LD (EFE)
El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, presentará este viernes unas cuentas que, como las de este año, se centran en el gasto productivo y social y contendrán importantes partidas como los 91.400 millones destinados a pensiones –que deberán servir para cumplir el compromiso de subida, especialmente de las mínimas– o los 14.000 que sufragarán las infraestructuras.
Es precisamente este último capítulo el que generará más problemas al Ejecutivo para lograr los apoyos necesarios al proyecto, especialmente de sus habituales socios parlamentarios, ERC e IU-ICV, así como de Convergencia i Unió.
La discusión parte de dos escenarios: por un lado el porcentaje que, según el Estatuto de Cataluña, debe destinar el Estado en infraestructuras territorializables para esta Comunidad en los próximos siete años, y que debe equivaler al peso del Producto Interior Bruto (PIB) catalán sobre el español, actualmente del 18,8 por ciento.
El Gobierno y estos partidos –que también arremeten contra el PSC en la polémica– no se ponen de acuerdo con las cifras, y mientras para el Ejecutivo el aumento de las inversiones catalanas debe ser de 400 millones, CiU, ERC e IU-ICV elevan el montante a entre 900 y 1.000 millones.
El debate va a tener lugar en plena campaña electoral catalana -los comicios autonómicos se celebrarán el 1 de noviembre y el debate de totalidad de los presupuestos está previsto para el 17 de octubre-, así que, al menos ante la opinión pública, habrá poca negociación en el primer trámite de las cuentas, cuyos principales cambios se decidirán en Comisión.
El Gobierno y el PSOE tendrían no obstante la posibilidad de aprobar las cuentas sin necesidad de los partidos catalanes, si logran apoyos como el de Coalición Canaria y el PNV, que ya han reconocido su disposición a negociar, y el BNG, partidos que con el PSOE sumarían 176 votos de los 350 escaños del Congreso.
Tras su aprobación mañana por el Consejo de Ministros, Solbes llevará los presupuestos al Congreso de los Diputados el próximo martes, dando inicio al trámite parlamentario.
Es precisamente este último capítulo el que generará más problemas al Ejecutivo para lograr los apoyos necesarios al proyecto, especialmente de sus habituales socios parlamentarios, ERC e IU-ICV, así como de Convergencia i Unió.
La discusión parte de dos escenarios: por un lado el porcentaje que, según el Estatuto de Cataluña, debe destinar el Estado en infraestructuras territorializables para esta Comunidad en los próximos siete años, y que debe equivaler al peso del Producto Interior Bruto (PIB) catalán sobre el español, actualmente del 18,8 por ciento.
El Gobierno y estos partidos –que también arremeten contra el PSC en la polémica– no se ponen de acuerdo con las cifras, y mientras para el Ejecutivo el aumento de las inversiones catalanas debe ser de 400 millones, CiU, ERC e IU-ICV elevan el montante a entre 900 y 1.000 millones.
El debate va a tener lugar en plena campaña electoral catalana -los comicios autonómicos se celebrarán el 1 de noviembre y el debate de totalidad de los presupuestos está previsto para el 17 de octubre-, así que, al menos ante la opinión pública, habrá poca negociación en el primer trámite de las cuentas, cuyos principales cambios se decidirán en Comisión.
El Gobierno y el PSOE tendrían no obstante la posibilidad de aprobar las cuentas sin necesidad de los partidos catalanes, si logran apoyos como el de Coalición Canaria y el PNV, que ya han reconocido su disposición a negociar, y el BNG, partidos que con el PSOE sumarían 176 votos de los 350 escaños del Congreso.
Tras su aprobación mañana por el Consejo de Ministros, Solbes llevará los presupuestos al Congreso de los Diputados el próximo martes, dando inicio al trámite parlamentario.