. La denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press y que ha sido remitida ya al CGPJ, relata que una vez que la Audiencia Nacional decretó su competencia, Torres, titular del Juzgado de Instrucción Número 32, acordó tomar declaración a distintos testigos.
Fuentes jurídicas han mostrado a Libertad Digital "su asombro” por esta actitud del magistrado, dado que el juicio se encuentra sumido en la fase testifical y no se ha dictado ni siquiera un auto concreto al respecto, y aun estando en fase de instrucción, ya se estén practicando diligencias. Además, la filtración al diario El Mundo se habría producido incluso antes de que la resolución se hubiera comunicado a las partes. Según informa Europa Press, la defensa expresó su sorpresa por el hecho de que el juez instructor siga cursando autos cuando se ha pedido su inhibición, así como por el importe de la cuantía, dado que no se trata de una fianza carcelaria, ni tampoco para responder a la presentación a un juicio o para garantizar responsabilidades civiles para resarcir a perjudicados, que no existen.
El juicio se encuentra en una fase en la que existe un evidente conflicto de intereses dado que la Audiencia Nacional solicitó al juez Torres que se inhibiera del caso. Fuentes de la defensa explican que el órgano judicial correspondiente –bien sea el CGPJ o el Tribunal Supremo– debe decidir sobre este conflicto. Es en este apartado donde las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital explican que “se podría acusar al juez de prevaricación por dictar resoluciones a sabiendas de que no se van a llevar a cabo”.
Para salvar el obstáculo del requerimiento de la Audiencia Nacional, el juez instructor ha dictado otra resolución por la que confirma su competencia para continuar la investigación del “caso Alierta”, rechazando el requerimiento que le ha cursado la Audiencia Nacional para que se inhiba. Este último auto no había llegado este mediodía al Juzgado Central de Instrucción Número Cuatro, pero fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que en caso de que le sea remitido, su titular, el juez Fernando Andreu, tiene intención de elevarlo al Tribunal Supremo para plantear un conflicto de competencia y que el Alto Tribunal decida qué órgano lo debe instar.
La Audiencia de Madrid solicitó al Juzgado de instrucción número 32 que admitiera a trámite la querella de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE), tras estimarse el recurso de apelación de esta asociación contra la desestimación del caso. AUGE presentó una querella en el juzgado 32 contra el que fuera presidente de Tabacalera, su esposa, un sobrino y el ex secretario general de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Antonio Alonso, a los que atribuía la compra y posterior venta de acciones de Tabacalera con un beneficio superior a 1,8 millones de euros mediante el uso de información privilegiada. El que fuera Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, mostró su alegría por la admisión a trámite del caso.